Crecimiento económico y regulación ambiental
"Establecer un crecimiento económico regional sustentable que otorgue bienestar social es relevante".
Durante el primer trimestre de 2017, Antofagasta y Atacama fueron las regiones que más contrajeron su actividad económica (Inacer), y sólo tres regiones del país lograron aumentar su tasa de crecimiento. Factores macroeconómicos y la incertidumbre política -año de elecciones- entre otros, han tenido como resultado una desaceleración de nuestra economía y, por consiguiente, del bienestar y calidad de vida.
Uno de los vectores más relevantes para lograr crecimiento económico y bienestar social es el establecimiento de núcleos empresariales capaces de capturar oportunidades en el mercado e inyectar mejoras en la productividad mediante la implementación de tecnologías y el desarrollo de nuevos negocios. A su vez, no se puede dejar de lado la importancia en la generación de empleo, dinamismo económico y oportunidades de desarrollo social que conlleva la ejecución de proyectos de inversión de nuestra principal actividad económica regional: la minería.
La certeza de que nuevos proyectos transiten por un marco legislativo claro y específico en materia socioambiental es esencial para los inversionistas, y es una discusión abierta entre empresarios y gobierno. A partir de la década de los 90 y la promulgación de la Ley 19.300, se establecieron los principios de la política ambiental proporcionando un marco jurídico a los derechos constitucionales del medio ambiente, situación que fue mejorada el año 2012 con la creación del Ministerio, Superintendencia y Tribunales Ambientales. Este marco institucional y el sistema de evaluación ambiental de proyectos rayó la cancha y disminuyó los riegos asociados a la inversión. Pese a estos avances, sabemos que queda paño que cortar, como es el fortalecimiento de una planificación territorial integrada, el traslape de competencias entre servicios evaluadores, y lograr una activa y oportuna participación ciudadana en cada uno de los procesos de evaluación. Las brechas del sistema fueron expuestas recientemente a través de una Comisión Asesora Presidencial, que entregó 25 medidas para mejorar el actual sistema.
Establecer un crecimiento económico regional sustentable que otorgue bienestar social es relevante, por ende, además de un marco jurídico y un procedimiento específico en materia de aprobación ambiental, también se requiere -lo que probablemente es hoy un imperativo- realizar a lo menos tres acciones por parte de los Titulares de los proyectos en pos de agilizar tiempos de tramitación. Primero, conceptualizar proyectos con impactos que sean posibles de mitigar, compensar o reparar. Junto a ello, mejorar la calidad de la información que se entrega. Segundo, abordar proactivamente a la autoridad con temas que no estén normados o frente a los cuales no exista experiencia previa, con el fin de buscar conjuntamente alternativas técnicas y/o formas de evaluar los impactos. Por último, la implementación de una estrategia de comunicación que informe de manera clara y oportuna los factores diferenciadores que habilitan social y ambientalmente el nuevo proyecto.
Fortalecer la institucionalidad ambiental y tener un mayor conocimiento de los factores de éxito en la tramitación ambiental de proyectos es significativo para generar el tan ansiado desarrollo económico. Antofagasta debe volver a dinamizar su economía en función de la explotación sustentable de sus recursos naturales y ventajas competitivas.
Cristian Puga
Asesor en Sustentabilidad