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Hace dos semanas, el santiaguino Alejandro Cresta (63) revisó las publicaciones del Servicio Electoral (Servel) para saber si había sido designado vocal de mesa para las elecciones municipales del domingo.
Durante la consulta, sin embargo, se llevó la desagradable sorpresa que su domicilio electoral había sido modificado sin su consentimiento, al igual que otros 17 casos en la ciudad.
El trabajador, que se desempeña en labores administrativas, hace unos diez años trabaja en Antofagasta, pero viaja cada dos semanas a Ñuñoa, comuna donde lleva casi dos décadas sufragando. De hecho, para el 23 de octubre ya tenía planificado trasladarse para emitir su voto.
La única explicación que encuentra a lo ocurrido es que el año pasado renovó su cédula de identidad en el Registro Civil de Antofagasta. "Aunque no quisiera votar, esto es un atropello al derecho ciudadano", expresó.
Hasta la semana pasada el Servel de Antofagasta había recibido 17 denuncias por cambios de domicilio electoral. El problema se agudiza al sumar los casos a nivel nacional, donde las modificaciones involuntarias alcanzan las 467.273.
Trámite
Lo sucedido obligó a convocar hoy a una sesión extraordinaria en el Congreso, pese a que esta semana corresponde al periodo "distrital", en que los parlamentarios desarrollan trabajo en sus regiones.
Esto, porque el gobierno despachó un proyecto del ley transitorio para dotar de nuevas facultades al Servel, de manera que pueda garantizar el derecho a voto de quienes sufrieron cambios de domicilio sin efectuar el trámite.
La idea es definir si se habilitarán mesas especiales para los perjudicados, o se mantendrá a estos electores en sus antiguos locales de votación.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el radical Marcos Espinosa, explicó que la sesión de esta tarde en Valparaíso es para "tramitar y despachar" el proyecto de ley.
"Es un tema delicado, porque permitirá que muchas personas puedan sufragar", dijo.
Agregó que lo urgente es solucionar el problema y luego tendrán que tomar las "medidas políticas y administrativas que corresponda".
Una opinión similar tuvo la diputada radical Marcela Hernando, quien dijo no saber si el gobierno cuenta con todos los votos, aunque cree que "no habrá ningún partido que pueda abstraerse, independientemente de las críticas".
Respecto a las responsabilidades por el problema que afecta casi a medio millón de electores, la parlamentaria expresó que esto era algo que ya había advertido cuando el Registro Civil implementó su nuevo sistema informático.
"Con el senador Alejandro Guillier hicimos una prueba con nuestros carnet y faltaban muchos datos, por eso creo que hubo tiempo suficiente para anticiparse", puntualizó.
En duda
"No tengo comprometido mi voto a la espera de revisar de texto", anticipó por su parte el senador independiente Pedro Araya, quien detalló que también quiere conocer los alcances que tendrá el proyecto.
"Hoy lo que tenemos que hacer el solucionar el problema. Y si es por buscar responsabilidades, recordemos que esto partió en 2013 con el gobierno de Sebastián Piñera y trasciende a la otra administración", detalló el senador.
Desde la vereda de la oposición, la vicepresidenta de Renovación Nacional, diputada Paulina Núñez, manifestó que "no comprometeremos votos hasta que el gobierno asuma la responsabilidad de este desastre".
Núñez atacó directamente a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien dijo debe dar un paso al costado.
"Su gestión está marcada por errores. Primero nos tendrán que dar las razones de lo ocurrido antes de hablar de votos", concluyó.
Marcela Hernando., diputada radical"
"Independiente de las críticas, todos estarán disponibles para facilitar el proceso a los votantes".
Marcos Espinosa, diputado radical"
"Es un tema importante, porque permitirá que muchas personas puedan sufragar". "Primero nos tendrán que dar las razones de lo ocurrido antes de comprometer votos".
Paulina Núñez, diputada RN, Pedro Araya, senador indep."
"Si es por buscar responsabilidades, recordemos que esto partió en el gobierno de Piñera"."
