José Luis Ramírez M.
A mediados del año pasado cartas certificadas de la fiscalía comenzaron a alertar a jóvenes de la región que estaban denunciados por haber infringido la Ley de Reclutamiento Militar.
Algunos de ellos se comunicaron con el Ministerio Público o bien con el cantón local y así confirmaron esta situación. Efectivamente sus antecedentes habían sido enviados a las fiscalías para que se activaran los procesos de sanción establecidos en la norma, que pueden conducir a penas de presidio menor en su grado mínimo y multa de entre uno y diez sueldos vitales (artículo 72 del DL 2.036 de 1978).
En rigor son muchos los jóvenes que enfrentan acciones de este tipo.
Según cifras actualizadas de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en las fiscalías de Chile han sido interpuestas 56.231 denuncias por infracciones a la Ley de Reclutamiento.
En este listado aparecen los jóvenes que se inscribieron como voluntarios, pero luego no se presentaron a los cuarteles, como también aquellos que no respondieron a los llamados obligatorios realizados por las Fuerzas Armadas, quedando en categoría de "remisos".
A nivel regional los denunciados por esta infracción suman 1.363, lo que representa el 2,4% de los casos reportados en todo el país.
Fiscalías
La gran cantidad de causas contra jóvenes que están en calidad de infractores ha sido tema de debate en el Ministerio Público, llegando incluso al seno de su Consejo de Fiscales.
Allí en varias ocasiones se intentó uniformar criterios respecto a qué tratamiento dar a estas causas, que se siguen acumulando tras cada proceso de reclutamiento.
Y finalmente se arribó a una solución.
Hace unos meses se activaron los procesos tendientes a la aplicación para estos casos del llamado "principio de oportunidad", que permite a los fiscales no iniciar una investigación, o dejar sin efecto una ya iniciada, cuando el hecho denunciado "no compromete gravemente el interés público".
El acuerdo de los persecutores, que además tiene el visto bueno de la DGMN, se tradujo en la elaboración de escritos similares para todas las fiscalías, los cuales serán presentados paulatinamente a los juzgados de garantía para concretar el desistimiento.
En el caso local, a principios de este mes concluyó la interconexión de los sistemas informáticos del Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que permitirá ya a contar de los próximos días "cargar" los antecedentes de los primeros casos.
Decisión
El fiscal regional, Alberto Ayala, confirmó que existe una "decisión institucional" de no accionar penalmente contra los jóvenes denunciados por Ley de Reclutamiento.
"Eso está acordado a nivel nacional. Se ha estimado que no hubo ningún daño al interés público, ya que en todos estos periodos los cupos se llenaron y (además) tenemos la convicción que la gente no quiso cometer un delito", planteó.
Ayala explicó que la decisión es inédita para este tipo de infracciones, que antes incluso dieron origen a leyes de amnistía (la última de 2007).
"No tiene ningún sentido abrir 56 mil investigaciones por un hecho que, si bien hay que destacar la importancia de hacer el servicio militar por razones de seguridad y formación, no comprometía gravemente el interés público", argumentó el fiscal regional.
Aunque los jueces de garantía podrían rechazar la salida y obligar a los fiscales a insistir, en el Ministerio Público estiman lo resuelto será aprobado en tribunales.
Dos modalidades de ingreso
Desde 2005 el sistema de reclutamiento de las Fuerzas Armadas establece dos mecanismos de selección: un periodo de inscripción voluntaria, y posteriormente uno obligatorio cuyo objetivo es llenar las plazas que no hayan sido cubiertas. Este último opera en base a un sorteo, es decir, de todos los potenciales candidatos (jóvenes nacidos el año de reclutamiento), se selecciona a un grupo y sus nombres son publicados por los cantones de cada región del país.
