Jorge Montecinos Pinto (28), que se encontraba en prisión preventiva acusado de ser uno de los responsables del asalto de un Servipag en Hualpén en 2015 en el que quemaron vivo al cajero, falleció. El hombre fue apuñalado por otro reo el viernes pasado en una riña en la cárcel de Chillán. Tras recibir una herida cortopunzante por parte de su compañero de celda, fue internado en el Hospital Herminda Martin de Chillán, donde estuvo agonizando hasta ayer. El alcaide de la cárcel de Chillán, Pedro Sanhueza, dijo a Cooperativa que el reo "se encontraba con una custodia especial". Montecinos fue acusado junto a su hermano de rociar combustible a Pablo Ramírez durante un asalto a una sucursal de Servipag. El otro acusado, de 18 años, está internado en un centro del Sename, ya que aún no cumplía la mayoría de edad al momento de su detención. Para el próximo 10 de agosto estaba fijada la audiencia de preparación del juicio oral por este caso.

Corpesca: la fiscalía indaga por nueva arista a Pablo Longueira

Luego de que se conociera que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Centro Norte indaga presuntos pagos irregulares de empresas pesqueras a Pablo Longueira, en el marco del caso Corpesca, el abogado Matías Ramírez, querellante en la causa, afirmó que la nueva arista implica ilícitos similares a los que involucran al senador desaforado Jaime Orpis, quien se encuentra en prisión preventiva. La fiscalía investiga las boletas emitidas por los hermanos Nicolás y Gustavo Guiñez, ambos ligados a la Fundación Chile Justo, que fue creada por el exministro de Sebastián Piñera, a la Asociación Nacional de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes) y a la compañía El Golfo, según publicó La Tercera. "El modus operandi sigue siendo el mismo: a través de terceros -profesionales, en la mayoría de esos casos- emiten boletas ideológicamente falsas a objeto de que los parlamentarios involucrados puedan obtener de manera ilícita los pagos", comentó Ramírez.

Carolina Collins

El Gobierno negó categóricamente las declaraciones del exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, quien acusó al subsecretario Ignacio Suárez y a asesores de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, de haber ordenado ascensos y contrataciones, lo que a su vez permitió elevar pensiones.

"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechaza y desmiente categóricamente todas sus afirmaciones, en las cuales de manera infundada se imputa una conducta inadecuada a los altos directivos de esta secretaría de Estado", sostuvo el Ministerio de Justicia

Asimismo señaló que "la facultad de efectuar contrataciones recae en los directores nacionales de los servicios y este Ministerio ha sido respetuoso de esa atribución".

"Estamos convencidos del profesionalismo, rectitud y vocación pública de la gran mayoría de los funcionarios que se desempeñan en estos servicios, la que no debe verse empañada por ciertas conductas individuales, ni menos por afirmaciones falsas e irresponsables", agregó.

Arce, que renunció por la crisis de Gendarmería, dijo a modo de ejemplo el lunes a CNN, que el subsecretario de Justicia le pidió ascender a Pedro Hernández, exdirigente de Anfup (Asociación Nacional de Funcionario Penitenciarios) y militante DC, a jefe de Departamento.

Además señaló que esa situación "ocurrió en varios casos" y que siempre fue a través de asesores de Blanco.

Hernández negó en entrevista con La Segunda las acusaciones de Arce y aseguró que, si bien fue ascendido del grado 9 al 4 antes de su jubilación, para su pensión de consideró su sueldo previo al cambio de cargo.

En tanto, el actual director de Gendarmería Jaime Rojas Flores, calificó como "una falta de respeto" las acusaciones de Arce, de quien dijo que "está dando una opinión respecto de lo que él cree que corresponde decir de materias que él hizo y lo dejo hasta ahí. Yo tengo la obligación de decir que cada uno es responsable de sus actos administrativos".

El exPresidente Sebastián Piñera calificó la situación que vive Gendarmería como "un abuso" y enfatizó que la labor del Gobierno es resguardar los recursos públicos y que "no cumplieron con esa importante tarea".

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, hizo un llamado a no discutir las pensiones de las FF.AA. a partir de lo ocurrido en Gendarmería. "El problema no está en las pensiones de las Fuerzas Armadas, el problema está en que las pensiones de todos los chilenos que están en las AFP son malas", dijo.

La Sala del Senado aprobó ayer por 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el proyecto que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos que residen en el extranjero.

La iniciativa, que tenía suma urgencia, quedó así lista para avanzar hacia la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo, donde el Gobierno espera que sea aprobada con las indicaciones que le hicieron los Senadores durante su paso por esa instancia parlamentaria.

El proyecto, que se enmarca en las iniciativas de fortalecimiento de la democracia y del sistema político, es fundamental para hacer operativa la reforma constitucional que quedó consignada en la Carta Magna en abril de 2014 y que consagró el derecho a voto en el extranjero.

Una vez promulgada, la ley permitirá sufragar en las elecciones presidenciales, en primarias presidenciales y en plebiscitos nacionales, a los ciudadanos chilenos que vivan en el extranjero.

La norma regula aspectos formales del sufragio de chilenos en el exterior, como la forma en que funcionarán las mesas de votación cuando haya una elección presidencial, así como la manera en que serán designados los vocales de mesa.

Asimismo, entrega numerosas facultades al Servicio Electoral (Servel) para que regule el funcionamiento de este sistema en el extranjero, entre otros aspectos.

Para poder ejercer su derecho a voto, los chilenos que vivan en el extranjero tendrán que inscribirse en el consulado correspondiente a su lugar de residencia. El conteo de los sufragios se llevará a cabo una vez que se encuentren cerradas todas las mesas en Chile, en un horario que será determinado por el Servel según el huso horario de cada país.

De ser aprobada, la iniciativa permitirá que los cerca de 450 mil chilenos que residen en el extranjero podrán participar de las elecciones presidenciales de 2017.

En senador Ignacio Walker (DC) valoró la aprobación de la iniciativa. "Nuestros más de 800 mil compatriotas que se encuentran en el extranjero por diversas razones merecen tener derecho a voto. Debemos fortalecer nuestra democracia, una democracia que no discrimine, sino que integre, y debemos hacer justicia por nuestros compatriotas que nunca han perdido el nexo con la patria", dijo.