Eugenio Sugg Gálvez

Sólo detalles de forma faltaban durante la tarde de ayer para que Minera Escondida formalizara la propuesta final para renovar la jornada excepcional de trabajo con su Sindicato N°1 de Trabajadores. Así lo informó el vocero de la organización sindical, Carlos Allendes, quien aseguró que ya había un acuerdo entre los equipos negociadores y que entre ésta y la próxima semana sería presentado a las bases para su votación.

"Sólo falta afinar algunos aspectos de carácter legal, que esperamos despejarlos durante la tarde-noche de hoy (ayer). No queremos que esto pase más allá de hoy. Vamos a entregar una respuesta a lo que ellos nos propusieron para que redacten un acta formal y llevarla a las bases. Estamos de acuerdo con todo lo relacionado a los costos... sólo debemos ver cómo quedará redactada el acta", aseguró Allendes.

Según informó el dirigente sindical, el acuerdo se extenderá por tres años. "Por esa razón es que es muy importante plasmar el acuerdo en un documento que no deje espacio a interpretaciones. Ese es un tema fundamental para nosotros y por eso hemos sido tan cautos en el avance de esta negociación donde nos hemos tomado todo el tiempo necesario", dijo.

Allendes adelantó que -una vez con el documento definitivo redactado- llevarán la propuesta a las asambleas. "Eso podría ocurrir a partir de mañana (hoy) y podría terminar la próxima semana, ya que debemos presentar también al otro turno. Será rápido", afirmó.

Compensación

Pese a que tanto la organización sindical como la empresa han evitado revelar las cifras comprometidas en esta negociación, Allendes aseguró que lo ofrecido por la compañía se acerca bastante a lo que solicitaron.

El sindicato apostaba a conseguir una compensación similar a la obtenida en 2013 cuando se instauró la jornada excepcional en la principal minera privada del país. En esa oportunidad recibieron $4 millones por acogerse a la jornada y $2 millones por implementarla inmediatamente.

Finalmente, Allendes valoró el buen entendimiento que alcanzaron con el equipo negociador de la empresa, el cual fue encabezado por Marcelo Castillo, el mismo que lideró la compañía durante la última huelga de 44 días que finalizó -sin acuerdo- durante los últimos días de marzo.

Impacto

Aunque la evaluación de los turnos 7x7 ha resultado muy positiva -tanto por parte de las empresas que se acogieron como de sindicatos y trabajadores-, su impacto sobre la economía de la región son constantemente cuestionados por diversas organizaciones y actores.

Un último cálculo hecho en agosto de 2016 reveló que anualmente su "fugan" de la región unos US$895 millones en sueldos de trabajadores que vienen sólo a laborar a la zona, pero viven en otras regiones.

Ese es dinero -a diferencia de los impuestos y utilidades- que va directamente a la economía regional y que -sólo para dimensionar- alcanzaría para construir hasta tres hospitales como el que se levanta actualmente en la ciudad.

Adicionalmente, un estudio desarrollado por los economistas de la Universidad Católica del Norte (UCN), Dusan Paredes y Juan Páez, estimó entre $900 y $2.000 millones los recursos que pierde la Municipalidad de Antofagasta sólo por concepto de impuestos territoriales de la gente trabaja, pero no vive en la ciudad.

Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2015 el 20% de la fuerza laboral en la región está compuesta por trabajadores conmutados.

Cristian Castro Orozco

El presidente de la Sociedad Nacional Minera (Sonami), Diego Hernández, analizó el futuro escenario de los proyectos mineros, que en su mayoría, serán desarrollados en la macro zona norte.

Hernández hace su análisis desde la oficina corporativa de Sonami en la comuna de Las Condes, Santiago. No obstante, tras su escritorio, un cuadro retrata una escena puramente nortina que remonta a la época en que Chile vivía, principalmente, del salitre, industria que decayó por la caída de la demanda a principios del siglo XX.

El líder de la Sonami cree que este mismo episodio histórico podría repetirse si es que el gobierno no toma las medidas necesarias para enfrentar el actual escenario minero.

"Hay dos cosas. Bajó el precio del cobre en los últimos dos años y las empresas redujeron sus inversiones, procurando recuperar sus márgenes operacionales y renegociar sus deudas. Por otro lado, nuestra regulación y facilidad para aprobar proyectos mineros se deterioró. Si juntas esas situaciones, creas un mal panorama para el futuro del rubro", aseguró.

Legislación

¿Cuáles son las mayores urgencias en materia de legislación para reactivar la minería?

-Tal vez hay que revisar la forma de tramitar los permisos ambientales y hacerlo más eficiente. Proponemos (como Sonami) es que el Estado tenga una agencia que se preocupe de los megaproyectos, de forma que ésta sea la única mediadora para coordinar los esfuerzos de otras instituciones contempladas en la obtención de permisos. Eso existe en otros países y se debiese adoptar una solución parecida aquí.

¿Que trabaje junto al Ministerio de Minería?

-Claro, creemos que esa cartera debe tener más peso político, más presupuesto, y también ser el ente que coordine todos los temas regulatorios que están afectos las empresas mineras.

El documento emitido por Sonami expone que la demora en la obtención de permisos se debe a la gestión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

-El drama es que en Chile no había legislación ambiental y la que comenzó a regir en los '90 fue un estatuto que no era el resultado de una discusión nacional, sino que fue inspirada o copiada de legislaciones extranjeras. Esto me parece bien porque era importante ganar tiempo. Pero cuando entró en vigencia se comenzó a descubrir las debilidades del reglamento. Hubo perfeccionamientos, pero hoy es necesario revisar ese documento para que se haga cargo donde haya ambigüedades que producen la judicialización de los proyectos mineros.

Señalan también que Sernageomin es un ente más castigador que fiscalizador...

-En el pasado, Sernageomin cumplió un rol de fiscalización, pero también de ayudaba a la pequeña y mediana minería. Si había algo que mejorar y si no era grave, en vez de sancionar daba las indicaciones y plazos para que mejoraran. Hoy no sólo el Sernagemomin, sino que a muchas instituciones fiscalizadoras, se les mide por el número de multas que aplican, y creo que con ese enfoque se pierden ventajas.

Criterios

Hernández, quien en su vasta trayectoria en minería figura ser el presidente de Codelco, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y de BHP Billiton, analizó también los criterios de negociación de la reforma laboral que comenzó a regir en abril de este año.

"Creo que esa reforma no agrega valor y tampoco ayuda a nadie, una reforma que tal vez responde a las expectativas de los trabajadores hace 30 o 40 años atrás. En el fondo quiere proteger a los trabajadores de un empresariado que no le interesaría a sus propios trabajadores, y la realidad no es así".

¿Y cuál cree que es esa realidad?

-Pues en minería tenemos un nivel de sindicalización muy alto, con gran parte de nuestra mano de obra con niveles de capacitación y formación muy elevados, donde el requisito mínimo es la enseñanza media completa y en promedio los trabajadores tienen más de tres años de educación universitaria o técnico profesional. Entonces hablamos de ciudadanos con capacidades suficiente como para decidir muchos de sus temas. Entonces la legislación laboral debería dar un espacio de flexibilidad para que los sindicatos y empresas puedan solucionar sus temas.

Inversiones

¿Mejorará el actual escenario minero al corto plazo?

-Tocamos fondo y ahora la situación ha estado mejor porque las empresas empezaron a generan cajas de flujo positivo, revisando sus proyectos y reactivándolos en etapas tempranas, como en etapas de exploración y obtención de permisos. Por lo anterior, consideramos que tal vez comiencen a ejecutarse buenos proyectos el último trimestre del próximo año. Por eso es urgente tomar acciones ahora.

¿Ve futuro en el litio?

-Sin duda. Hoy la principal aplicación que tendrá el litio será en baterías, y éstas no están relacionadas con energía nuclear, sino con bienes de consumo. Hoy el Estado (por Corfo) es el principal dueño de yacimientos de litio en el salar de Atacama, y creemos que éstos deben ser concesionados a empresas mineras.

"Bajó el precio del cobre y nuestra capacidad de aprobar proyectos mineros se deterioró. Si juntas esas situaciones, creamos un mal panorama para el rubro"."