La Comisión de Salud del Senado aprobó ayer, en el marco de la tramitación del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, el plan de acompañamiento para mujeres embarazadas. La iniciativa contempla ayuda psicosocial a las mujeres cuyos embarazos estén dentro de las tres causales (inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación) para que consideren otras alternativas. "Hoy día se establece como un derecho, eso es un gran cambio (en el proyecto)", dijo la senadora de la DC, Carolina Goic. "Es un derecho para todas las mujeres, independiente de si están en el sector público o en el sector privado de salud. Van a tener acceso; incluso aquéllas que están en el sector privado van a poder atenderse en el sector público si es que su prestador de salud no lo cubre. O sea, aquí hay un cambio sustantivo, porque antes era algo que podía darse o no", agregó la candidata presidencial.

Los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), se sumaron ayer al paro convocado para el jueves 1 de junio por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Los secundarios, asimismo, llamaron a una jornada de protestas para mañana, previo al discurso de cuenta pública que dará la Presidenta Michelle Bachelet el jueves. La vocera de la ACES, Sara Robles, manifestó que "nos toca nuevamente escuchar un discurso lleno de mentiras, porque no han hecho nada más que engañar a los movimientos sociales. Igual que como hace un año se lo dijimos, este año se lo decimos nuevamente, fracasaron".

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer una ley que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, sancionando el maltrato infantil y a otros grupos vulnerables. La nueva norma modifica el Código Penal, la Ley de Violencia Intrafamiliar, el Código Procesal Penal y otras normas, para establecer nuevas penas, delitos y reglas respecto a conductas que involucren maltrato psíquico o físico, contra menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. "Hablamos de agresiones que, además, costaba mucho perseguir al no dejar, muchas veces, lesiones físicas evidentes o constatables. Hoy estamos haciendo justicia con las víctimas de maltrato, diciendo fuerte y claro a la sociedad que la violencia no es aceptable, en ningún lugar, de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia", sostuvo la Mandataria. La ley establece como pena la privación de libertad y la inhabilitación absoluta -perpetua o temporal- para cargos, empleos, oficios o profesiones en educación, salud o que involucren una relación directa y habitual con tales sujetos.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, reiteró ayer el llamado a los funcionarios de Aduanas en paro a retomar el diálogo para terminar con la movilización que comenzaron el miércoles pasado, tras acusar que el Ejecutivo ha incumplido el proyecto de ley que mejora sus condiciones laborales.

El llamado de La Moneda ocurrió tras las insistentes críticas del Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusa que el paro está perjudicando la economía de su país en US$11 millones diarios.

"El paro de Aduanas sin dudas afecta a un sector muy estratégico del país, es una situación que preocupa y que tiene un impacto en nuestra actividad económica. Por lo tanto, el llamado del Gobierno es a retomar los espacios de dialogo", dijo Narváez, reiterando el llamado que hizo primero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

La vocera destacó que el Gobierno "ha tomado medidas contingentes para poder abordar esta situación, apoyando los pasos fronterizos a lo largo del país con otros funcionarios en comisión de servicio, que permita de esa manera ver menos afectados y mitigar los efectos de esta paralización".

Reclamo boliviano

Morales, denunció ayer que el paro aduanero impide la exportación de estaño de Bolivia a mercados de Estados Unidos y Alemania y que eso tiene un impacto en la economía boliviana. "Paro en Chile impide que exportemos nuestro estaño metálico a mercados de EE.UU. y Alemania. Daña la producción y la economía nacional", publicó a través de una cuenta Twitter.

El Mandatario también anunció enviaron agua y comida al paso fronterizo Pisiga-Colchane y pidió al Gobierno de Chile que se permita la distribución de los alimentos a los camioneros.

Según las autoridades bolivianas, actualmente hay unos dos mil camiones varados con mercancías a ambos lados de la frontera.

Carolina Collins

Por más de una hora se reunieron ayer en el Palacio de La Moneda el ministro del Interior, Mario Fernández, y el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, quien acudió a detallar las medidas que se han implementado en la institución, tras el millonario fraude que la afecta.

Tras la cita, el secretario de Estado sostuvo que "el Gobierno quiere reiterar el respaldo que el mando institucional tiene para afrontar la crisis que ha vivido la institución y quiero destacar la responsabilidad y la celeridad con que se han ido cumpliendo todos los compromisos".

Asimismo, Fernández destacó que la reunión fue "muy fructífera, porque el general Villalobos no solo ha traído las 8 medidas que cumplían 30 días, sino que también se ha avanzado en varias medidas cuyo cumplimiento estaba previsto para 60 días, 90 días e incluso 120 días".

Detalles de 15 medidas

El ministro detalló que entre las 15 medidas que le presentó Villalobos, hay proyectos de ley, proyectos de decreto supremo, el establecimiento de la Contraloría Interna de Carabineros, y la Unidad de Control Interno, entre otras acciones que ya están en cumplimiento.

Por su parte, Villalobos explicó que "aquí hay 10 órdenes generales que nacen del aparataje institucional y que modifican algunas estructuras institucionales y orgánicas que tienen que ver con el control y fiscalización a los que están sometidos algunos departamentos".

"Mi idea es solucionar el problema y no arrancarme sin solucionarlo antes", manifestó nuevamente el general.

Comisión investigadora

Por otro lado, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el fraude, realizó ayer una nueva sesión, a la que estaban citados los ex generales directores Eduardo Gordon, Gustavo González y Alberto Cienfuegos.

Éste último fue consultado por el diputado Hugo Gutiérrez (PC), específicamente por las acusaciones contra el senador Felipe Harboe (PPD), que aseguraban que recibió sobresueldos de los gastos reservados cuando fue subsecretario de Carabineros, entre los años 2002 y 2006.

El general (r) Cienfuegos, quien lideró la institución entre 2001 y 2005, fue categórico al señalar que "no recibió".

Asimismo aseguró que nunca recibió ninguna alerta respecto de la malversación mientras ocupó el cargo.

Cienfuegos también fue consultado el ex general Julio Pizarro Konga, quien era jefe de Finanzas en su época y es sindicado como uno de los posibles implicados en el desfalco. Al respecto aseguró que "nunca escuché que él no se hiciera cargo con pleno profesionalismo y probidad. Es una persona muy seria, muy profesional y muy ponderada".

"No nos cerramos a que (los imputados) puedan ser más de 100, pero desde ya puedo decir que son más de 65".

Eugenio Campos, Fiscal regional de Magallanes."