Jonás Romero Sánchez
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, expuso ayer las medidas que adoptará la institución para evitar situaciones como el fraude cometido con fondos públicos de la policía uniformada, el cual se cifra en 16.500 millones de pesos.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la eliminación del escalafón de Intendencia, repartición en la que se iniciaron las irregularidades, tras lo cual serán civiles "altamente calificados en la gestión y control financiero" quienes se harán cargo de las finanzas de la institución.
Otra iniciativa busca aumentar el tiempo de prescripción de las responsabilidades administrativas al interior de Carabineros (ver recuadro) y la retención de la renuncia de quienes quieran dejar la institución por un plazo de seis meses, con el fin de verificar que no hayan cometido delitos.
Auditorías externas
Otro de los cambios anunciados por Villalobos involucra la realización de auditorías externas para los departamentos donde se vean recursos.
"Se está trabajando en la licitación de empresas que puedan generar auditorias en todos los lugares donde haya recursos que maneje la institución", aseguró. Por otra parte, se implementará una "instancia" para denuncias anónimas ante situaciones irregulares.
Además, Villalobos confirmó el aumento de plazas para oficiales generales -serán cinco nuevos cargos-, y la creación de una nueva Ley de Inteligencia, junto con que todos los oficiales y suboficiales mayores realicen una declaración de patrimonio.
Nueva dirección
Por último, se creará la Dirección de Asuntos Internos, en conjunto con una unidad de análisis financiero. "Cuando se dice por qué la inteligencia no pudo detectar estas cosas, es a raíz de que las facultades que entrega la normativa legal y leyes especiales, como la actual Ley de Inteligencia, no entrega ninguna facultad para investigaciones de este tipo", dijo Villalobos.
Una mañana "agitada"
El detalle de la restructuración en Carabineros fue entregadodurante la tarde de ayer por Villalobos en la Escuela de la institución en Santiago.
Pero la agenda del general director comenzó temprano, con una reunión junto al ministro del Interior, Mario Fernández, en La Moneda.
Tras la cita, que se extendió por casi dos horas, el secretario de Estado pidió a los parlamentarios que también pudieran colaborar en esta tarea,ya que "muchas de las medidas necesitarán la aprobación del Congreso", precisó el ministro.
Fernández añadió que la presidenta Michelle Bachelet estaba al tanto del plan. "He informado a la Presidenta de la evolución de este trabajo, desde luego ella está suficientemente informada", puntualizó.
Para la anécdota queda el hecho de que, mientras Fernández atendía a la prensa en el Palacio de Gobierno, se produjo el primero de la serie de temblores que afectaron la zona central del país. A pesar del remezón, ni Fernández ni Villalobos dejaron su lugar.
Investigación penal
La investigación del Ministerio Público, que lleva adelante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, cuenta con 60 exoficiales formalizados, incluido el exgeneral Flavio Echeverría.
Según los antecedentes aportados por la Fiscalía en las distintas formalizaciones, entre los años 2010 y 2017 los implicados se asociaron, creando una organización jerárquica, la que operaba de forma permanente y estable en el tiempo.
En concreto, los funcionarios efectuaban transferencias electrónicas desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos y en retiro, a familiares de los mismos e incluso a civiles.
"Se incorporarán profesionales civiles altamente capacitados en la gestión y control financiero ".
Bruno Villalobos,, general director de Carabineros."
La prescripción de delitos
Uno de los problemas que enfrentó la Contraloría al investigar el fraude al interior de Carabineros es que las responsabilidades administrativas del caso estaban prescritas, debido a una norma especial de la institución. "Normalmente la responsabilidad administrativa de un funcionario público prescribe en cuatro años. En el caso de Carabineros de Chile, esta prescribe en seis meses", dijo el contralor Jorge Bermúdez. La idea de Villalobos es elevar este plazo a cinco años. Otro de los cambios es que se retendrá la renuncia de los funcionarios que piensen dejar la institución por un plazo de seis meses, para descartar la comisión de delitos.
millones de pesos es el monto en que la Fiscalía cifró el fraude, y advirtió que este "podría aumentar". 16.500
exoficiales están formalizados por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita. 60