Gobierno ingresa a Contraloría el decreto que destituye a rectora de la U. de Aysén
POLÉMICA. El Consejo Regional (CORE), además, criticó su gestión por supuestos retrasos en el proyecto. La aún rectora calificó como una "chaucha" los recursos para echar a andar la institución y dijo que esperará la notificación del ente fiscalizador .
El Gobierno firmó el decreto que destituye de su cargo a la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey. El documento ingresó la mañana de ayer a Contraloría para su toma de razón, según confirmaron desde ese organismo.
La Contraloría tiene ahora un plazo de 15 días hábiles para realizar el proceso. En tanto, el 6 de agosto se promulgan los estatutos del nuevo plantel y, según indica la ley, hasta ese momento la Presidenta de la República "podrá, por motivos fundados, remover al rector".
"chauchas"
Mientras tanto, la rectora volvió ayer a defender su decisión de no renunciar al cargo y calificó como una "chaucha" los recursos que le estaba ofreciendo el Estado para echar a andar la institución.
"Los recursos que yo he solicitado incomodan al Gobierno, pero resulta que son los recursos que están comprometidos en la ley y son los necesarios para implementar una institución con la calidad y dignidad que requiere", afirmó la rectora en Tele 13 radio.
Agregó que "si a mí me hubieran pedido ser una funcionaria pública alineada con cualquier cosa que se diga desde el Gobierno y con dos chauchas para hacer la pantalla de crear una universidad de utilería, desde luego que yo no hubiera aceptado y hubieran necesitado a una persona de otras características".
La académica también cuestionó que nunca le dieran una señal desde el Mineduc con respecto a que no estaban conformes con su gestión. "Es muy sorprendente lo ocurrido, porque fue sin decir 'agua va'. Anteayer en la mañana yo entro a la oficina de la señora ministra pensando que venía a una reunión de trabajo y antes de sentarme ella me dice 'te estoy llamando para pedirte la renuncia' y me pasa una carta con unos argumentos que son francamente preocupantes", relató.
Respecto de cómo se resolverá su situación, la rectora señaló que la pueden destituir hasta el 6 de agosto, cuando se promulguen los estatutos de la universidad. Dijo que la destitución la debe realizar la Presidenta, pero con "motivos fundados" y con toma de razón de Contraloría. "Hasta que Contraloría no me notifique a mí, yo sigo en mis funciones, porque de lo contrario sería abandono de deberes", explicó.
Pey insistió en que no renunciará "porque no estoy cansada con este proyecto, todo lo contrario". "Me tendrán que destituir y en ese caso daré el paso que haya que dar", señaló.
Críticas del core
Después de haber recibido varias muestras de apoyo, Pey fue ayer blanco de críticas de parte del Consejo Regional (CORE) de Aysén, que cuestionó la gestión de la autoridad universitaria.
A través de una declaración, el organismo manifestó su "respaldo a la decisión presidencial sobre remoción de la rectora".
Entre sus argumentos, el CORE mencionó que "cuando estamos a cinco meses del inicio de las postulaciones a las universidades, no existe precisión respecto al nombramiento de los académicos ni decanos, no existe definición del lugar físico donde se impartirán las clases, ni definiciones de las mallas curriculares".
Esto, pese a que el Consejo Regional aprobó la concesión de un terreno para la Universidad de Aysén, donde está contemplado que ingresen 300 alumnos.
La entidad dijo que "en reiteradas ocasiones" le han solicitado a la rectora conocer el estado de avance del proyecto universitario, pero que "hasta la fecha no existe precisión" de su parte.
A juicio del Consejo, "esta situación genera en la comunidad una profunda incertidumbre respecto del proceso 2017" y que hay un "desconcierto regional en las comunidades y en los alumnos".
"Mal precedente" para la reforma
La diputada PC Camila Vallejo consideró un error y un "mal precedente político" para la discusión de la reforma de educación superior, la controversia por la solicitud de renuncia del Gobierno a la rectora Pey. "Aquí no solamente se está faltando a la verdad, marcando un mal precedente político, sino que se están usando supuestos argumentos normativos y legales para encubrir una posición política que ha actuado con presión hacia el Ministerio de Educación, que no quiere una reforma educacional que resguarda los principios que la fundaron", dijo.