Elaborar en el más breve plazo los estudios necesarios para conocer el origen de las emanaciones que afectan al Liceo Industrial "Eulogio Gordo Moneo" y sus alrededores. Esta fue la principal conclusión de la reunión sostenida entre la Presidenta del directorio de la Cmds, alcaldesa Karen Rojo, y los máximos representantes de la empresa Sembcorp, concesionaria de la planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en la Avenida Edmundo Pérez Zujovic, entidad sindicada como la responsable de los malos olores.

Los personeros viajaron desde Singapur hasta Antofagasta para ponerse a disposición de la jefa comunal reafirmar su compromiso con la búsqueda de una solución definitiva que permita terminar con estos episodios.

La Comisión de Libertad Condicional de Antofagasta recibió 254 postulaciones de internos de la región, la mayoría de ellas de la Cárcel Concesionada de Antofagasta.

La instancia, encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones, Manuel Díaz, se reunirá los días 27 y 28 de este mes para revisar los antecedentes de los condenados y definir quiénes recibirán finalmente este beneficio.

En su última sesión, realizada en octubre de 2016, fueron revisadas 243 postulaciones, de las cuales 78 (32%) fueron acogidas.

Vocero

El vocero de la Corte de Apelaciones, ministro Óscar Clavería, explicó que la comisión analiza los antecedentes entregados por Gendarmería, en base al cumplimiento de los requisitos para acceder a dicho beneficio, que son haber cumplido la mitad o dos tercios de la condena; tener buena conducta; haber aprendido un oficio y asistir con regularidad a la escuela del establecimiento.

Este año, la Seremi de Justicia analizó las cifras de reincidencia entre internos que han accedido a la libertad condicional en la zona.

Los resultados mostraron que del total de libertades condiciones otorgadas en 2014 y 2015 en la jurisdicción, sólo en el 3,18% de los casos ésta fue revocada por nueva condena. En otro 12% el beneficio expiró porque el condenado no cumplió con la obligación de firma. Por el contrario, "más de 600 personas han podido reinsertarse", afirmó el ministro Clavería.

José Luis Ramírez M.

Mayores recursos para concretar las obras o una modificación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para rebajar exigencias, son dos caminos que explora -de momento sin éxito- la Municipalidad de Antofagasta para resolver los problemas que ponen en riesgo la operación este año del relleno sanitario Chaqueta Blanca.

La situación que -tal como informó este Diario la semana pasada- se está manejando en mesas de trabajo conjuntas y reservadas, guarda relación con los requerimientos que en su momento planteó la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP para minimizar riesgo de aluviones en la quebrada que da su nombre al relleno sanitario.

Ésta, si bien no registra historial de actividad, en opinión de la DOH, requiere obras de canalización de aguas lluvias y mitigación (canalones, pozos y muros, entre otros), trabajos que en definitiva hicieron insuficiente el presupuesto de obras civiles asignado al proyecto: $3.700 millones.

Preliminarmente se indica que el desarrollo de tales trabajos requeriría $3 mil millones adicionales, con lo cual el valor de Chaqueta Blanca prácticamente se duplicaría.

Petición

Frente a esto, la primera medida adoptada por el municipio fue contactar al Gobierno Regional buscando que éste aportara los recursos requeridos, sin embargo, aquella gestión encontró oposición dentro del organismo, donde existen cuestionamientos legales y administrativos a la idea.

Con este camino ya casi descartado, la municipalidad comenzó a privilegiar ahora una salida distinta, que es la modificación de la RCA de manera que las exigencias que encarecen el proyecto sean rebajadas o flexibilizadas.

Aunque de momento no ha ingresado ningún requerimiento de este tipo al SEA, se realizaron consultas en tal dirección.

En este contexto, esta semana la municipalidad se refirió oficialmente al tema que complica al relleno sanitario.

Ante consultas de este Diario, la casa consistorial explicó que el proyecto se encuentra "en plena ejecución", no obstante advirtió que deben generarse "condiciones que tiendan a resolver el cumplimiento de las exigencias establecidas en la RCA", las cuales agrega, fueron incorporadas "debido al cambio climático generado en la zona".

Estas necesidades fueron discutidas el lunes por la alcaldesa Karen Rojo y el director nacional de la DOH, Reinaldo Fuentealba, durante una reunión urgente en Santiago.

Allí Rojo solicitó formalmente la "revisión de la RCA" y que "se pueda generar el financiamiento necesario para su ejecución (de las obras)".

"Como municipalidad confiamos en la voluntad del gobierno para sacar este importante proyecto de ciudad, que tiene por objeto generar un cambio de paradigma respecto del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios", indicó el municipio.

Cambios

Lo cierto es que el escenario se torna muy complejo para el proyecto municipal.

La RCA aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental en abril de 2016 incorpora una serie de obras adicionales, mejoras que -hay que precisarlo- fueron ofrecidas por la empresa a cargo del contrato, Santa Marta, con el fin de lograr la calificación favorable de los servicios evaluadores.

Así, para muchos resulta incomprensible que el problema de la falta de recursos para financiar esos mismos cambios recién haya surgido en los últimos meses.

El problema de fondo radica -indican algunas fuentes- en que la RCA no puede modificarse y el camino que quedaría entonces sería la presentación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental, asunto que tardaría meses y que tampoco garantiza éxito porque, aunque existe voluntad de colaborar con el proyecto (así lo ha instruido el intendente Arturo Molina), los servicios no están en ánimo de rebajar exigencias.

Nuevamente ante insistentes requerimientos de este Diario, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP expuso su postura oficial frente al caso.

El director del organismo, Manuel Gutiérrez, indicó vía correo electrónico que el proyecto "debe cumplir todos los compromisos establecidos en la RCA". De no ser así, advierte, "se expone a sanciones por la parte de la Superintendencia de Medio Ambiente".

Gutiérrez agregó que si se proponen modificaciones por parte del titular (Santa Marta), éstas deberán ser evaluadas técnicamente por la autoridad ambiental.

"Desconocemos si el titular del proyecto ha realizado este tipo de solicitud al SEA. Una vez ingresada algún tipo de solicitud, si resultase pertinente, éste la deriva a los organismos involucrados para su evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Antofagasta solicitó a la DOH, a través de un oficio que ingresó el día 10 de abril, realizar 'una revisión de los criterios utilizados para la aprobación del sistema de evacuación de aguas lluvia'", explicó Gutiérrez.

Según algunas fuentes, la posibilidad de modificar la RCA, llegado el momento también será descartada, pero sí existiría la posibilidad de incorporar cierto "criterio de gradualidad" en las exigencias. Esto amparado en un fundamento técnico, toda vez que el relleno sanitario tiene un crecimiento proyectado en 20 años, y por ende los trabajos de canalización y mitigación aluvial podrían también programarse en ese horizonte. Los cálculos que se han lanzado indican que con esta fórmula, para iniciar las operaciones, las obras aluviales necesarias tendrían un costo de $500 millones, es decir, la sexta parte del valor total. Lo que resta resolver sería, nuevamente, quién asume ese costo. La municipalidad aspira a que sea el Gobierno Regional o la Subdere, y en estos servicios crece la opinión de que el contrato suscrito entre el municipio y Santa Marta obliga a la concesionaria a financiar cualquier adicional. Con todo esto, la apertura del relleno sanitario Chaqueta Blanca el 26 de junio es absolutamente incierta.