El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, reiteró ayer el respaldo del Gobierno al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en medio de la investigación del millonario fraude que afectó a la institución.

"Nosotros seguimos respaldado a Carabineros de Chile y a su general director. Hay una investigación en curso, y como hemos dicho, mientras esa investigación no termine no vamos a entregar una opinión al respecto", dijo la autoridad tras participar de la reunión mensual del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

"Nosotros, en general, no estamos en condiciones de preocuparnos, lo que estamos en condiciones es de ocuparnos de los problemas y en eso estamos", agregó Aleuy.

Gastos reservados

Un día después de que el exjefe del Departamento de Finanzas de Carabineros, el general (r) Flavio Echeverría entregara su declaración en calidad de imputado por la arista de los gastos reservados, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, interrogó al excoronel Jaime Paz, quien se desempeñaba en la misma división de la institución.

En esa arista se ha vinculado al alto mando de Carabineros, por lo que los antecedentes ya fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que analiza querellarse.

El fiscal nacional (s), Pablo Gómez, no descartó que esa arista sea asumida por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes.

"Es una decisión que tenemos que evaluar en su momento y la tomaremos también en su momento. Luego será comunicada a los demás", dijo el jefe (s) del Ministerio Público.

Garantías

Consultado respecto de la posibilidad de imputar cargos en contra del general director de Carabineros, Gómez enfatizó que se trata de una investigación reservada, aunque enfatizó que, "por supuesto, el rol del Ministerio Público precisamente es dejar a la ley como el nivel sobre el cual todos debemos respetar. Por lo tanto, no hay ninguna persona que esté sobre la ley".

"Y si los fiscales del Ministerio Público indagando un determinado hecho determinan que un sujeto es responsable, no importará la calidad del mismo para poder formalizarlo y continuar con el proceso penal", añadió.

Carolina Collins

El fiscal nacional (S), Pablo Gómez, anunció ayer que el Ministerio Público analizará la eventual incidencia de la ONG Amnistía Internacional (AI) en los incidentes ocurridos el miércoles al interior del Juzgado de Garantía de Collipulli.

Tras participar de la reunión mensual del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que se abordó lo ocurrido, el persecutor señaló que se estudiará el rol que jugó la organización en la creación de un "cierto ambiente de animadversión" contra el fiscal Enrique Vásquez, quien fue agredido en el tribunal de la Región de La Araucanía.

Los incidentes ocurrieron luego de que el Ministerio Público decidiera cerrar la investigación de una denuncia de presunto secuestro del lonko de la comunidad autónoma Temucuicui Víctor Queipul, que fue hecha a mediados de 2015.

Un grupo de al menos 20 personas ingresó al tribunal y agredió al fiscal Vásquez, lanzándole objetos que había en la sala. En el lugar también volcaron sillas, escritorios y computadores, además de agredir a gendarmes y otros funcionarios que intentaron proteger al persecutor.

Dardos contra ong

La Fiscalía apuntó a la ONG Amnistía Internacional, que estaba apoyando la presentación de un recurso a favor de Queipul.

Sobre la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, el fiscal nacional (S) aseguró que "esta audiencia se genera a raíz de la comunicación de una decisión de no perseverar de hechos denunciados por una persona que, citada a la fiscalía en innumerables oportunidades, no concurre a prestar declaración".

"Es decir, la propia persona que efectúa una denuncia respaldada por un abogado querellante no presta colaboración alguna en todos los meses que duró la investigación (...) al término de ella, este 2017 comunica la decisión de no perseverar, puesto que no tiene antecedentes que sean suficientes para fundar una acusación", agregó. Y afirmó que "Amnistía Internacional, en un acto irresponsable, comunica hechos que son bastante imprecisos y que en esa comunicación finalmente genera cierta animadversión y cierto ambiente que es lo que permite desembocar en estos actos que hemos repudiado con esta fuerza", agregando que analizarán si se configura algún delito.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo que en la querella que anunciaron por el caso pedirán dilucidar el rol de la ONG en los incidentes. "Ahí se determinarán no sólo los actores materiales de estos hechos, sino que también los intelectuales y la investigación arrojará las conclusiones que corresponden", dijo.

El ministerio del Interior y Seguridad Pública se querelló contra el alcalde de Calera de Tango, Erasmo Valenzuela, por la creación de la llamada "policía municipal", donde exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) con permiso para portar armas realizan labores de prevención delictual. La acción judicial, que fue anunciada ayer por el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, señala que en el municipio "se han arrogado las funciones de mantenimiento del orden y seguridad pública que legalmente le competen a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones".

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y la Universidad Católica en relación a la entrega del Aporte Fiscal indirecto (AFI), el que había sido eliminado del Presupuesto 2017. El acuerdo implica la entrega de un fondo de $2 mil millones a los planteles que lo recibían y en envío de una ley para eliminarlo formalmente. El rector Vivaldi comentó que "se ve tan feo que las universidades que tienen más sigan teniendo más y mucho más. Si se va a premiar, se le va a dar un dinero extra por una movida a las universidades más exitosas, también mandémosle a las que tienen más problemas". El rector de la UC, Ignacio Sánchez, dijo que "me sorprende que el rector Vivaldi dijera que quiere participar de estas conversaciones. Esta conversación se produjo porque nuestra universidad hizo una demanda, a la cual durante todo un periodo de más de un mes y ninguna más la secundó.

Presentan proyecto que busca instalar un régimen semipresidencial

Los senadores Andrés Allamand, Carlos Montes, Hernán Larraín, Felipe Harboe y Andrés Zaldívar presentaron ayer un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un régimen semipresencial en Chile. "Lo que queremos hacer, es una aproximación sin afectar el régimen presidencial, una aproximación a un mejor equilibrio entre la función del parlamento y las políticas del Ejecutivo en el gobierno", puntualizó Zaldívar. La iniciativa se fundamente en "la desconfianza ciudadana hacia la política y las instituciones, el descrédito de todos los poderes públicos y las exigencias crecientes de una sociedad civil exigente y muy activa en redes sociales". El régimen "obliga" al Ejecutivo a dirigir el gobierno con el apoyo y compromiso real de la mayoría del Congreso. "El Congreso Nacional asume no sólo facultades legislativas, sino que a través de sus integrantes también adquiere responsabilidades de Gobierno", plantea.