A casi siete años de ocurridos los hechos, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del 22° Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.840 millones a 74 familiares de 27 víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.
La conclusión se explica en el hecho de que el Estado había cometido errores que impidieron salvar vidas.
Como muchos recordarán, esa fue una madrugada trágica para muchas familias del centro sur del país, en especial para aquellas que vivían en sectores costeros. Luego del terremoto de 8.8 grados que tuvo por epicentro la zona de Cobquecura, en la Región del Biobío, comenzaron a desencadenarse una serie de complicaciones, a partir de las 3.34 de esa madrugada.
Sabemos que científicamente los sismos no pueden predecirse, pero sí existe conocimiento respecto a qué hacer si se está en el borde costero. Y aquí hubo errores importantes de parte de distintas autoridades políticas, de la Oficina Nacional de Emergencias y la Armada, entre otros.
Decisiones mal aplicadas, o silencios, de parte de funcionarios del Estado resultaron fatales en al menos 27 casos, en personas que perdieron la vida por la negligencia de la autoridad.
"De tal manera, este sentenciador estima procedente dar lugar al pago de los perjuicios sufridos por los familiares de las víctimas por el daño moral alegado, quienes demandan en este juicio, por cuanto, no sólo falló un sistema de alerta o de emergencia a cuya eficiencia el Estado está llamado a prestar, sino porque los errores en su ejecución impidieron a las víctimas tener, al menos, una oportunidad de salvar sus vidas o las de sus familias, originándoles una afección personal por la muerte de personas con quienes tenían naturales vínculos familiares o derivados de una vida en común", expresa la sentencia del juzgado civil, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones.
Es indudable que el dolor no se mitiga con dinero y cada una de las pérdidas ha sido lamentada, a conciencia que necesitamos aprender y desarrollar procedimientos, en especial en un país como el nuestro, donde los desastres naturales son fenómenos recurrentes.