Valeria Barahona

El senador y precandidato presidencial de RN, Francisco Chahuán, se refirió ayer al proyecto para la elección directa de intendentes, idea que ha sido criticada, incluso, desde el propio oficialismo por considerar a la nueva figura, el gobernador regional, un cargo "de papel", sin autoridad real.

A juicio del parlamentario opositor, esta iniciativa "es una de las reformas más importantes de la administración del Estado de los últimos 30 años". Además, consideró que ayudará a avanzar en descentralización.

Según dijo Chahuán en conversación con TVN, este sería "un buen proyecto porque establece un andamiaje institucional para la elección de los gobernadores regionales".

Las atribuciones que tendría el nuevo cargo son "coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales", según dice el proyecto legislativo, las que han sido criticadas por distintos sectores parlamentarios y calificadas "de papel".

Pero el senador Chahuán defendió la idea, también citada en la iniciativa legal, de una transferencia gradual de competencias, medida que sería, a su parecer, "para generar masas críticas en las regiones, pero esto no es una excusa para no aprobar el proyecto, que es un andamiaje".

CRedibilidad

Sobre las críticas al proyecto, provenientes de todos los sectores, el precandidato presidencial afirmó que el principal problema de Chile es la pérdida de confianza. "Hemos roto la credibilidad. Esto lo vamos a superar cuando se acerque la toma de decisiones a los ciudadanos. Este proyecto va a oxigenar la política en tiempos de falta de credibilidad", sostuvo.

Impuestos

Asimismo, el legislador de Renovación Nacional subrayó que, aparte de avanzar en descentralización administrativa, es necesario que el país tenga una descentralización fiscal.

En particular, Chahuán planteó que "parte importante de los tributos (impuestos) que generan las actividades con claro sello regional, dejen parte de esos tributos en la región donde se generan las externalidades negativas", es decir, el impacto social y medioambiental.

Finalmente, el militante de RN se refirió a su precandidatura presidencial, donde, dijo, buscar "ser el Presidente de las regiones". "Espero representar a las regiones invisibilizadas y ninguneadas por el poder central para el efecto de que los territorios comiencen a hablar", aseveró.

La Sala del Senado discutirá y votará mañana, en particular, el proyecto de ley que busca permitir a los institutos profesionales (IPs) y centros de formación técnica (CFTs) convertirse en sociedades sin fines de lucro, con el objetivo de que sus alumnos puedan acceder a la gratuidad.

En la instancia serán presentados los informes de las comisiones de Educación y de Hacienda.

El análisis de estos documentos podría llevar a la votación para transformar a las instituciones de educación técnica en personas jurídicas.

Este paso, según la moción, permitiría a las instituciones acogerse a procedimientos voluntarios para que los CFTs e IPs puedan modificar su naturaleza jurídica, "manteniendo su reconocimiento oficial, autonomía y acreditación vigente".

Asimismo, el proyecto legal estipula que "la modificación o los antecedentes sobre la fusión o transferencia de derechos y obligaciones, según corresponda, deberán registrarse en el Ministerio de Educación", lo cual transparentaría sus flujos de capitales.

Con 21 votos favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Cámara Alta aprobó el viernes las ideas matrices del proyecto en primer trámite legislativo.

El Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a un nuevo grupo de personas ligadas a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) a raíz de la investigación del caso SQM, que persigue presuntos delitos tributarios que estarían vinculados al financiamiento ilegal de actividades políticas.

Según informó Emol, el requerimiento fue presentado ante el Octavo Juzgado de Garantía el 5 de octubre pasado por el fiscal Eduardo Fajardo e incluye a la secretaria del alcalde de Colina, Mario Olavarría, quien será formalizado en el caso Basura por su presunta participación en delitos de fraude al Fisco.

Se trata de Viviana Mora Godoy, quien entre los años 2011 y 2013 habría emitido a la minera no metálica siete boletas de honorarios por un total de $36 millones.

Otros indagados

En la instancia, programada para el próximo 7 de noviembre, la Fiscalía también le comunicará a otras cuatro personas que son perseguidas por su presunta autoría en el delito establecido en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, que dice relación con la facilitación de facturas no afectas o exentas de IVA falsas a SQM.

En la lista figura el abogado Alejandro Octavio Alegría Tapia, quien, según la investigación, recibió pagos de SQM por $4,8 millones.

De acuerdo con la solicitud, los delitos habrían sido cometidos en 2010. Se lo vincula a RN, entre otras cosas, por haber prestado en 2012 servicios a la diputada y entonces miembro del partido Karla Rubilar.

También fue incluido en la petición de la Fiscalía Gustavo Urra Lorca, hermano de Alejandro Urra, quien es asesor jurídico de la Municipalidad de Colina y cercano al alcalde Olavarría.

A Gustavo Urra se le persigue por una boleta emitida a la compañía minera por $5 millones 500 mil en septiembre del año 2012.

Pablo José Jansana Soto, periodista cercano a la UDI y ex asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2011, será formalizado por un pago de $4 millones de SQM, mientras que al contador auditor René Ludwing Hormazábal Farías, vinculado a RN, se le comunicarán cargos por boletas por un monto de $17 millones.