La agrupación Integración Migrante Antofagasta (Inma) acusó a la gobernación de "boicotear" la marcha convocada para exigir respeto a los derechos de los extranjeros, realizada el domingo en la ciudad.

El presidente de los colombianos residentes e integrante de Inma, Benjamín Cruz, manifestó que la entidad les entregó el permiso para realizar la marcha el mismo día de la manifestación, asunto que redujo a sólo unas decenas de personas la convocatoria.

"Me entregaron el papel a las 10.30 horas del mismo día, siendo que yo había ido el viernes a buscar el permiso. Una funcionaria me dijo que lo iba a mandar por correo pues faltaban unas firmas, finalmente el documento nunca llegó al correo", manifestó.

Cruz agregó que primero se rechazó la petición de realizar la manifestación frente a la Intendencia, y luego sólo se les autorizó por teléfono.

"Aquí nos damos cuenta que hay una especie de burla por parte de la institucionalidad que simboliza a lo que se exponen los inmigrantes en este país", aseguró.

Respuesta

A través de un comunicado de prensa, la Gobernación de Antofagasta entregó una versión distinta a la de Benjamín Cruz, asegurando que la manifestación fue aprobada y notificada a Carabineros el viernes.

"El permiso solicitado por la Agrupación Integración Migrante de Antofagasta por resolución exenta N°868 del 5 de julio del 2017, fue aprobado y posteriormente notificado a Carabineros el viernes por la tarde, para su conocimiento y dar cumplimiento a las normas que regulan esta materia", indica el texto.

Se agrega que "tal como lo reconocen los representantes de la Colectividad de Colombianos en Antofagasta, se les indicó la autorización de la actividad y se reforzó la coordinación con Carabineros".

"Lamentamos el sentir de los representantes de la colectividad, ya que sabido es el compromiso que ha tenido la gestión realizada por la Gobernación de Antofagasta en materia de migración en estos últimos tres años".

extranjeros residen en la ciudad. La mayoría de ellos son colombianos, peruanos y bolivianos. 75 mil

personas acudieron 60

Tamara Miranda Varela

"Por un 2010 sin campamentos" era el lema que entre 2008 y 2009 resumía el deseo de Techo Chile de terminar con este tipo de asentamientos informales en el país.

Sin embargo, el terremoto de febrero de 2010 alteró los planes y el desafío de la organización no prosperó. Peor aún, la meta se puso cuesta arriba, sobre todo en la región.

Así lo confirman los últimos resultados del informe de campamentos de la ONG, los cuales muestran que en Antofagasta las familias viviendo en campamentos se multiplicaron por diez entre 2007 y 2017, al pasar de 632 a 6.771.

El panorama no mejora al analizar el número de asentamientos: de 19 se pasó a 60 entre los mismos años.

Cámara

Los números causaron diversas reacciones, tanto en el gobierno como en las entidades ligadas al problema.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Antofagasta, Thomas Müller, manifestó que el nuevo catastro de Techo refleja una realidad preocupante para la ciudad y las familias más vulnerables.

También dijo que frente a este escenario las autoridades y el Estado deben adoptar medidas para dar solución habitacional a las familias de los campamentos, como ya se está haciendo con algunos proyectos que lleva adelante Serviu.

No obstante ello, Müller explicó que los esfuerzos no deben centrarse sólo en las necesidades de estas personas.

"El problema es mayor cuando se habla de hacinamiento (allegados), donde en algunos casos viven 5 o más personas en una pieza y comparten baño 2 o 3 familias", comentó.

Müller sostuvo que el Plano Regulador de la ciudad (confeccionado en 2002) quedó totalmente sobrepasado por el crecimiento asociado al boom minero, que trajo consigo gran desarrollo demográfico y una fuerte alza de ingresos.

"El principal inconveniente en la región es el suelo. El único proveedor de suelo es el Fisco, es decir, Bienes Nacionales, y en un mercado cuando hay monopolio, se producen desviaciones negativas para el desarrollo inmobiliario, tanto de viviendas como equipamiento, porque el poco suelo existente es demandado para empresas de servicios, industrias, comercio y vivienda", argumentó.

El líder gremial explicó que es precisamente eso lo que provoca el encarecimiento del suelo y la vivienda.

"La única solución que se encontró fue que Bienes Nacionales entregara suelo de forma gratuita al Serviu para viviendas sociales, pero para la clase media aún no existe solución", explicó Müller.

Seremi

En tanto, el seremi de Gobierno y encargado del Plan de Superación de Campamentos del Gobierno Regional, Víctor Flores, manifestó que las cifras representan un desafío para todos los organismos vinculados al problema.

Flores sin embargo dijo que no sólo hay que detenerse en los números, sino que también ir a las causas del aumento.

Enfatizó que el gobierno ha realizado diversos esfuerzos en conjunto con organizaciones no gubernamentales, como Techo-Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza y el Servicio Jesuita Migrantes, con el propósito de capacitar a los dirigentes de los campamentos y motivarlos a que formen sus comités de vivienda y así puedan optar a un subsidio.

"Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos. La baja construcción de viviendas sociales en el gobierno anterior también afectó, al igual que la poca disponibilidad de terrenos para levantar viviendas sociales", sostuvo.

Para mejorar esto, comentó, Bienes nacionales ha entregado más de 200 hectáreas para proyectos sociales. "Eso es retomar una política extensiva de construcción", afirmó.

Ejemplo concreto de ello, manifestó, son los diez proyectos habitacionales destinados a familias que hoy están en los campamentos.

"El desafío que tenemos es que las familias de los nuevos campamentos conformen sus comités de vivienda a través del plan de superación", agregó el seremi.