Cristian Castro Orozco
Una cantidad aún no estimada de documentos que corresponden a comprobantes de recaudación del Cementerio General de Antofagasta fueron destruidos en medio de la investigación que Contraloría Regional efectuaba por irregularidades financieras en el camposanto durante el periodo 2015-2017.
Este hecho quedó constatado en el informe final del organismo fiscalizador, que determinó que más de $269 millones que ingresaron al cementerio por concepto de ventas de terrenos no fueron depositados ni en la cuenta corriente del municipio, ni en las arcas del camposanto.
En la investigación, Contraloría revisó 428 carpetas que contenían comprobantes de ventas emitidos en el periodo auditado por más de $736 millones.
Observaciones
En este proceso fue detectada la irregularidad, ya que una cantidad indeterminada de documentos estaban destruidos, lo que no permitió un análisis más detallado sobre los montos sin rendir.
"Es el caso de precisar que durante la ejecución de la presente investigación fueron habidos en las dependencias de ese cementerio (...) comprobantes de recaudación emitidos por la venta de bienes y servicios que habían sido destruidos, tal como se expone en el registro fotográfico", advierte el texto.
El informe advierte que dicha situación significó "una limitación al alcance de la fiscalización por cuanto no fue posible determinar la cuantía de los recursos asociados a dicha documentación".
Si bien Contraloría especifica que existe un deficiente control en la manera de archivar y manejar el ingreso de fondos del cementerio, un funcionario del recinto que prefirió no dar su nombre dijo que estos recursos estaban bien resguardados.
"Es extraño. No sé que tan arcaicos sean los métodos con que la administración maneje los documentos financieros del camposanto. Pero sé que éstos estaban resguardados en las oficinas y sólo podían acceder a ellos las personas encargadas. Nadie nunca denunció un robo de documentos, ni tampoco me enteré que extraños hayan tratado de forzar las dependencias donde yacían las carpetas", confidenció la fuente.
Plazo
Inclusive, la debilidad en el manejo de los ingresos fue advertida por Contraloría, quien ordenó a las autoridades municipales tener un control más efectivo sobre estos trámites financieros.
"Se debe tener la presente observación, debiendo la autoridad comunal ordenar los controles pertinentes en el proceso de recaudación de los ingresos, para ajustarse a la normativa (...) y resguardar los intereses y el patrimonio municipal", reseña al investigación. Este proceso -aclara- deberá hacerse efectivo en el plazo de 90 días después de emitido el informe (27 de septiembre).
El director de Asesoría Jurídica de la municipalidad, Cristhian Flores, señaló que "dispusieron una serie de medidas con el objeto de poder dar cumplimento a las observaciones que había dado la Contraloría en el informe y en el fondo hoy esas medidas se cumplieron o están por ejecutarse", manifestó.
Asimismo señaló que había montos cobrados por ventas de terreno inferiores a los que indica la ordenanza municipal y ordenó que la Dirección de Control incluyera al cementerio en su plan anual de auditorías.
Con respecto a los más de $269 millones de pesos que no ingresaron a las arcas ni del municipio ni del cementerio, Contraloría ingresó una denuncia a la Fiscalía Local.
Además, la alcaldesa Karen Rojo anunció acciones judiciales contra los responsables del hecho, o sea, la administración del periodo 2015-2017.
"Dispusimos una serie de medida para dar cumplimiento a las observaciones dadas por Contraloría".
Christian Flores,, asesor jurídico del, municipio local"
