La productora F2, a cargo del empresario Matías Flores, pidió investigar el contrato de la productora 'Cafeína' con el municipio antofagastino por considerar que existen intereses personales en la adjudicación de la licitación.

Esto porque, según Flores, uno de sus integrantes y director creativo de la productora, Pablo Cantero, es pariente directo de Francisco Barrios, jefe de gabinete de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.

En el documento ingresado ayer a Contraloría, la productora indica que la presentación tiene la finalidad de determinar si la adjudicación de los servicios se ajusta a la legalidad vigente.

Matías Flores aseguró que con esta presentación buscan transparentar información y que las reglas sean para todos las mismas. "Todos debemos tener las mismas oportunidades. A nosotros nos hacen firmar un documento donde nos preguntan si hay o no conflicto de interés. Ellos declararon no tener y sí existe", sostuvo.

En el documento también presentan un árbol genealógico y una serie de documentos que buscan confirmar sus acusaciones.

Asimismo, manifestó "esperamos que se resuelva de la manera más transparente. Lo que queremos es que se deje desierta. Nosotros hicimos un trabajo serio".

Carmen Cisternas, representante legal de 'Cafeína', comentó que "esto mismo pasó en la licitación de 2013. F2 quedó fuera de competencia porque se equivocaron en la fecha de la garantía. Este es el show de siempre. No voy a pedir perdón por trabajar con un Cantero. La municipalidad es un cliente, como todos los que tengo en la región y el país. Pablo (Cantero) no es socio, él es el director creativo", aclaró.

Con charlas técnicas en los sectores del rajo, planta, sala de control y laboratorio, 30 estudiantes de la Universidad de Antofagasta conocieron las instalaciones de la minera Sierra Gorda SCM, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de sus procesos productivos. La delegación fue liderada por el doctor José Delgado, director del Departamento de Minas.

Serviu supervisa construcción de 126 viviendas sociales en sector alto

La directora regional del Serviu, Isabel de la Vega, recorrió las obras del proyecto habitacional "El Salar", emplazado en la avenida Padre Alberto Hurtado, y que registra un 11% de avance. El suelo donde realizan la construcción de 126 viviendas tiene alto contenido salino, por ello realizaron fundaciones de micropilotaje.

José Luis Ramírez M.

A menos de una semana de que expire el plazo vigente para la entrega del relleno sanitario Chaqueta Blanca (26 de junio), la solución al problema financiero que mantiene en jaque a la iniciativa parece lejana.

El proyecto -según un informe presentado hace unas semanas por el municipio al Consejo Regional- se encareció en $3.221 millones debido a modificaciones realizadas durante su etapa de evaluación ambiental, y la idea de la administración edilicia es que tales recursos sean aportados por el FNDR ($1.493 en una primera etapa este año).

Aquella aspiración, sin embargo, acaba de sufrir un serio tropiezo, puesto que la Subdere estimó que no corresponde entregar más fondos públicos a la iniciativa municipal, y que, por el contrario, cualquier modificación de costos debe ser asumida por la empresa que se adjudicó el diseño, construcción y explotación del proyecto: Consorcio Santa Marta.

Así lo consigna el Ordinario N° 1263, del 14 de junio de este año, firmado por el subsecretario Ricardo Cifuentes y dirigido a la diputada Marcela Hernando, quien en marzo había pedido aclarar la procedencia de eventuales nuevos aportes.

Preguntas

En el oficio Cifuentes responde haciendo suya una opinión expresada internamente por el Gobierno Regional, la cual apunta a las condiciones establecidas durante la licitación del relleno sanitario.

De esta manera, se explica que a partir de las consultas y aclaraciones realizadas en dicho proceso, "es responsabilidad de la empresa considerar en su oferta todos los aspectos necesarios para la obtención de las autorizaciones exigidas".

Y lo más importante, aclara que "de existir variaciones de costos entre la oferta presentada por el adjudicatario y el resultante del proceso de evaluación ambiental, éstos deberán ser asumidos por la empresa adjudicada".

Para avalar esta interpretación, en el mismo oficio enviado a Hernando se citan las respuestas entregadas a distintos oferentes durante la licitación del proyecto.

En estas respuestas (12 en total) se deja establecido como puntos principales que la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental es responsabilidad del adjudicatario y que los mayores costos también corren por su cuenta.

Intentos

El oficio de la Subdere deja en un incómoda posición a la municipalidad, que por ahora tiene sus esperanzas puestas en un aporte extraordinario desde el FNDR.

Hay que recordar que con este fin, solicitó la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno, y hace unas semanas logró que 9 de los 16 consejeros regionales visitaran el proyecto y conocieran su estado de avance, preparando el camino para un requerimiento.

La diputada Marcela Hernando explicó ayer que la respuesta de la Subdere complica cualquier salida, por cuanto "ni el gobierno, ni el Core, ni la misma municipalidad podrían entregar recursos para estas obras en específico".

Hernando destacó que las respuestas que especifican esto fueron entregadas por la propia municipalidad (unidad técnica del proyecto) durante las aclaratorias del proceso de licitación, por lo que mal podría hacerse ahora una segunda lectura del tema.

"La responsabilidad de la empresa respecto a las modificaciones que surgieran era algo aceptado y conocido por todas las partes", aseguró.

Para Hernando, además de irregular, una eventual vista gorda de esta condición abre la puerta a demandas de los oferentes que no se adjudicaron la propuesta pública, antecedente que también debe ser observado con atención.

"A mí se me ocurre que vamos a tener que poner a muchos abogados a pensar cómo salimos de este zapato chino", resumió la legisladora.

Hernando dijo estar esperando ahora una respuesta de Contraloría, organismo al que también solicitó un pronunciamiento sobre el tema.

La consejera regional Sandra Pastenes, presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Core, estimó que con estos antecedentes, la posibilidad de nuevos aportes públicos al relleno sanitario se aleja.

"Teniendo toda la voluntad de buscar una salida, en este momento no veo cómo podríamos colaborar", afirmó.

Pastenes recordó que el Core aún no recibe una petición oficial de recursos, por tanto recalcó que quien debe agotar los análisis para no poner al organismo frente una petición aparentemente ilegal, es el intendente Arturo Molina, a quien recomendó realizar una consulta a Contraloría.

Pese a ser contactada, la municipalidad no se pronunció ayer sobre la respuesta de la Subdere.