El 46,5% de las personas que están afiliadas al sistema de salud privado en la región (91.645 beneficiarios), sufrirán alzas en sus planes en el próximo proceso de adecuación de contratos, que se inicia en julio de 2017.

Se trata de los afiliados de las isapres abiertas Cruz Blanca, Colmena y Consalud, y la cerrada Fusat, que acaban de confirmar a la Superintendencia de Salud ajustes en el costo de los planes médicos.

El agente zonal de la superintendencia, Javier González, explicó que el promedio de alzas estará en torno al 3,8% (por sobre el IPC) y regirán desde julio de este año hasta junio de 2018.

González marcó una diferenciación entre esta decisión y la adoptada por el resto de las prestadoras, que optaron por mantener sus planes.

"Lo que vemos es que hay varias isapres, tanto abiertas como cerradas, que no han anunciado alzas en sus planes. Es más, el 51% de los cotizantes no sufrirá variaciones. Incluso hay algunas que por segundo o tercer año consecutivo no han aplicado un aumento de precios y con eso demuestran que es posible que esta industria funcione, incluso con utilidades, sin afectar a sus propios beneficiarios", indicó el abogado.

Durante 2016 a la superintendencia ingresaron 10.048 reclamos por alzas de precio base en los planes de salud, mientras que las cortes de apelaciones recibieron 143.310 recursos de protección por esta misma materia.

Ante esto, la autoridad dijo que las isapres deberían sopesar que la judicialización, podría tener finalmente mayores costos que una eventual alza.

Una vez recibida la carta de adecuación, los afiliados pueden acceder a la página de la Superintendencia de Salud www.supersalud.gob.cl para realizar el reclamo en línea o bien acercarse a la oficina regional, ubicada en calle Coquimbo 898, Antofagasta.

La otra opción es recurrir de protección a la Corte de Apelaciones, trámite que no requiere patrocinio de abogado.

reclamos por alza de 10.048

Ocho colegios particulares subvencionados de la comuna de Antofagasta, oficializaron ayer su traspaso al sistema particular pagado que propone la reforma educativa, en caso de no aceptar las nuevas condiciones de la Ley de Inclusión.

Los sostenedores del Netland School, San Agustín, Baptist College, Harvest Christian School, Liceo Experimental Artístico, Eagle School, Santa Emilia y The Giant School, entregaron la carta de traspaso en las oficinas de la Seremi de Educación.

En ella, los dueños de los planteles manifiestan que, pese a tener la intención de ser entidades sin fines de lucro, las condiciones inmobiliarias y de administración que impone la normativa para continuar en el sistema subvencionado, les resultan imposibles de cumplir.

Problemas

Nelson Bastías, representante legal de los colegios Baptist College y Harvest Christian School, manifestó que la decisión es "dolorosa", principalmente por el mayor costo que representa para los apoderados, quienes el próximo año verán encarecidos los aranceles por el fin del copago.

"Trabajamos con niños que son de escasos recursos. Nos vemos en una situación forzada. La ley nos lleva a un precipicio. También a nosotros nos traerá consecuencias económicas, sobre todo por el éxodo de alumnos", manifestó.

Rocío Eaglehurst, directora y representante legal del Eagle School, manifestó que lo más cómodo era continuar con el sistema de copago, sin embargo, "decisión se tomó por las imposibilidades inmobiliarias que impone la ley".

El establecimiento tiene más de 800 alumnos y, probablemente perderá unos 200, lo que generará incertidumbre en la economía del colegio.

"Decidimos continuar por la trayectoria que tenemos, pero sabemos que es una apuesta difícil", afirmó.

Gonzalo Tejada, rector del colegio Santa Emilia, manifestó que tomar la decisión fue "bastante difícil", pues el colegio está emplazado en un sector vulnerable y la mensualidad aumentará a más de $150.000, lo que traerá consecuencias importantes para los apoderados y el colegio.

"Siempre es una caja de pandora. Todo esto es un ambiente nuevo. Vamos a cumplir 33 años entregando educación en Antofagasta. Desde sus inicios el colegio ha sido subvencionado", argumentó.

Seremi

Los ocho colegios albergan a más de 10 mil alumnos y se calcula que un tercio de ellos podría emigrar por el mayor costo de los planteles.

La situación también afectará a los alumnos preferentes que pertenecen a estos establecimientos.

La seremi de Educación, Jacqueline Barraza, manifestó que los sostenedores están cumpliendo "de a poco" con las exigencias que establece la Ley de Inclusión en el sentido de notificar a la autoridad.

"Acabo de ver las cartas y vienen todas sin las nóminas de los apoderados y sin las firmas, pero independiente de eso, ellos están en su derecho y qué bueno que me hayan notificado, porque eso me permite tener una certeza respecto al plan que estamos trabajando para los apoderados", manifestó.

La autoridad recordó que hay plazo hasta el 30 de junio para que los sostenedores desistan de pasarse al sistema pagado. "Y yo los llamo a repensar la decisión, por el bien de las comunidades educativas", sostuvo Barraza.

La seremi contó que este lunes y martes se reunirá con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para informar la situación de la región.

"De Copiapó a Arica hay colegios que están en situaciones parecidas. Sin embargo, la única ciudad del país que está en esa postura es Antofagasta. Esto tiene que ver con el precio de los terrenos, precio de los inmuebles y tasaciones", indicó.

"La única ciudad del país que está en esta posición es Antofagasta. Esto tiene que ver con el precio de los terrenos y de los inmuebles".

Jacqueline Barraza,, seremi de Educación"