Mabel González / Agencias

Bajo el contexto de una creciente ola de inseguridad ciudadana en el país, veinte supuestos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente en seis acciones organizadas por el recientemente bautizado como "escuadrón de la muerte" de la Policía Nacional del Perú (PNP), unidad que habría simulado enfrentamientos armados y matado personas para recibir beneficios y ascensos, según un informe del Gobierno presentado ayer.

El documento estableció que existen "serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular" compuesta por un comandante y siete suboficiales, según las conclusiones de la comisión investigadora creada en el Ministerio del Interior, tras conocerse las denuncias en los medios de comunicación.

Antecedentes

El informe fue presentado por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, a cargo de la comisión investigadora creada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien semanas atrás bautizó a este grupo como un "escuadrón de la muerte".

Vargas explicó que el comandante y los siete suboficiales integraban el Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Geico), ubicado dentro de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía y a cargo de un coronel que luego fue ascendido a general.

El viceministro indicó que su investigación se basó en seis intervenciones policiales organizadas sobre información de inteligencia deliberadamente alterada por los miembros del Geico, con la probable aquiescencia del ahora general. La mayoría de las acciones se habría realizado entre 2011 y 2016, durante el Gobierno de Ollanta Humala.

"En todos los casos, los documentos por medio de los cuales se requirió la ejecución de las intervenciones fueron preparados en base a la descripción de hechos irreales o a la identificación de personas que no reunían las características o antecedentes criminales consignados", añadió Vargas.

"Once de los veinte supuestos delincuentes abatidos no tenían antecedentes o requisitorias que justificaran ser los objetivos de intervenciones policiales", agregó. Otros informes apuntaban a un inminente secuestro de un empresario, pero la hipotética víctima no se encontraba en el lugar de los hechos cuando estos se produjeron.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina y que desde hace varios años estaba dividida en tres sectores, formalizó su reunificación, aunque con la disidencia de algunos sindicatos.

En un congreso con representantes de un centenar de gremios, la CGT eligió un triunvirato que, desde ahora, conducirá la central en forma unificada. Los sindicatos en Argentina, especialmente la CGT, han sido tradicionales fuerzas sociales de importancia, con fuertes vínculos con el entorno político, más notablemente con el peronismo. El triunvirato quedó integrado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, representantes de las tres alas en que estaba fracturada la central.

Las divisiones en la CGT, de raigambre peronista, comenzaron en 2008, cuando el líder del sindicato de los trabajadores gastronómicos, Luis Barrionuevo, se separó de la conducción del titular de la central, Hugo Moyano, y creó la denominada CGT Azul y Blanca. Luego, en 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández, hubo una nueva fractura, entre el sector que respondía a Moyano, opositor al entonces Gobierno, y el liderado por Antonio Caló, afín al kirchnerismo. A la reunificación se opusieron sectores de peso, como los que responden a Gerónimo Venegas, representantes de los trabajadores rurales, y Omar Viviani, del gremio de los taxistas. "Es muy importante la decisión de una conducción nueva, pero es más la forma democrática de lograrlo", dijo en el congreso Moyano, el sindicalista más conocido de Argentina.

Medidas de fuerza

El encuentro estuvo marcado por las críticas al Gobierno de Macri. Caló sostuvo que "el país está preocupado" por los "tarifazos" y la "inflación" y advirtió que la CGT defenderá "el plato de comida de los argentinos". Según recogió el diario El País de España, varios de los delegados expresaron su deseo de avanzar con medidas de fuerza en los próximos meses, aunque otros como Schmid apostaron por entablar un diálogo con el Gobierno. En caso de que este fracase se plantearán acciones como una huelga general.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a sus ministros remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio de su mandato, impulsado por la oposición.

El dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que Maduro pidió citar a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y Trabajo para establecer que "no pueden haber en cargos directivos... personas que estén en contra de la revolución y del Presidente".

"Tiene un lapso, un plazo, de 48 horas para que estas personas... pues tengan otro destino laboral", indicó Rodríguez.

El ministro de Comunicación, Luis José Marcano, manifestó su respaldo al anuncio de Rodríguez y dijo al canal de noticias Globovisión que no conoce ningún caso de un empleado de bajo rango que haya sido despedido. "Están los tribunales y están las instancias laborales para hacer los reclamos", agregó.

Luego de la recolección de firmas a favor del referendo, algunos empleados públicos denunciaron que fueron despedidos por apoyar la consulta. Una de ellas es Yelitza Badell, una abogada de 50 años despedida en julio del estatal Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera. Badell dijo a la agencia de noticias AP que más de 200 trabajadores de esa entidad han sido despedidos en los últimos meses por firmar a favor del referendo.

El Parlamento brasileño garantizó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que el juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff se ajusta a la Constitución, bajo supervisión de la Corte Suprema, y ratificó que su fase final empezará mañana. Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constan en documentos remitidos ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de los Trabajadores (PT) denunció el proceso como un intento de "golpe de Estado".

Turquía bombardea posiciones terroristas en Siria

El Ejército de Turquía volvió a bombardear ayer con artillería posiciones del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el norte de Siria, después de que varios morteros disparados desde allí cayeran en territorio turco. Según el diario Hürriyet, los militares turcos dispararon contra cuatro objetivos en Siria, "en respuesta al fuego de morteros a través de la frontera" que cayó en la provincia de Gaziantep, en el sureste. El Gobierno turco ha dicho que no permitirá que fuerzas kurdas logren el control de la zona fronteriza ahora dominada por el EI.