Recientemente se realizó la tercera cuenta pública del Congreso Nacional. Se trata de un acto de corta historia, pero de gran trascendencia para el país, en el cual los presidentes de ambas cámaras informan los avances en materia legislativa.

En esta ocasión, desde el Senado hicimos un recuento de los principales proyectos de ley despachados y en trámite en la Cámara Alta entre julio de 2016 y junio de 2017, período que abarca en sus primeros ocho meses la presidencia del senador Ricardo Lagos Weber. Junto con destacar la importancia de dichos proyectos de cara a las necesidades actuales y futuras del país, revisamos los desafíos que tenemos por delante; también pudimos reflexionar sobre el rol del Parlamento frente a la comunidad y nuestra responsabilidad como representantes de los ciudadanos que nos eligieron.

En lo que se refiere a la tarea de legislar, tuvimos un año intenso, durante el cual el Senado despachó 130 iniciativas legales; de ellas, 67 ya han sido publicadas y 63 se encuentran en trámite. Entre los proyectos convertidos en ley, podemos mencionar la que permite a los institutos profesionales y centros de formación técnica incorporarse a la gratuidad; la que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional; la que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral; la que aumenta las sanciones a delitos contra menores y otras personas vulnerables, y muchas otras que benefician a diversos sectores de la ciudadanía.

También tenemos trabajo pendiente para concretar las reformas que el país necesita para seguir creciendo en un marco de mayores oportunidades y menor desigualdad. Por ejemplo, en materia de descentralización, debemos pasar del discurso a una acción decidida y llegar a un pronto consenso para poder hacer realidad la elección de las autoridades regionales en un futuro cercano. En educación, nos corresponde discutir la reforma a la enseñanza superior con la mayor prolijidad, apertura y disposición al diálogo, pensando en que los jóvenes puedan educarse en un marco de calidad, equidad y acceso que les permita mirar el futuro como una condición de bienestar y tranquilidad, no de marginación o de endeudamiento. Y en materia de infancia, todavía debemos sacar adelante diversas iniciativas de protección de la niñez.

Próximamente se abrirá, además, el debate en torno a la normativa constitucional. En este aspecto, quiero insistir en que la facultad constituyente está radicada en el Parlamento y que éste puede delegar sus facultades y definir las formas concretas como se ejerza esa delegación. No debemos obviar un debate tan crucial, aun cuando la decisión sobre una nueva Carta Fundamental recaiga en el Congreso que será elegido en noviembre próximo. Y en relación con lo anterior, tenemos que continuar el análisis -que ya se inició en la comisión de Constitución- del proyecto que busca que nuestro país transite hacia un sistema semipresidencial, con miras a dar mayor flexibilidad, equilibrio y gobernanza al sistema político.

En nuestra tarea diaria, es fundamental preocuparnos por la calidad de la legislación que despachemos. Podemos disentir en las formas, y en eso consiste la democracia. Lo que no podemos hacer es detenernos ni entramparnos en la discusión barata, en la del cálculo electoral pequeño o la ganancia mezquina. Tampoco podemos caer en populismos anacrónicos ni en promesas fáciles, para después olvidar los compromisos adquiridos con quienes confiaron en nosotros.

También tenemos que dotar de la máxima transparencia a la gestión del Congreso, para reconstruir la confianza de la ciudadanía. El Senado ha dado importantes pasos en esa dirección, pero no podemos relajarnos y tenemos que ser cada día más rigurosos y autoexigentes, asumiendo que la función pública se ejerce las 24 horas del día y los 365 días del año.

A la gente no le interesan nuestras peleas, le interesan nuestras propuestas. Si tenemos esto claro, podremos abocarnos a buscar las mejores fórmulas para eliminar esas odiosas e injustificadas brechas que dañan la convivencia social e impiden transitar hacia el desarrollo integral, lejos de la pobreza, la injusticia y la intolerancia. Por eso, reitero que la política no es para aventureros ni ambiciosos, sino para quienes son capaces de renunciar al beneficio personal en pos de construir, en conjunto con otros, un Chile para todos.

Trabajemos unidos para que el Congreso Nacional vuelva a ganarse el corazón de los ciudadanos de este país. Cuidamos esta democracia, que tanto dolor y esfuerzo nos costó recuperar.

En mayo recién pasado todos fuimos testigos de la sentencia que condenó a Mauricio Ortega por su responsabilidad en calidad de autor de los delitos de femicidio frustrado y lesiones graves-gravísimas consumadas en contra de su conviviente Nabila Rifo. Decisión por la que la defensa de Ortega, interpuso un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Recurso que el máximo tribunal, estimó admisible y dio lectura del fallo la semana recién pasada.

Sentencia que estimó que no habiéndose establecido que Ortega obró con dolo al propinar los golpes en la cabeza a la víctima, los hechos no pudieron ser calificados como delito de femicidio frustrado, sino sólo como delito de lesiones graves consumadas.

Delito por el cual, se le condenó a Ortega a 4 años de privación de libertad y se le mantuvieron las condenas impuestas como autor de violación de morada y lesiones graves gravísimas, lo cual se traduce en 540 días de reclusión y 12 años y 180 días de presidio. Un fallo que en mi opinión, claramente, adolece de errores.

En primer lugar, porque de no haberse estimado los cargos por femicidio frustrado, sí, deberían haberse absorbido esas lesiones por las lesiones graves-gravísimas, y no por la vía del concurso real, o sea, el castigo por separado. En este sentido, el razonamiento del tribunal, por una parte, estuvo bien, pues si no logró convicción respecto de si las heridas fueron mortales o no, mal podrían constituir una hipótesis de homicidio.

Sin embargo, ya que en este caso, como afortunadamente Nabila no muere y el delito queda en grado de frustrado, y tratándose de un victimario que ha sido conviviente de la víctima, pasa a convertirse en parricidio, figura que a su vez se transforma en hipótesis de femicidio por tratarse de un grave abuso en contra de una mujer, no entiendo que el tribunal haya calificado el delito como de lesiones menos graves. Razón por la cual, tampoco se entiende que se haya condenado a Ortega en razón de este último, ya que si no hay convicción acerca del delito más grave, la regla concursal explica que absorbe el castigo el siguiente delito más grave, en este caso, el de lesiones graves gravísimas.

Ahora, tampoco entiendo por qué se lo castiga por esa clase de lesiones y no por mutilación. En conclusión, considero que Ortega debió haber sido condenado por dos delitos: mutilación de miembro importante agravado por violencia intrafamiliar (15 años de privación de libertad) y violación de morada violenta en contexto de violencia intrafamiliar, 3 años de privación de libertad, es decir, un total de 18 años de privación de libertad, pudiendo optar por una libertad condicional a los 9 años. Condena que dista bastante de la que conocimos ayer y que tanto conmocionó a la opinión pública.

Andrés Zaldívar

Presidente del

Senado

Dr. Gustavo

Balmaceda

Departamento

Derecho Penal Unab