"Desde lo social requerimos una solución un poco más novedosa y pensada. Esa ordenanza no representa el sentir de la comunidad por lo tanto tenemos que afrontarlo de otras maneras".

Con estas palabras, el abogado y excandidato a concejal por el Frente Amplio, Jorge Olivos Torres, celebró que la Corte de Apelaciones de Antofagasta haya dado orden de no innovar a la municipalidad por la ordenanza que busca regular el uso de los espacios públicos en la ciudad.

Hay que recordar que el pasado martes, el profesional interpuso un recurso de protección en el tribunal de alzada para frenar la entrada en funcionamiento de la normativa aprobada el mes pasado.

En el fallo, dado a conocer ayer, la Corte consideró que "existiendo indicios de que los efectos del acto recurrido pudieren constituir una afectación a las garantías constitucionales invocadas, y sin perjuicio de lo que se resolverá en la vista de la causa, ha lugar la orden de no innovar".

El tribunal de alzada dio un plazo de ocho días hábiles a la Municipalidad de Antofagasta para que entregue todos los antecedentes sobre la materia.

Cuestionamientos

Pero el abogado no es el primero en criticar la normativa. Ya ha sido cuestionada por organizaciones sociales, profesionales e incluso el gobierno.

Lo anterior, debido a que terminaría "criminalizando" a los sectores más vulnerables, como por ejemplo, a las personas en situación de calle.

Esto, porque serían infraccionadas con multas de hasta 5 UTM por pernoctar en la calle o pedir limosna.

"La ordenanza es inconstitucional porque pretende regular por sobre una ley de 1998 que derogó los delitos de mendicidad y vagancia", dijo el abogado.

También contó que a la hora de leer el texto de la ordenanza queda la idea que se va a infraccionar a las personas que están en esta situación vulnerable. "Ahora, claramente se puede aplicar cierto criterio, pero desde el punto de vista jurídico, no corresponde".

Agregó que la municipalidad debe afrontar esto desde un punto de vista social y no sancionatorio. "El criterio del funcionario municipal puede atender esta situación y criminalizarla", sostuvo.

¿El recurso se focalizó en el artículo 11? (ver recuadro)

-La verdad que desde el punto de vista regulatorio, ese es un abanico increíblemente amplio. Ni hablar de la parte que dice "pedir bienes causando molestia" ¿qué significa causar molestia? Eso puede ser distinto para mí u otras personas.

¿Cree que se tomen medidas al respecto?

-Yo he conversado este tema con muchas personas. Incluso con concejales. Por ello, tengo mucha confianza que tanto la alcaldesa como el concejo van afrontar este problema con una mirada más amplia. Al final este debate va ser positivo porque permitirá analizar la raíz del problema.

¿Este recurso lo trabajó con algún político o fue iniciativa propia?

-El recurso de protección lo presenté por iniciativa propia porque desde el punto de vista de la profesión que ejerzo, nos parece que esto está fuera de los márgenes jurídicos. Además detrás de esto hay un sentimiento social para paralizar esto y resolverlo de mejor forma, pero no tengo ningún móvil político por esto.

¿Está mal hecha?

-Creo que esta materia se extralimita de las competencias del municipio. Ellos están facultados para hacer un ordenamiento del uso de los bienes públicos, esta ordenanza está regulando conductas y eso está reservado para la ley.

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, anunció que en el próximo Concejo Municipal (miércoles 8) presentará modificaciones a la ordenanza. También aclaró algunos puntos de la polémica normativa.

En varias ocasiones usted ha dicho que esta ordenanza no está pensada para gente en situación de calle. Sin embargo, el artículo 11 dice que se prohíbe pernoctar, residir o habitar en la calle.

-Ese artículo no habla de la gente en situación de calle. Lo que señala es que nadie puede utilizar los espacios públicos de manera ilegal para hacer actividades económicas. Quiero recalcar que el incentivo de esta ordenanza es para hacer un ordenamiento para el buen uso de los espacios públicos y no para la gente en situación de calle.

¿Usted realizará alguna modificación?

-Llevaré al próximo concejo una aclaratoria para evitar las dobles interpretaciones de la ordenanza para que dejen de manosearla políticamente. Mi deber es cuidar los derechos humanos de todos y para eso tengo que hacerme responsable de los usos de los espacios públicos.

¿Es decir que ustedes van a especificar que la ordenanza no es para personas en situación de calle?

-Esto quiere terminar con las personas que se toman los espacios públicos con fines económicos. Vamos hacer ajustes en las palabras que vamos a utilizar para que se sepa que no es para gente en situación de calle.

Van a cambiar por ejemplo: residir, habitar, acampar...

-Podría ser eso.

¿Considera que la ordenanza es un poco confusa o quizá mal redactada?

-Nosotros defendemos la ordenanza con el espíritu que fue creada. Ahora, cualquier cosa que uno pueda escribir puede estar sujeta a muchas interpretaciones. Y para evitar eso haremos una revisión y ajustar la ordenanza. Pero eso no quiere decir que la municipalidad no se sienta satisfecha con esta normativa, la cual ha generado un debate bastante interesante. Yo ya puse el tema en la mesa.

¿Quién redactó la ordenanza?

-El equipo jurídico de la municipalidad.

karen rojo, alcaldesa de antofagasta:

El artículo 11 de la ordenanza dice: "Queda prohibida toda forma de ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, ejercida con miras a pernoctar, acampar, habitar, residir o instalarse con el propósito de realizar alguna de las actividades señaladas en el inciso siguiente. Asimismo, se prohíbe en toda la comuna, desarrollar actividades tendientes a solicitar dinero o especies a los transeúntes, ocasionando molestias a los mismos. Quedan exceptuadas de la prohibición señalada en el inciso segundo de este artículo, las personas que realicen colectas que cuenten con autorización legal. El incumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo, deberá ser denunciado ante el Juzgado de Policía Local competente, bastando para ello la denuncia realizada por particulares, funcionarios municipales o Carabineros".