El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación penal por presuntas filtraciones del caso Penta, en el que indagan supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

La autoridad tomó dicha decisión después de una denuncia presentada por el abogado Gabriel Zaliasnik, quien representa a Jorge Rosenblut en esta causa. El caso es actualmente dirigido por el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y es integrado por el jefe de delitos de alta complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y su par Jorge Norambuena.

La denuncia apunta a la difusión de la declaración ante el Ministerio Público del geógrafo Giorgio Martelli, uno de los imputados en el caso y dueño de la empresa AyN, vinculada al financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet.

De acuerdo a lo recogido por La Segunda, en el texto, el abogado Zaliasnik reclama por la publicación del testimonio de Martelli "a tan sólo horas de haberse realizado (la) diligencia investigativa referida".

Por ello, el profesional pidió "determinar cómo ocurrió la irregularidad y también a los responsables de la misma. El esclarecimiento de esta coyuntura no es baladí puesto que si los autores fuesen funcionarios públicos, incluso estaríamos dentro del presupuestso de hechos que revisten carácter de delito al tenor del artículo 246 del Código Penal".

Según consignó Emol, la indagatoria quedó en manos del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, quien subroga a Abbott en su periodo de vacaciones.

El diario La Segunda detalló que en esta investigación penal también se buscan responsabilidades de la presunta filtración en funcionarios policiales e, incluso, abogados que participan en la causa.

Indagaciones anteriores

Montes ya ha encabezado otras investigaciones de este tipo. La primera de ellas fue la ordenada en agosto pasado contra su par de O'Higgins, Emiliano Arias, al que finalmente sobreseyó al no acreditarse su participación en la entrega de información reservada del caso Corpesca. Sin embargo, Arias fue distanciado de esta causa judicial.

El persecutor también indaga supuestas filtraciones de información reservada contenida en la carpeta de la causa que enfrenta el ex ministro Jorge Insunza.

Asimismo, Abbott ya había ordenado la investigación de supuestas filtraciones en el caso SQM, dirigido por el fiscal Pablo Gómez. Esto, en respuesta a una denuncia de la defensa del excandidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

Con las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional quedaron ayer dos jóvenes de 20 años que se disfrazaban de detectives de la PDI para detener delincuentes y que se autodenominaban "Los Vengadores".

Fabricio Ruiz de Gamboa y Juan Luis Dupré fueron formalizados ayer por los delitos de usurpación de funciones, falsificación de instrumento público e infracción a la Ley Orgánica de la PDI.

Ambos fueron detenidos el martes por funcionarios de la PDI, luego de que un testigo llamara al 134, detalló a Cooperativa el subprefecto de la Bicrim de Santiago, Eduardo Cerna.

Los jóvenes portaban chaleco antibalas, chaquetas y poleras bordadas con la sigla de la institución, y portaban pistolas a fogueo y esposas en sus bolsillos, credenciales iguales a las de la policía y llegaban a todos los asaltos en un vehículo azul con baliza del mismo color y sirena.

Según explicó Cerna, los imputados llevaban cerca de cuatro meses realizando las detenciones sin que nadie se diera cuenta de que se trataba de un caso de suplantación. "Sólo buscaba un poco de justicia nada más. quizás la forma no fue la correcta, pero arrepentido de lo que hice, no estoy", dijo uno de los detenidos.

Andrea González

A Corte de Apelaciones de Santiago revisará hoy el recurso de protección presentado por la defensa de Rafael Garay por considerar que la detención en Rumania del ingeniero, no se ajustó a derecho.

La audiencia fue programada luego que la Policía de Investigaciones remitiera ayer, los antecedentes solicitados por el tribunal de alzada relacionados con la captura del autodenominado economista por parte de la policía de Brasov, y el proceso previo que derivó en la emisión de una alerta roja internacional.

De acuerdo al recurso, se habrían vulnerado las garantías constitucionales del imputado al emitir la policía chilena, una difusión roja sin la resolución previa de los tribunales.

Específicamente, porque al momento de su aprehensión el pasado 18 de noviembre, en Chile -oficialmente- no existía un requerimiento formal respecto a la solicitud de su extradición para que enfrente en el país un proceso penal.

'alerta roja'

La decisión de presentar una acción penal se basó en las declaraciones hechas por la policía rumana que aseguró que Garay fue capturado tras la alerta roja enviada por autoridades chilenas y no por algún delito que haya cometido en el país europeo, donde permanece desde hace dos meses.

Dicha alerta, según lo establece la ley chilena, solo puede ser emitida una vez que la Corte de Apelaciones acepte pedir la detención previa con fines de extradición del imputado, ya que es la única autoridad competente en Chile que puede requerirla a Rumania, a través de la Cancillería.

Lo anterior, solo fue resuelto el martes, instancia en la que el tribunal de alzada estimó que existían todos los requisitos para solicitar medidas cautelares a la justicia rumana con el objeto de evitar la fuga de Garay.