Tras el intercambio de declaraciones entre la cancillería chilena y venezolana por la detención del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar hace más de 10 días, parlamentarios hicieron un llamado al Gobierno a que exija que se respete la integridad del profesional.

"integridad física"

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Pizarro (DC) destacó que "lo que importa es la integridad física del señor Jatar y a eso es seguramente lo que ha molestado tanto al gobierno de Maduro, que de ser un gobierno democrático ha pasado a ser una dictadura y, sin duda, que los intercambios de punto de vista de ambas cancillerías exigen que el gobierno chileno esté actuando como corresponde".

"Eso no tiene nada que ver con una posible injerencia en política externa. Exigir que se respete la integridad de un ciudadano chileno-venezolano es lo menos que puede hacer nuestro gobierno", agregó haciendo referencia a la acusación de Caracas de "injerencismo" del Gobierno chileno por la declaración emitida el domingo pasado, en la que se exigió que se garanticen las normas mínimas de toda detención.

El miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, dijo que es necesario que el propio embajador de Chile en Venezuela pida una visita a Jatar, ante "los acontecimientos gravísimos que estamos viendo y el ensañamiento que tiene el señor Maduro".

Arremetida de Caracas

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano acusó al canciller Heraldo Muñoz de desempeñar "un triste papel" en la defensa de la corrupción y la violencia que cometen los opositores para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Llama poderosamente la atención la acostumbrada promoción del canciller Muñoz a favor de ciudadanos vinculados a la derecha venezolana, incursos en graves delitos contra el orden constitucional y legal de Venezuela", dice el texto.

"uso político"

En el documento, la cancillería venezolana rechaza "categóricamente el doble estándar en materia de Derechos Humanos de la Cancillería chilena", que, dijo, "hace uso político del caso de un ciudadano venezolano".

Carolina Collins

El Gobierno le otorgó ayer el carácter de discusión inmediata al proyecto de ley que regula las libertades condicionales que se encuentra en segundo trámite legislativo, con el objetivo de aumentar los requisitos.

Esto último, con el objetivo de evitar que vuelvan a suceder situaciones como la cuestionada liberación masiva de reos ocurrida en mayo pasado

Reinserción social

La iniciativa busca regular el "beneficio de la libertad condicional, a la que podrán acceder las personas que estando privadas de libertad, cumplan determinados requisitos y muestren un real avance en el proceso de la reinserción social".

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, explicó que "queremos que se apruebe lo antes posible. Tenemos un próximo proceso de evaluación de libertades condicionales en el ámbito judicial y nos gustaría que se hiciera bajo los nuevos parámetros".

Actualización de ley

La secretaria de Estado agregó que "es una moción parlamentaria que nosotros apoyamos, porque creemos que es necesario actualizar una ley del año '25. Y así poder asegurarle a la gente que las personas que salen en libertad den garantías de haber sido rehabilitadas".

La idea es que el proyecto sea despachado antes del 1 de octubre, fecha que coincide con el inicio de un nuevo proceso de las comisiones que revisan las libertades condicionales, que comienzan a sesionar la primera semana de ese mes.

La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y debe ser vista por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Lo que establece

El proyecto que regula las libertades condicionales busca elevar los requisitos para acceder a ese beneficio. Entre los puntos que plantea están: haber cumplido la mitad de la condena, haber tenido una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, haber sido beneficiado y estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y contar con un informe favorable de reinserción social.

Asimismo, se modifica la composición de las Comisiones de Libertad Condicional, que estarían integradas por un ministro de la Corte de Apelaciones, que será su presidente, cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal y un funcionario que designe el tribunal de alzada será secretario.