El ministro de Economía, Luis Céspedes, descartó ayer la salida de Felipe Irarrázabal desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego de que surgieran críticas de distintos sectores por la inexistencia de una denuncia formal en esa entidad por la colusión de los pañales. La firma CMPC delató el desarrollo de ese proceso colusorio entre 2002 y 2009 junto a la firma estadounidense Kimberly-Clark.

"Quien puede remover al fiscal nacional económico es la Presidenta de la República a través de una solicitud del ministro de Economía con un informe favorable de la Corte Suprema. Eso es lo que establece la ley", comentó Céspedes.

"Tomar algún tipo de postura respecto de esto, en la línea de lo que se ha planteado, me parece que no es responsable", agregó el ministro.

El caso

Las empresas CMPC y Kimberly-Clark llevaron a cabo acuerdos de alzas de precios, intercambios de información de alzas de precios, coordinación en la participación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamientos relativos de precios, entre otros, entre 2002 y 2009, según la delación que llevó adelante CMPC ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Diputados de varias bancadas se quejaron de una posible negligencia de la FNE en este caso, debido a que no inició una denuncia.

El diputado Gabriel Silber (DC) aseguró que "vamos a pedir una investigación penal por parte de la FNE, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar dentro de las 24 horas de conocidos hechos que revistan carácter de delitos. Y a nuestro juicio, la FNE no ha obrado como corresponde".

El diputado independiente José Manuel Edwards agregó que "nos gustaría saber y me gustaría pedirle la información al fiscal económico de por qué no se hizo una investigación. Entendemos que existe prescripción después de cinco años, pero la prescripción solo se empieza a contabilizar cuando los efectos de aquella colusión terminan y queremos saber si los efectos se extienden después de 2009".

Posibles cambios

El diputado Daniel Nuñez (PC) agregó que "vamos a proponer una modificación legal para establecer dos cosas: que una empresa que haya sido condenada por colusión o que haya hecho actos de colusión aun siendo no condenada por la prescripción, no pueda tener beneficios de la delación compensada; y en segundo lugar, ampliar los plazos de colusión de cinco a ocho años, porque es evidente que se está ocupando esta figura para un mecanismo de impunidad".

El excanciller Alfredo Moreno, candidato a la presidencia de la CPC, comentó que "las empresas tienen que ser exitosas en un ambiente de competencia".

años habría funcionado el acuerdo entre CMPC y Kimberly-Clark en el mercado de los pañales. 7

años es el plazo de prescripción existente para el delito de colusión en el Código Penal. 5