Mabel González

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) cerró ayer la investigación iniciada de oficio en noviembre de 2015, en relación al mercado de pañales, concluyendo que no se desprenden de la misma elementos que permitan entablar una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La investigación archivada concluye que los ejecutivos de las empresas Kimberly Clark y CMPC sostuvieron reuniones y contactos telefónicos esporádicos entre los años 2002 y 2009, cuyo objetivo habría sido alterar las condiciones de competencia del mercado de los pañales, por la vía de propiciar alzas de precios y, principalmente, de coordinar posicionamientos de precios entre sus productos.

Prescripción

"La información recabada en las pesquisas dio cuenta de que estos hechos y sus eventuales efectos no se prolongaron más allá del año 2009, de manera tal que a la fecha de recepción de la misma por parte de la Fiscalía ya se encontraban prescritos y era improcedente, en apreciación de la Fiscalía, ejercer acciones legales", indicó la Fiscalía Nacional Económica.

PUNTO DE PARTIDA

Añadió que "los antecedentes que dieron origen a esta investigación tienen su punto de partida en la investigación sobre la colusión del tissue, iniciada de oficio en diciembre de 2014, la que derivó en la presentación de un requerimiento en contra de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa), actualmente en tramitación ante el TDLC".

La FNE explicó que la decisión de separar ambos asuntos se fundó en diversos factores, tales como que se trataba de mercados, empresas y periodos diferentes, la distinta entidad de la conducta detectada en uno y otro mercado, y la contundencia de la prueba existente respecto de cada uno de ellos.

"La existencia de la investigación relacionada con el mercado de los pañales, así como las numerosas diligencias realizadas, se mantuvo bajo reserva, como todas las investigaciones sobre colusión que efectúa la FNE, en cumplimiento de su normativa", señaló.

Entre las diligencias realizadas se encuentran solicitudes de información a las firmas investigadas y otros actores del mercado, tomas de declaraciones a ejecutivos de las empresas, análisis económicos, informes en derecho y cooperación con agencias internacionales, entre otras.

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, afirmó que la FNE actuó conforme a las atribuciones que le entrega la ley. "Iniciamos investigaciones de oficio y, luego, ejercimos las acciones correspondientes en el mercado del tissue. A la par, seguimos investigando el mercado de los pañales", detalló. Explicó que "el cierre de esta investigación implica el fin de la arista de pañales (...), sin perjuicio de eventuales acciones ante el TDLC por parte de particulares. En el caso de la colusión (en el) papel tissue, la institución continúa trabajando, con miras a lograr una condena ejemplificadora".

El año termina con una gran noticia. El Congreso aprobó un cambio constitucional que permite la elección directa de autoridades regionales, bajo la figura de un nuevo cargo: el gobernador regional.

Chile necesita mayor descentralización y autonomía de las regiones. La tendencia internacional muestra un amplio consenso en que la descentralización, respecto de otras formas de organización institucional y administrativa, conlleva a una estructura política que representa de mejor manera los intereses de la comunidad.

Mucho del rezago actual que enfrentan las regiones de Chile se origina en el centralismo que las políticas públicas homogéneas han consolidado, sin considerar las particularidades de los territorios.

Chile tiene enormes desafíos pendientes en materia de descentralización y cohesión territorial. Cuando la Región Metropolitana concentra más de la mitad del capital humano calificado del país, somos testigos de una de las principales desigualdades territoriales existentes. La consecuencia es que se limita fuertemente el potencial de desarrollo de las regiones y su capacidad para avanzar en políticas públicas pertinentes a cada contexto territorial diferenciado.

Consecuencia del centralismo es lo que ocurre en el norte, cuya población ha debido absorber las externalidades negativas provenientes de la minería, sin captar ni administrar parte de los impuestos que estas actividades pagan. Hay un alto descontento por la centralización, no solo de los recursos sino también respecto a la toma de decisiones sobre las políticas públicas locales.

Pero cuando hablamos de descentralizar no hablamos sólo de la elección democrática de autoridades regionales. Debemos apuntar también a la ampliación de los espacios para el pleno ejercicio democrático, como por ejemplo, la capacidad y posibilidad que tienen los ciudadanos de ejercer acciones de control de la gestión pública, velando por sus derechos y por el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido con ellos.

Debemos fortalecer nuestras regiones y su capacidad de conducir sus propios destinos, en función de sus características estratégicas y las realidades locales. Regiones más sólidas, con más atribuciones para decidir sobre sus políticas y programas en ámbitos tan importantes como el turismo, la infraestructura, el transporte público o el fomento de la actividad económica.

El proyecto recién aprobado, junto con otro que se tramita por estos días en el Congreso para fortalecer las atribuciones de los gobiernos regionales, responde a un proceso que se hace urgente para el desarrollo integral de nuestro país. En Chile, las competencias se concentran mayoritariamente en el nivel central de la administración pública. Debemos avanzar progresivamente en la modificación de dicho modelo de distribución a través de un cambio en la institucionalidad pública regional.

Este es el desafío que tenemos por delante: redibujar las relaciones que actualmente se dan entre las instituciones del gobierno central y los gobiernos regionales y seguir trabajando para entregar recursos, capacidades e incentivos a las regiones para que conduzcan sus procesos de desarrollo.

Ricardo Lagos Ex Presidente de la República.