Muerte de Lissette Villa: querellante pide que se cite a declarar a la ministra Blanco
SENAME. El abogado solicitó que sea de manera presencial y no por oficio.
El abogado Sebastián Lafaurie, que es querellante en la causa por la muerte de Lissette Villa (11) ocurrida en abril pasado en un centro del Sename, pidió que se cite a declarar a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, de cuya cartera depende la institución dedicada al cuidado de menores cuyos derechos han sido vulnerados.
"Yo presenté las últimas solicitudes de diligencia la semana pasada y pedí al fiscal que cite a la ministra Blanco, pero que sea en persona y no por oficio", dijo el profesional a Emol, que señaló que está a la espera de lo que resuelva el fiscal del caso Marcos Emilfork.
Lafaurie asimismo informó que pidió hace varias semanas que declaren también las dos funcionarias que contuvieron a la menor, que aparecen mencionadas en un informe de la PDI que publicó ayer la revista Qué Pasa, y que establece que una presunta negligencia habría provocado la muerte de Lissette.
"Los detalles son bien crueles. Nosotros ya los conocíamos hace varios meses y en nuestra querella pedimos que se cite a declarar a estas dos funcionarias, y también que se entregue los informes de protocolo que había antes y después de la muerte de Lissette", dijo el abogado al medio citado.
Lafaurie señaló que el informe mencionado confirma la hipótesis que sostiene la parte querellante, que acusa que existió negligencia al momento de contener a la niña y que eso habría incidido en su muerte.
"Nosotros vamos a seguir solicitando nuevas diligencias. Vamos a colaborar con la fiscalía. Hay que esperar los plazos, que no son rápidos, pero sí es importante tener paciencia para tener una verdad que nos permita reestructurar el Sename y generar un verdadero cambio en esta institución, porque estamos hablando de la vida centenares de niños vulnerables que el Estado quita a sus familias para protegerlos y cuidarlos, pero ocurre todo lo contrario", afirmó.
El documento
El informe de la PDI establece que hubo responsabilidad de las cuidadoras del Centro de Administración Directa (Cread) Galvarino por "acción u omisión", ya que éstas no se habrían ceñido a las normas a la hora de contener a la niña.
El documento de 25 páginas además revela que la combinación de los medicamentos que tomaba la niña, significaban un peligro para su vida y que algunas dosis se habían perdido tras la muerte de la menor, lo que deberá ser investigado.