A propósito de los cuestionamientos de Contraloría de los viajes por capacitación del alcalde y algunos concejales de Sierra Gorda, una pregunta hace rato viene dando vuelta y pasa por cómo los municipios tienen tanta autonomía, ajena a otros organismos públicos o estatales, a la hora de manejar sus recursos.
El organismo contralor exige al jefe comunal y ediles la devolución de $72 millones por actividades de capacitación realizadas el 2015. Esto porque entre los destinos de los cursos estaba Cancún, Playa del Carmen, Varadero y Cartagena de Indias, pero lo más preocupante es que no fueron encontrados informes suficientes para respaldar sus viajes.
Así, Sierra Gorda -con unos 3.200 habitantes- aparece como el municipio con más gastos en el ítem viajes al extranjero, incluso superando a Talcahuano con $71 millones en gastos sin justificar. Sin embargo, y por los antecedentes de Contraloría, el problema está radicado más bien en las municipalidades de localidades pequeñas.
Este podría ser un caso aislado, sin mayores análisis de la estructura fiscalizadora en los municipios, pero de inmediato saltan al tapete las denuncias de los alcaldes de Calama y Tocopilla sobre los graves problemas financieros por mala gestión de sus antecesores.
El municipio de la comuna loína presenta un déficit de $4 mil millones, que incluso puso en duda el pago de remuneraciones de sus funcionarios. Ahora el edil tocopillano denunció problemas de caja por $700 millones.
Entonces la pregunta con que iniciamos este editorial resulta pertinente y también muy inquietante porque los controles internos de las municipalidades no están funcionando en los niveles esperados. Los problemas, en definitiva, debe resolverlos Contraloría General de República, cuando estas corporaciones tienen los controles adecuados, al menos en teoría.
Además, otro ejemplo -para reiterar las interrogantes en el tema fiscalización- es la alta morosidad que registró el municipio de Antofagasta en el informe comercial Equifax, que llegó en su momento a los $600 millones, en su mayoría por juicios perdidos en tribunales por la corporación.