El trabajo desarrollado para obtener la acreditación por seis años del plantel superior y los desafíos que deberá enfrentar en el contexto de la reforma a la educación superior, entre ellos, la Ley de Gratuidad. Estos temas fueron ayer abordados en el discurso del rector de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo Álvarez, al asumir este cargo por un segundo periodo, del 2017 al 2021.

Sobre el proceso de acreditación por seis años otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Tabilo destacó este plan de trabajo realizado en conjunto con la comunidad educativa.

"En este proceso de acreditación ocupamos una metodología de tal manera que nos aseguramos que la comunidad participara, lo que es difícil porque muchas veces estos procesos se llevan a cabo por un grupo pequeño. Ahora fue validado por todos, entonces hubo más de 1.200 personas de una alguna manera aportaron", expresó el rector.

Estado

Asimismo, el ingeniero civil industrial se refirió al proyecto de reforma en la educación superior, que tiene en conflicto al gobierno y universidades.

"Lo que buscamos nosotros, universidades como las nuestras, que nos identificamos como Grupo G 9 (...) , es que los tratos sean equivalentes -no iguales porque no somos universidades del Estado- pero sí sean equivalentes en términos financieros, porque sino podría haber un desmedro en la calidad".

Asimismo, la autoridad destacó que la UCN se manifestó desde un principio en apoyo de la implementación de la gratuidad en la educación superior y que también comparte la defensa de una educación pública sin exclusiones.

Investigación

La autoridad universitaria también señaló su intención de consolidar y avanzar en áreas como pregrado y posgrado, investigación, el proyecto educativo y la gestión institucional, entre otros aspectos, junto con recalcar la vocación social que pone en práctica la UCN, que indica una preocupación especial por los excluidos.

Asimismo, en la ceremonia asumió como vicerrector académico Raúl Jiménez Alarcón; mientras que continúan en sus cargos el vicerrector de la sede del campus Guayacán, Francisco Correa Schnake; la vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos, Jacqueline Fuentes Hernández; y la vicerrectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico, María Cecilia Hernández Vera.

El contrato suscrito con Salud obliga a la sociedad concesionaria a desarrollar el proyecto definitivo, construirlo, equiparlo, mantenerlo y prestar catorce servicios de apoyo logístico. Además, permite al privado explotar una serie de servicios complementarios, como cafetería, máquinas dispensadoras y un área de multiservicios (óptica, cajeros automáticos, florería, cibercafé, etc.), los cuales contribuirán a acelerar los retornos. Entre estos servicios extras que el concesionario debe prestar está también el estacionamiento de vehículos para público general, que de acuerdo a las bases, será de cobro. En efecto, el proyecto hospitalario considera 173 plazas de estacionamiento pagadas para las personas que acudan al área de especialidades y hospitalización. Sus tarifas serán informadas por el concesionario cuando se inicie el periodo de explotación, pero se informó que existen topes en el contrato. El centro de salud seguirá así el camino trazado por clínicas de la capital y por los hospitales concesionados de La Florida y Maipú. El hospital local además dispondrá de 450 estacionamientos liberados para funcionarios y directivos; 170 plazas, también liberadas, en el área de urgencias. Del mismo modo, serán habilitados 12 lugares para ambulancias y vehículos policiales, 8 para carga y 100 para bicicletas y motos.

José Luis Ramírez M.

Esperar a que estén disponibles los recursos, lo que podría tardar "varios gobiernos" (así se dijo en algunas reuniones), o recurrir al sistema de concesiones. Esas eran las alternativas que las autoridades sanitarias discutían con los gremios de la salud el año 2011 para cumplir con el viejo anhelo de contar con un nuevo Hospital Regional.

Transcurridos seis años queda claro que la decisión fue apostar por los privados. Hoy el nuevo establecimiento, que será el más moderno fuera de Santiago, dando cobertura a toda la macro zona norte, ya tiene un 85% de avance y en julio iniciará su puesta en servicio provisoria.

Sin embargo, la pregunta que quedará por contestar es cuánto le costará al Estado la decisión tomada, y en esto conviene mirar algunas cifras.

Según informó el Servicio de Salud Antofagasta, las Condiciones Económicas del Contrato de Concesión establecen el pago obligatorio de cuatro subsidios fijos a la sociedad concesionaria del hospital.

Estos son el Subsidio Fijo a la Construcción, compuesto por 10 cuotas anuales de 834.406 UF cada una; el Subsidio Fijo a la Operación, 30 cuotas semestrales de 177.606 UF; el Subsidio Fijo de Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico, 15 cuotas anuales de 1.971 y 2.268 UF; y el Subsidio Fijo de Adquisición y Reposición de Mobiliario Clínico, compuesto por 15 cuotas anuales de 106.972 y 104.122 UF.

Todos estos aportes sumados arrojan como resultado que durante los 15 años de la concesión, el Ministerio y el Servicio de Salud (ambos contribuyen), habrán pagado a la sociedad privada 16.902.220 UF, esto es 446.827 millones pesos a su valor actual.

Eso, sin considerar algunos subsidios variables también establecidos en el contrato, como el pago variable por sobre demanda de camas, pagos por servicio de alimentación adicional, entre otros.

Ahora, datos aportados por el Ministerio de Obras Públicas indican que el nuevo centro asistencial costará a la sociedad inversora 5.300.000 UF en obras civiles, 1.073.743 UF en equipamiento, y 2.630.815 UF en renovaciones durante la etapa de explotación (15 años), todo lo cual da como resultado 7.930.815 UF, unos 209.665 millones de pesos.

Con esto, puede decirse que al fin de la concesión el sector habrá pagado el 113% de lo invertido por la sociedad. O, dicho de otra forma, el equivalente a dos hospitales.

Análisis

Los números fueron analizados de distintas maneras por las autoridades locales.

La diputada Marcela Hernando dijo que el proyecto fue licitado en condiciones increíblemente ventajosas para el privado, incluso más que los otros hospitales que alcanzaron a entrar en este sistema, que ya no se emplea en proyectos del sector salud.

Hernando culpó de esto al Ministerio de Obras Públicas, que elaboró los contratos "sin intervención de Salud".

"Ahí no hubo ninguna persona experta del Ministerio de Salud que dijera cómo funciona un hospital, por eso se llegó a condiciones que en esa época ya me parecían escandalosas", manifestó.

El presidente del Colegio Médico, Aliro Bolados, en cambio abordó la decisión desde la perspectiva de su urgencia, y si bien reconoció que los retornos del privado podrían parecer elevados, dijo que la ciudad requería renovar y ampliar su hospital. De hecho, el dirigente explicó que la pronta inauguración del recinto representa un salto en calidad sólo comparable con el registrado en los años 60, cuando se pasó del antiguo Hospital El Salvador, al actual establecimiento.

"No soy experto en temas económicos, pero si la única forma que había de avanzar rápido era concesión, y esa fue la decisión de las autoridades... (silencio), a nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga buena salud y este hospital nos ofrece aquello", recalcó.

Desde el Servicio de Salud, en tanto, explicaron que el modelo de concesiones establece el pago de subsidios de acuerdo a las distintas etapas de construcción y operación del nuevo establecimiento.

Agregan que es importante distinguir entre el valor referencial de la obra civil (5.300.000 UF) y el costo total del proyecto, que incluye la habilitación, adquisición y reposición del equipamiento médico, mobiliario clínico y no clínico, y la operación de 14 servicios no clínicos por 15 años.

El servicio aduce finalmente que a nivel de inversión pública, el nuevo hospital "es el proyecto más importante desarrollado por el Estado desde Arica a Santiago" y que su puesta en marcha otorgará "un alto nivel de confortabilidad y calidad al servicio".