Vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho constitucional que como ciudadanos debemos exigir y el Estado cautelar, en especial en zonas como la nuestra en que la relación con fuentes contaminantes es histórica. Hace algunos días presentamos un estudio preliminar -encargado a una empresa externa- en el Liceo Industrial de Antofagasta y sectores habitacionales cercanos, que detectó gases vinculados a procesos industriales de plantas aledañas al recinto educacional.

Las políticas medioambientales aplicadas en 2010 y que incorpora un ministerio de Medio Ambiente; una Superintendencia que fiscaliza y sanciona; un Servicio de Evaluación Ambiental y tres Tribunales Ambientales, necesitan de recursos financieros disponibles y suficientes para estar a la altura de los desafíos que la región demanda, con equipamiento de alta tecnología para medir y cuantificar los daños medioambientales y funcionarios altamente capacitados que garanticen a la población una correcta fiscalización.

A tres años desde la primera emanación, estamos sumando más actores, como el Colegio Médico, que apoyan y aportan en la tarea de buscar soluciones, incrementando los esfuerzos para dar fin a esta fuente contaminante y así dar tranquilidad a comunidad educativa del Liceo Industrial, del Jardín Infantil Caracolito y del Cesfam Rendic.

La situación que hoy vive el sector, que afecta a 40 mil habitantes, evidencia esta relación histórica ciudad-industria, por esto es necesario consolidar el traslado de procesos industriales de alta carga ambiental fuera del radio urbano y en parques industriales definidos.

Si bien las medidas que se adopten a corto y mediano plazo para garantizar el cumplimiento de este derecho universal son urgentes, la decisión de dar el gran paso hacia la actualización del Plan Regulador es cada vez más válida y acertada, porque en definitiva el estudio que ya estamos desarrollando nos permitirá proyectar a Antofagasta hacia las próximas décadas como una ciudad inteligente y sustentable.

Tras estos resultados, llamo a la reflexión respecto del rol que cada uno de nosotros debe asumir en materia medioambiental, en especial a las industrias y a su compromiso de sustentabilidad, llamo a que colaboren con el bien común invirtiendo en tecnología y mejorando los procesos de producción para no generar efectos colaterales en su entorno y -en especial- en la salud de la población.

Karen Rojo Venegas

Alcaldesa de Antofagasta

El Clúster Minero de la Región de Antofagasta es y ha sido un modelo económico que se impulsa desde fines de los años 90. Hemos transitado en distintas épocas y momentos, estableciendo encadenamientos productivos entre las operaciones mineras, los grandes proveedores, las universidades regionales, colegios y las Pymes. Esa alianza hoy, y luego de más de 20 años de trabajo, nos inspira a transitar a una nueva fase, reimpulsada desde 2014 con la meta de liderar procesos clave de innovación minera.

Para esta nueva etapa fue necesario adicionar la decisión territorial descentralizada en materia de fomento e industria, ante asimetrías de mercado que se deben vencer. De ahí que la descentralización se torna un proyecto emblemático del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que se materializó en forma piloto en la Región de Antofagasta para acelerar procesos de innovación, de formación de capital humano y de fomento a la inversión privada.

Desde el 2014, somos la región con mayor crecimiento en patentamiento gracias a una alianza con INAPI que nos permitió entregar dos patentes industriales, una de ellas de carácter internacional. En el último año (2016), hemos invertido más de 13 mil millones de pesos en Pymes regionales para que den un paso decisivo en el desarrollo de nuevas tecnologías y de bienes y servicios con mayor valor agregado.

La alianza estratégica es clave, por eso con el Gobierno Regional y el Ministerio de Bienes Nacionales hemos abierto hace una semana, un programa de apoyo y fomento a empresas regionales, a través seis líneas de apoyo a la inversión privada, para desarrollar una oferta de proveedores tecnológicos capaces no sólo de abordar los desafíos de las operaciones mineras del cobre, sino que también puedan dar respuesta competitiva y de negocios a otras industrias como la energía, astronomía y litio. Los recursos basales para este impulso a la inversión y desarrollo de proveedores tecnológicos en nuestra región ascienden a $4 mil millones, que se complementan con los emplazamientos industriales en materia de terrenos que se han dispuesto para este programa.

En materia académica también destaca el trabajo colaborativo entre la UCN y la Universidad de Antofagasta, a través del proyecto Ingeniería 2030 que implica que las carreras de ingeniería logren estándares de competitividad mundial a través del concepto de Macrofacultad entre ambas casas de estudio, que permitirá que nuestros jóvenes se especialicen, compartiendo sus planteles y conocimientos.

Tenemos hoy una oportunidad real a partir de la experiencia regional y la firme convicción que el mercado no resuelve todos los problemas del desarrollo, existen herramientas públicas descentralizadas con presupuesto regional disponibles, conocimiento empresarial que junto a la investigación de nuestras Universidades y centros de I+D están dando sus frutos hacia la creación de una oferta de nuevas tecnologías de clase mundial.

Cabe entonces entender que el Clúster de la Región hay que evaluarlo en la magnitud temporal de largo plazo, considerando los resultados transformadores económicos y sociales en un espacio industrial propio y con oportunidades de crecer y expandirse a nuevas industrias presentes en la Región con mercados mundiales que abastecer. Los invito a continuar y dar el salto, para ser líderes en innovación minera, con marca propia y con sentido regional.

Marlene Sánchez Tapia

Directora Ejecutiva Comité de Desarrollo Productivo Regional

Un nuevo episodio de corte del suministro de agua potable se vivió a propósito (esto es una evaluación preliminar) de problemas en el sistema que alimenta de energía a uno de los centros de control de los motores de la desaladora de Aguas Antofagasta.

El tema no es en ningún caso superfluo, más aún reviste cierta gravedad por la cantidad de clientes y familias afectadas: unos 34 mil y 120 mil personas.

A propósito de lo anterior, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) remitió a la sanitaria un oficio advirtiendo el inicio de una investigación.

La indagación apunta en dos direcciones. Por un lado, se pesquisa un incumplimiento de la sanitaria a su obligación de dar continuidad de servicio, lo que se puede traducir en una multa de 1 a 50 Unidades Tributarias Anuales (UTA), de $560.880 a $28.044.000. En paralelo, la SISS deberá determinar si la falla puso en riesgo la salud de la población, en cuyo caso la sanción sería de entre 1 y 1.000 UTA, $560.880 a $560.880.000.

No es la primera falla masiva que registra el sistema y lamentablemente no será la última; lo preocupante es que poco a poco se instala cierta convicción de que estamos ante un servicio feble, lo que es crítico considerando que el 75% de la población de la capital regional es abastecida con agua de mar y ese rango debiera llegar al 100% en un plazo relativamente breve.

Parte del juicio anterior colisiona con las palabras de ejecutivos de la sanitaria, quienes aseguran que "la probabilidad de una nueva falla es muy baja debido a que la planta desaladora tiene un diseño muy robusto".

Pero las dudas están instaladas y son legítimas.

Antofagasta estaría en un problema grave y severo en caso de enfrentar un corte eléctrico severo, también en caso de fallo en la misma desaladora y hay pocas alternativas para enfrentar situaciones complejas.

Al estar la ciudad en medio del desierto más árido del planeta, la alternativa de desalación ha demostrado ser una solución óptima y creativa, pero se requieren ciertos respaldos que deben ser asumidos como una necesidad imperiosa. En esto -definitivamente- falta un análisis más acabado de los riesgos que tiene este sistema básico para la población.