"Si nosotros toleramos que este fenómeno vaya creciendo hacemos un mal negocio como sociedad".
Manuel Melero — Presidente nacional del Comercio ante aumento de ambulantes
"No hemos declarado la guerra a Corea del Norte y francamente la sugerencia es absurda".
Sarah Huckabee Sanders
Vocera de la Casa Blanca
El pasado 16 de septiembre se cumplieron tres años de vigencia de la denominada Ley Emilia y, cada cierto tiempo, estas modificaciones son cuestionadas por la academia, en razón de su severidad punitiva; o criticadas por la opinión pública, por considerar ineficaz la aplicación de la ley por parte de los tribunales de justicia. Durante el 2017 al debate se agregó lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que ha enfatizado la desproporción de la regla que establecía la imposición de un año de privación de libertad efectiva para el condenado, aunque éste pudiera cumplir posteriormente el resto de la condena en libertad.
Aunque la irresponsabilidad del manejo en estado de ebriedad merezca el mayor de los reproches sociales o morales, ello no conlleva que la privación de libertad sea la solución al problema social que nos aqueja. Pues si el tema como sociedad en realidad nos importa, más que el dato estadístico (respecto del que no hay absoluta claridad) que, de ser efectivo, evidenciaría una reducción en la comisión de estos delitos (y, por ende, un éxito para los gestores de la ley), deberíamos cuestionarnos cuál es el propósito de privar de libertad de manera efectiva a una persona por un lapso de corta duración. No resulta claro el beneficio social en estos casos, especialmente tratándose de primerizos, pues el efecto criminógeno es innegable.
Desde esta perspectiva, ¿es conveniente que una persona que comete este delito, sin ser reincidente o sin tener antecedentes penales, deba pasar al menos un año en la cárcel? Ese año no devuelve la vida ni la salud de la víctima. Ese año de cárcel es inconsistente con la benignidad del legislador respecto de otros delitos que afectan nuestro patrimonio o los intereses del Estado y que sí permiten acceder a penas sustitutivas. Finalmente, durante ese año de cárcel cualquier intento de reinserción o resocialización no genera resultados fructíferos respecto del condenado.
Como siempre, el fortalecimiento de la prevención y la concientización de la gravedad de estas conductas es fundamental, y el aporte que en ese sentido efectúan fundaciones, la ciudadanía y las instituciones públicas aquí sí es de suma relevancia. Pues con la Ley Emilia ha quedado demostrado una vez más que, aunque cueste reconocerlo, es cuestionable la efectividad del endurecimiento de las penas, ya sea como mecanismo disuasivo de la comisión de estos delitos o como solución del problema penal.
Luciano Cisternas Velis
Asesor Jurídico Defensoría Regional de Antofagasta
El comandante Jorge Govinden instaló una panadería en Sucre con Catorce de Febrero, la "Anglo- Francesa", que se considera está a la cabeza del ramo en el país. También se informa que el prefecto de policía, Emiliano Quinteros recibió un auto donado por particulares y comerciantes, por su correcta actuación funcionaria.
Un total de tres millones de escudos se han invertido hasta hoy en la construcción del estadio Sokol, proceso iniciado en 1948 con el apoyo de los socios, la donación de 300 toneladas de cemento por parte del gobierno yugoslavo, entre otros. Ahora se aprobaron otros beneficios tributarios que pueden ayudar a la agrupación.
Microsoft reconoció que está en negociaciones para hacerse con una participación de Facebook, una comunidad al estilo de MySpace.
Microsoft estaría dispuesta a pagar entre 300 y 500 millones de dólares por hacerse con un 5% de la compañía, lo que supone valorarla por más de 10.000 millones de dólares.
Resulta insoslayable comentar los dichos de la candidata presidencial Beatriz Sánchez, respecto a su negativa a participar en un programa de televisión, aludiendo a que uno de los integrantes que allí están presentes, fue ministro del régimen militar.
"Hay un panelista que fue integrante de la dictadura y ante esa situación no voy a ir", afirmó la periodista y representante del Frente Amplio, aludiendo al economista Sergio Melnick.
La frase es sorprendente, tanto por la profesión que ostenta y ha ejercido Sánchez, como por su condición de abanderada a la más alta magistratura del país, en tanto resulta contradictoria respecto al rol que la sociedad le exige a periodistas y en relación a la identidad que hoy la tiene en una posición expectante.
Iván Valenzuela, también periodista del programa en cuestión, precisó que allí están "abiertos a todos los sectores" y que defienden "los valores de la democracia".
En efecto, es indudable que el ejercicio moderno de este oficio está y debe estar vinculado con la democracia, con la representación lo más amplia posible, de las demandas sociales y las visiones existentes. Ese ánimo es el que debe desarrollarse en este ejercicio profesional, a fin de que la gente pueda formarse opiniones informadas.
Melnick, el aludido, dijo que lo que la candidata del Frente Amplio hizo "es una cosa profundamente antidemocrática", ya que quiere "imponer" su visión moral por sobre la del resto.
El asunto toma ribetes todavía más complejos considerando que efectivamente se trata de un asunto ético o moral para lanzar la acusación, pero también para entender los efectos que un juicio de tal tipo tiene en los diálogos que se abren o cierran. La democracia es precisamente abrir conversaciones.
El asunto que plantea Sánchez podría entenderse desde el punto de vista político- electoral, no obstante, ni siquiera así es justificable, en la medida que la sociedad espera altos comportamientos de sus líderes.
Muy lamentablemente la clase política está cayendo en todo lo contrario, instalando la polémica como estrategia, cuestiones que poco o nada sirven para erigir un país desarrollado, con espacio para todos.