Benjamín Blanco

La solicitud del senador Pedro Araya (Indep.) para que Contraloría se pronuncie sobre la indemnización de más de $500 millones que recibió Augusto González, generó un inédito contencioso entre el órgano fiscalizador del Estado y la máxima cuprífera del mundo, que tiene a esta última en un escenario de "incertidumbre", que incluso está atrasando "decisiones claves", según señalan desde la misma empresa.

Y es que luego de la solicitud de Araya, la Contraloría realizó observaciones no sólo a los planes de egreso, que derivó en la millonaria indemnización de González (exdirector de Codelco), sino también a los contratos de la minera con empresas relacionadas, que son aquellas que cuentan con profesionales que poseen vínculos familiares con trabajadores de la cuprífera.

Además objetó algunos gastos misceláneos, como los 30 mil dólares que pagó al humorista Hervi por más de 100 viñetas durante 10 años.

Mediante un dictamen y una auditoría, Contraloría cuestiona el mérito de las decisiones de la empresa pública y, entre otras cosas, prohíbe que celebre negocios con partes relaciones, instando a privilegiar licitaciones públicas.

La situación ha generado malestar en la administración de Codelco, que considera que el ente fiscalizador se está excediendo en sus facultades "al evaluar el mérito financiero, económico y minero de las decisiones, lo que está prohibido en la ley", según denunció el presidente del directorio de la minera, Óscar Landerretche, ayer en radio Cooperativa.

A lo anterior se añade que los cuestionamientos -lamentan al interior de la estatal- llegan luego del plan que ha llevado adelante Landerretche y el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, que busca incrementar los niveles de probidad y transparencia en Codelco. A ello, también critican el aprovechamiento mediático de algunos parlamentarios en este caso.

Nuevo protocolo

Para evitar complicaciones y ante este nuevo escenario, Codelco está impulsando un nuevo protocolo, ideado por el equipo jurídico de la empresa encabezado por Nicolai Bakovic, donde se privilegia las licitaciones públicas.

La idea es evitar que, a futuro, el órgano contralor realice nuevas objeciones que incluso pueda tener consecuencias legales para la plana ejecutiva. Si bien esta pauta jurídica puede "disminuir los riesgos" generaría una ralentización de los proceso internos, ya que, según señalan las mismas fuentes, una licitación privada toma entre tres a cinco meses, mientras que la licitación pública demora el doble.

"Tenemos como referencias las grandes mineras y competimos con ellos. Se pueden atrasar decisiones clave (...) todo se hace vía licitaciones pública", explican desde la cuprífera.

Con todo, en Codelco lamentan que los cuestionamientos de Contraloría lleguen luego de que las licitaciones privadas cayeran de un 47% a un 43% y las asignaciones directas pasaran de 12% al 0,7% tras las medidas impulsadas por el nuevo directorio.

Pero también existe otro temor, más allá de los altos ejecutivos, respecto a los cuestionamientos posteriores que pueda realizar Contraloría, si es que no se aclara su rol.

Y es que muchos funcionarios no quieren tomar decisiones, por la incertidumbre que se instaló en la empresa, generándose un ambiente de "delegación inversa".

Trascendió que esto está generando dos consecuencias: la salida de trabajadores con alta expertise que no están dispuesto a seguir en esos términos y la generación de pérdidas, que a "la larga pueden significar una cantidad de millones de dólares de tres dígitos por lo menos", asegura una fuente de la empresa.