José Luis Ramírez M.

Unas 2.800 familias podrían verse afectadas a nivel local, por la reactivación de un antiguo decreto del Minvu que margina a los habitantes de campamentos de beneficios y ayuda estatal para acceder a vivienda.

Así lo estimó Techo Chile, organización que criticó fuertemente la medida, que busca "desincentivar" el surgimiento de nuevas ocupaciones ilegales, sobre todo ahora que se aproximan elecciones.

La decisión fue oficializada por el Subsecretario de Vivienda a través de una circular enviada el 12 de abril a las direcciones regionales de Serviu y a los seremis de todo el país.

Allí se instruye no considerar para programas de vivienda social o infraestructura sanitaria a las familias que ocupen ilegalmente o usurpen inmuebles públicos o privados.

Además se aclara que estas familias no tendrán derecho a obtener una vivienda Serviu, o ser beneficiarias de subsidio, subvenciones o ayudas en cualquiera de los sistemas habitacionales que operen a través de Serviu o las municipalidades.

Catastro

La restricción se aplicará a las familias de los "nuevos campamentos", los que, para el caso nacional, son todos los reconocidos en el catastro realizado por el Minvu el año 2011.

En la Región de Antofagasta, sin embargo, se reconocerá a las familias catastradas como parte del Plan de Superación de Campamentos realizado por el gobierno en 2015.

De esta manera, a nivel local, las personas que no aparezcan en ese levantamiento, quedarán marginadas de toda ayuda por parte del Estado.

Según Techo, los perjudicados en la región serían unas 2.800 familias que no aparecen en el registro de 2015, pero sí en los catastros actualizados que maneja la organización.

"Ellos (Plan de Superación de Campamentos) reconocen 3.500 familias en 35 campamentos, pero de acuerdo a nuestra última actualización (2016) son 6.229 familias en la región en 46 campamentos, entonces hay una diferencia grande de familias que no están en el catastro que se está usando", dijo Milko Zenteno, director regional de la ONG.

Críticas

Zenteno criticó la política establecida por el Minvu, aduciendo que ella deja entrever un profundo desconocimiento de las razones que llevan a las familias a vivir en campamentos.

Esto, porque "se parte de la base que trasladarse a uno de estos asentamientos es lo más fácil para acceder a vivienda", y aquello no sería así.

"(La decisión ministerial) es no entender la realidad de las familias y por qué llegan a los campamentos, por qué se enfrentan a la cruda realidad de no tener los servicios básicos y otras carencias. Es una medida desconectada de la realidad", dijo.

Milko Zenteno estimó que de persistirse en esta política, gran cantidad de personas no podrá solucionar su situación y el problema de los campamentos se eternizará. Por eso pidió un cambio de rumbo.

"Hay conversaciones directamente con la ministra (Paulina Saball) por parte de nuestro capellán (Juan Cristóbal Beytía), y creemos que la línea va por el lado de no discriminar ni excluir a estas familias", precisó.

Disuasión

El seremi de Gobierno, Víctor Flores, reconoció que un porcentaje de familias que habita campamentos en la región podría quedar marginada de beneficios con la reactivación de esta política ministerial, pero estimó que se trataría de una cantidad "mínima".

Flores recalcó que, más que nuevos campamentos, lo que han surgido son anexiones a campamentos ya catastrados, y ahí -admitió- efectivamente podría haber alguna complicación no dimensionada.

El seremi explicó en todo caso que el gobierno y el Minvu trabajan con los asentamientos catastrados en 2011 y 2015, orientándolos para que se organicen y postulen a viviendas por la vía regular.

En cuanto a la motivación de la medida, Flores explicó que las restricciones de acceso a beneficios buscan disuadir nuevas tomas de terrenos o la instrumentalización de las mismas por parte de terceros. De esta forma, afirmó que la medida no es sino la reafirmación de la política de "tolerancia cero" a las nuevas tomas implementadas en la región.

Como un problema "más complejo de lo esperado", definió el intendente Arturo Molina la situación del relleno sanitario Chaqueta Blanca, proyecto que aún no tiene fecha clara de apertura debido a dificultades de financiamiento.

Como se ha informado, la iniciativa, que es ejecutada por la empresa Santa Marta para el municipio, pero con financiamiento de la Subdere, requiere una potente inyección de fondos para solventar obras de control aluvial incorporadas al proyecto durante su evaluación ambiental.

Dicho sobre costo fue comunicado hace sólo dos meses por el municipio al Gobierno Regional, lo que obligó a la conformación de una mesa técnica para buscar una salida.

En este contexto, Molina dijo que el Gore está a espera de lo que resuelva la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Mop respecto a una solicitud de reconsideración presentada por el municipio para tratar de rebajar las exigencias hechas al proyecto sanitario.

"Estamos esperando esa respuesta y una vez que llegue vamos a ver los caminos, porque lo que decidimos fue hacer todas las consultas necesarias a las instancias técnicas antes de definir", puntualizó.

Arturo Molina y la alcaldesa Karen Rojo, junto a sus respectivos equipos técnicos, han estado en constantes conversaciones debido a los problemas de Chaqueta Blanca, los que podrían implicar nuevos retrasos en su puesta en servicio.

Molina explicó que apenas se enteraron de los problemas, y pese a no ser el Gobierno Regional la unidad técnica a cargo (lo es el municipio), instaló una mesa de trabajo para afrontar las complicaciones.

En este sentido hizo notar que el Gore está poniendo "todo de su parte" y lo que desea es que las unidades técnicas trabajen "con la misma eficiencia". "Y entiendo que la alcaldesa Karen Rojo tomó cartas en el asunto", afirmó.