Carolina Collins

T ras las críticas que generó la información de que la visita que realizará el Papa Francisco a Chile, en enero del próximo año, costará cerca de $11 mil millones -de los que el Estado desembolsará $7 mil y las Iglesia Católica los $4 mil restantes- la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, destacó que tiene que tiene que primar el respeto y el "espíritu de colaboración".

La vocera de La Moneda aseguró que la cifra final de lo que costará la visita del jefe de Estado del Vaticano se dará a conocer en las próximas semanas y pidió respeto por aquellas personas para las que la venida del Pontífice es importante.

"La visita del papa es, sin lugar a dudas, en sí misma algo muy relevante para muchos chilenos y chilenas y debemos ser respetuosos con aquello", dijo Narváez.

La ministra, asimismo, afirmó que "tiene que primar un espíritu de colaboración". "Todos los países de América Latina han tenido que concurrir con gastos que son relevantes. Algunos los ha asumido el Estado a cabalidad, otros ha sido de manera compartida", dijo.

1,2 millones de feligreses

De los $11 mil millones, $4 mil millones es lo que la Conferencia Episcopal debe reunir entre aportes y donaciones, que servirán para financiar las actividades que hará en Santiago, Temuco e Iquique.

El director de Comunicaciones de la Comisión Nacional de la visita papal, el padre Felipe Herrera, explicó que el monto que se dio a conocer es aún un estimativo y que, tal como afirmó la ministra vocera de Gobierno, la cifra final se dará a conocer durante las próximas semanas.

Pese a esto, aseveró que "hay que asumir que es una cifra alta, tan alta como la cantidad de gente que va a participar y por lo tanto es proporcional".

"Son alrededor de un millón 200 mil personas las que se esperan o tal vez más; también las que van a llegar desde fuera. Si llega gente desde fuera de Chile a vivir esta experiencia con el Papa, es muy bueno porque además van a generar trabajo y un dinamismo económico importante", recalcó.

Por eso, dijo que el alto monto "se justifica como se justifica cuando viene cualquier otro Jefe de Estado y se dispone la seguridad para los presidentes o un artista".

Además de la seguridad y las proporciones de los eventos, Herrera añadió que la visita del Papa también implica "algo que no se puede monetizar, que es el impacto social y espiritual para un Chile que esperamos que después de la visita del Papa pueda volver a mirarse cara a cara como hermanos y restaurar lo que llamamos el alma de Chile, algo tan propio de nosotros como es vivir fraternalmente".

La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó ayer los recursos para financiar la gratuidad de los colegios particular subvencionados que se sumaron a la Ley de Inclusión para sr gratuitos.

Pese a las críticas de la oposición por la reasignación de dineros que vienen de la Subvención Escolar Preferencial, la instancia aprobó los recursos por tres votos a favor y uno en contra, con lo que se dio luz verde a la fórmula creada por el Gobierno para cumplir con lo que compromete la norma.

Esta fórmula contempla que $26 mil millones provienen de la SEP, y otros $34 mil desde el Tesoro Público. Ésta fue defendida, según consignó Cooperativa, por la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

"La propuesta que estamos haciendo de modificación es absolutamente responsable. En ella están claramente -no sólo jurídica, sino contablemente- resguardados los recursos para poder financiar (a los colegios)", dijo la autoridad.

"Hicimos un ejercicio, dentro de aproximadamente una semana y media a dos semanas, donde prácticamente volvimos a rearmar todo el Presupuesto del Mineduc para dar cumplimiento al compromiso de llevar a 0,45 USE el aporte por gratuidad", agregó.

La senadora UDI Ena von Baer, que votó en contra, puso en duda la solución. "Uno puede decir que, en general, la SEP tiene una ejecución en general más baja. Usted puede decir que no se va a gastar toda la plata, pero llama la atención que el Presupuesto que están proponiendo es incluso más bajo que el Presupuesto que tenemos este año", dijo la ex ministra.

Por su parte, el senador socialista Carlos Montes, presidente de la Subcomisión, argumentó que la reasignación presupuestaria "no les afecta a los niños ni a los colegios que tienen SEP o concentración" y agregó que "ningún niño de SEP pueden quedar sin SEP, aunque la partida presupuestaria no lo considere, pues en ese caso la ley de dice que hay que recurrir al Tesoro Público o a otras partes del Ministerio".

Según estimaciones del Ministerio de Salud (Minsal), en Chile el 22% de la población sufre problemas relacionados con las salud mental y, si bien las autoridades reconocen que con los planes que se han implementado en 1993 y en 2000 se ha avanzado en la materia, aún "el desarrollo de servicios no es suficiente".

Así lo aseguró ayer la ministra de Salud Carmen Castillo, quien presentó el "Plan Nacional de Salud Mental 2017- 2025", que busca enfatizar los lineamientos que deben seguir las políticas públicas en esa materia, como avanzar hacia una Ley de Salud Mental en Chile, así como que exista concordancia entre las normativas y los estándares de derechos humanos en la provisión de servicios.

"Aunque hubiéramos querido avanzar mucho más, hemos avanzado en los últimos 27 años, con dificultades porque estamos hablando de que al inicio contábamos con menos del 1% del presupuesto de salud que se destinaba para este ámbito, ha ido avanzando para ir sobre el 2%", dijo la secretaria de Estado.

Durante su presentación Castillo anunció que el plan contempla la atención integral de los niños dependientes el Sename.

"Este documento representa un hito en el abordaje de la salud mental en Chile, y como todo lo que nos hemos propuesto en salud en el Gobierno de la Presidenta Bachelet sus objetivos son muy ambiciosos, estamos orgullosos de entregar un nuevo plan", agregó la titular de Salud, que afirmó que será el próximo Gobierno el que deberá trabajar en la implementación de plan.

Por su parte, el jefe del Departamento de Salud Mental del Minsal, Mauricio Gómez, dijo que el principal objetivo del plan es "llegar a tener una ley de salud mental". "Porque hay que armonizar normativas legislativas que (no concuerdan) con muchos estándares de Derechos Humanos, derivados principalmente de la convención de discapacidad".