La Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley General de Bancos, con el propósito que estas entidades enfrenten de mejor manera las eventuales crisis o situaciones de inestabilidad del mercado.

Esta iniciativa es clave para modernizar el sistema bancario nacional, ya que adopta los estándares de Basilea III, conjunto de medidas propuestas por el Foro de Estabilidad Financiera (FSB) y el G-20 para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime, mediante la regulación, supervisión y manejo de riesgos.

"Estamos dando un paso más, uno muy importante además, en la construcción de mejores bases para el desarrollo económico, en línea con las otras iniciativas de modernización económica", dijo la Presidenta, quien agregó que el Gobierno se ha preocupado de fortalecer "distintos ámbitos del mercado financiero, de modo tal de hacerlo más sólido, transparente, confiable e inclusivo".

Protección a depositantes

La propuesta pretende que los bancos financien sus actividades con una proporción mayor de recursos propios y aumenten la calidad de las fuentes alternativas de capital.

Este mayor caudal permitirá absorber más adecuadamente las eventuales pérdidas derivadas de situaciones de inestabilidad o crisis bancaria, con lo que se pretende evitar que sean los depositantes y contribuyentes quienes carguen con las pérdidas.

Nueva institución

La actual Ley General de Bancos data de mediados de los 80, momento en que fue diseñada como una respuesta a la crisis de la deuda de comienzos de esa década. Hasta ahora, la única modificación sustantiva fue realizada en 1997.

El proyecto ratificado ayer contempla el traspaso de las funciones que desempeña la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero, organismo creado para lograr una institucionalidad "eficaz y moderna", dice el texto legal.

Más protección

El proyecto de ley también permitirá a las casas financieras enfrentar choques de distinto tipo, porque se modifican los requerimientos de capital y gestión de riesgos, adaptándolos a los estándares de Basilea III.

La moción incluye el aumento de la garantía estatal sobre depósitos a plazo (de 120 a 200 UF) y establece que no podrán ser directores de bancos "aquellas personas que hayan incurrido en conductas graves que hayan puesto en riesgo la estabilidad de la institución en la que se desempeñaban o la seguridad de los depositantes".

Cambios paulatinos

"Todos los cambios contemplados en este proyecto serán implementados de manera paulatina, para que las instituciones cuenten con el tiempo suficiente para adaptarse"y evitando así restar competitividad, dijo Bachelet.

fue la última reforma sustantiva a la legislación bancaria, que data de la década de los 80. 1997

UF será el aumento del límite de garantía estatal de los depósitos, actualmente fijado en 120 UF. 200

La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) es el principal centro de operaciones bursátiles del país, el cual ayer concretó su proceso de desmutualización. Esto facilita el acceso a nuevos accionistas, otorgando movilidad a las finanzas nacionales. Esta modificación produjo el canje de un millón de acciones de la Bolsa por cada una de las existentes en la actualidad.

El proceso de desmutualización de la Bolsa se inició a comienzos de 2015, con la formación de un Comité de Desarrollo Estratégico para estudiar experiencias exitosas en Brasil, España, Colombia, México y Canadá, lo que culminó con la aprobación del proyecto por amplia mayoría durante la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada en marzo pasado.

"Estamos iniciando una nueva etapa en la historia de la Bolsa de Santiago, en que esperamos introducir mayores grados de competencia, incrementar los niveles de eficiencia y transparencia y fortalecer el mercado de capitales chileno, beneficiando así a emisores, inversionistas e intermediarios que participan de él", afirmó el presidente de la entidad, Juan Andrés Camus.

Desde ayer no es necesario ser accionista de la Bolsa de Santiago para operar como corredor en la plaza bursátil, debido a la existencia de nuevos requisitos legales, operacionales y de riesgo, junto a la exigencia de garantías variables en función de los volúmenes de operación del corredor, las que no excederán las 50 mil UF (más de $1.334 millones).

La reforma también implica modificaciones al gobierno corporativo y la obligación que el directorio de la entidad esté integrado por once miembros, con al menos tres directores no vinculados a la Bolsa y a las corredoras, uno de los cuales, además, debe carecer de vínculos con los emisores inscritos.

La medida del centro de operaciones contempla la creación de comités de usuarios integrados por emisores, inversionistas y corredores, sumado a la obligatoriedad de tener un Código de Buen Gobierno Corporativo.

Límite a la propiedad

La modificación al sistema que entró en vigencia ayer incluye un límite a la concentración de la propiedad, donde ninguna persona, natural o jurídica, en forma individual o conjunta, puede poseer, directa o indirectamente, más del 25% del capital accionario de la Bolsa.

Adicionalmente, el nuevo método de trabajo estableció el canje de un millón de acciones por cada título de la Bolsa de Santiago, de manera de aumentar la liquidez y facilitar la negociación de las acciones de la propia entidad en el mercado.

"Esperamos que nuevas corredoras se incorporen a la Bolsa de Santiago en los próximos meses, fortaleciendo la oferta de oportunidades que pueden ofrecer a sus clientes, ampliando las alternativas para sus usuarios y contribuyendo a la integración de nuestros mercados", señaló el presidente de la Bolsa de Santiago.

El presidente de la Bolsa de Santiago señaló a El Mercurio, días previos a la entrada en vigencia de la medida, que ésta busca "desintegrar la relación que existió tradicionalmente de las bolsas con los corredores".