El cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su equipo, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses son algunas de las medidas propuestas al Senado por el Ejecutivo español, en base al artículo 155 de la Constitución, para restaurar el orden constitucional en esa región autónoma.
Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña, como la hacienda y el orden público, algo inédito en España. De todas formas, el texto especifica que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo".
Puigdemont o el representante que él designe podrá presentar alegatos entre el martes y el jueves en el Senado, antes de que el pleno de la cámara debata y apruebe las medidas, previsiblemente este viernes 27, ya que el oficialista Partido Popular (PP) dispone de mayoría absoluta.
"prudencia"
En conferencia de prensa, Mariano Rajoy explicó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.
"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", dijo Rajoy, quien asumió personalmente la competencia de disolver el Parlamento catalán. "No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat (Gobierno) de Cataluña", agregó.
También dejó en claro que sus propuestas no son para acabar con la autonomía de Cataluña, sino para destituir a los políticos que han puesto el autogobierno regional "fuera de la ley".
"No quiero que se vayan más empresas ni más depósitos. Podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin mas daño para nadie", añadió en alusión a las más de 1.300 empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña en los últimos días y a la retirada de fondos de los bancos por los clientes.
Control total
La vigencia de todas estas medidas se mantendrá hasta la toma de posesión del nuevo gabinete catalán, tras las elecciones autonómicas. Mientras tanto, el ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno central.
Además, todos los departamentos catalanes están afectados, entre ellos Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.
Así, el Gobierno central controlará todos los ingresos y gastos de la autonomía catalana, asumirá el mando de la Policía regional y podrá cesar o nombrar a los responsables de la radio y la televisión públicos catalanes para garantizar una información veraz y plural.
El Estado también podrá sancionar a los trabajadores de la administración pública de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además, el Parlamento catalán no podrá proponer ni votar ningún candidato a la Presidencia de Cataluña mientras estén vigentes las medidas propuestas ni tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía.
Según Rajoy, no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el "inaceptable" intento secesionista de los gobernantes catalanes.
de octubre. Para el viernes se espera que el Senado ratifique el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. 27
empresas han cambiado su sede social fuera de Cataluña en las últimas semanas a raíz del conflicto. 1.300
