El Ministerio Público descartó ayer la existencia de presiones políticas en el sumario administrativo iniciado en contra del fiscal regional de O'Higgins y quien fue apartado del caso Corpesca, Emiliano Arias, por presuntamente haber infringido la norma que prohibe entregar antecedentes de las investigación.

"No existe ningún cuestionamiento al rol como investigador del fiscal Arias, pero respecto de las declaraciones que realizó en una (entrevista) al medio La Tercera, se pudo advertir que quizás podría haber existido algún manejo no adecuado de los antecedentes que se entregaron", afirmó la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, sobre la publicación en que el persecutor dijo que "puede haber más casos como el de Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos".

Herrera aseguró que para el fiscal nacional, Jorge Abbott, "cuidar la reserva de las investigaciones" siempre ha sido su mayor preocupación.

La remoción de Arias fue rechazada por la Asociación Nacional de Fiscales, que en un comunicado señaló que la interpretación de la norma en cuestión "no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación".

Chile Vamos presentó ayer su ya anunciada acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a raíz de la controversia que surgió por las pensiones de algunos funcionarios de Gendarmería.

El ingreso del texto se produjo un día después de que el diputado (Ind.) René Saffirio presentara una acusación también dirigida a la titular de Justicia, pero por la situación de los centros del Sename.

El libelo del bloque opositor se basa en dos puntos. El primero aborda a la secretaria de Estado por supuestamente haber tenido participación en el abultamiento de las jubilaciones de los funcionarios retirados de la institución, mientras que el segundo acusa a la autoridad de haber realizado nombramientos ilegales de personal.

"La ministra no respetó los dictámenes de Contraloría, ella fue advertida de lo que estaba pasando con las jubilaciones en Gendarmería y, segundo, que Gendarmería actuó como una caja pagadora de favores políticos", explicó el diputado (RN) René Manuel García.

El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, subrayó que este libelo apunta solo a Gendarmería y no al Sename. "Esta acusación se está presentando por una infracción a las leyes y por dejar de cumplir las leyes. Nosotros desde el primer minuto señalamos que íbamos a presentar una acusación constitucional, y cuando uno lo hace, no lo hace haciendo un cálculo político y sumando votos", dijo el legislador, en relación a la minoría parlamentaria con que cuentan, ya que para que la acción prospere deberá ser votada por la Sala.

Más tarde, la Cámara definió a los integrantes de la comisión especial que revisará esta acusación.

Entre los sorteados para la instancia -que tendrá mayoría oficialista- se encuentran el diputado Saffirio y la diputada (RN) Marcela Sabat, que estuvo encargada de la interpelación a Blanco el 2 de agosto pasado.