El viaje que la Presidenta Michelle Bachelet emprenderá este fin de semana a Cuba ha causado más polémica de la esperada. Por un lado, en el oficialismo parecía no haber claridad en cuanto a la delegación que acompañara a la Mandataria. Por el otro, la oposición no escatimó en críticas por el hecho de que Bachelet siga haciendo giras presidenciales a poco más de dos meses del cambio de mando.

El canciller Heraldo Muñoz informó ayer que, a pesar de que sí tenía contemplado viajar a La Habana, se bajó de la gira que arranca el sábado y culmina el lunes aludiendo motivos familiares, según explicaron fuentes diplomáticas a Canal 13.

De todas formas, el viaje contempla la realización de un seminario de inversionistas, razón por la cual el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, formaría parte de la delegación. Sin embargo, el propio secretario de Estado afirmó ayer que no había sido informado.

"La única noticia que tengo es por la prensa, nadie me ha invitado a mí, también me informé por el diario", afirmó Rodríguez Grossi, agregando que no ha tenido "la oportunidad de hablar con la Presidenta".

Críticas de chile vamos

Por su parte, desde Chile Vamos manifestaron varios reparos por el viaje de la Presidenta. El excandidato presidencial José Antonio Kast dijo a Emol TV que "ir a Cuba por tres días a despedirse de Raúl Castro, es un gustito. Bachelet es capaz de ir a abrazarse con él que tiene una dictadura en su país, y ahí los derechos humanos los guarda en su cartera".

El exprecandidato, Manuel José Ossandón, en tanto, publicó en Twitter que "no me parece mal el viaje a Cuba de la Presidenta Bachelet, es más, si agregara una visita a Nicaragua y otra a Venezuela, podría pasar a la historia como 'la gira del socialismo fracasado'".

Ante estas palabras, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, dijo que "es absolutamente normal que los Presidentes en ejercicio realicen viajes internacionales hasta el último día de su mandato" y que en la visita "no hay ningún componente ideológico".

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró ayer que nunca llegaron los recursos de los socios que la Universidad Iberoamericana dijo tener para salir de la crisis económica que vivía, y que eso desembocó en la decisión tomada la semana pasada por el Mineduc de cerrar la institución.

"La universidad en distintas oportunidades planteó que tenía socios e iban a llegar recursos, pero no llegaron", explicó la secretaria de Estado.

Agregó que el Mineduc puso "todos los antecedentes en manos del Consejo Nacional de Educación, que tendrá que estudiarlos y (evaluar si) revocar o no el reconocimiento oficial a la universidad".

Delpiano, además, detalló que "el plan establecido (por su cartera) es para hacernos cargo y mantener la universidad funcionando hasta que terminen los estudiantes que están más arriba, y también (facilitar) la reubicación" de los demás alumnos.

Al informar la decisión sobre el cierre del plantel el pasado viernes, el Mineduc precisó que su investigación constató que la "situación financiera de la universidad es deficitaria" y que la deuda del recinto es de "cinco veces su patrimonio", un déficit que asciende a $3.985 millones.

Matías Jullian Velásquez /Efe

La polémica está desatada en la DC. Ayer se conoció el contenido de la carta que Mariana Aylwin entregó la noche del martes al Tribunal Supremo (TS) de la falange para defenderse de la solicitud de expulsión en su contra y, en ella, la ex ministra acusó que el órgano partidario "no tiene competencia para dirimir sobre una acusación que pretende acallar opiniones políticas".

En su comunicado, la hija del ex Presidente Patricio Aylwin aludió a que las acusaciones en su contra son "consideraciones políticas" y que "no tienen que ver con ninguna transgresión a los estatutos" de la DC.

Aylwin, además, explicó su distanciamiento de la Nueva Mayoría y sus constantes críticas hacia el conglomerado oficialista, sus cuestionamientos a la alianza con el PC, y denuncia un veto en una Junta Nacional de mayo pasado, en la que se le habría impedido hacer uso de la palabra.

Además, cuestionó una "dudosa legitimidad" del consejo nacional de la DC para haber apoyado la candidatura presidencial de Alejandro Guillier en la segunda vuelta ante Sebastián Piñera, lo que, a su juicio, hizo que el partido perdiera dignidad.

Ayer, en tanto, en entrevista con La Segunda, Aylwin explicó que "el partido parece haber decidido que sólo es legítimo conversar hacia la izquierda (...) Hay tolerancia hacia un lado, a veces casi servil, e intolerencia absoluta hacia el otro".

Discusión en la dc

Ante esto, la presidenta subrogante de la falange, Myriam Verdugo, quien en una entrevista acusó a Aylwin de "abusar de su historia familiar para criticar al partido", dijo ayer a T13.cl que "en cualquier partido cuando hay una acusación el único llamado a actuar es el TS, es imposible desconocer esa atribución".

Ante esto, el diputado DC Gabriel Silber señaló que "queremos cerrar filas respecto de la conducción de Myriam Verdugo (...) Yo creo que ha señalado una verdad sustantiva: no pueden haber militantes de primera o segunda clase atendiendo su apellido o de la familia que provienen".

El también diputado y exvicepresidente del pacto, Matías Walker, en cambio, declaró que "el apellido Aylwin es un patrimonio de Chile y no solamente de la DC. Mariana Aylwin tiene sus propios méritos personales, ella fue elegida consejera regional, diputada y es mucho más que la hija de Patricio Aylwin, por lo tanto yo hago un llamado a no descalificarnos entre nosotros".

Por otro lado, la excandidata presidencial de la DC, Carolina Goic, calificó como un "lamentable espectáculo público" la tensión al interior de la colectividad por la posible expulsión de Aylwin. "Se siguen cayendo puentes de entendimiento interno y se reduce el debate político a medidas disciplinarias. Ese camino sólo nos aleja aún más de la ciudadanía que nos interpeló", escribió en su cuenta de Twitter la exlíder falangista.

El ministro en visita para causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, condenó ayer a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por su responsabilidad en la muerte del líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Enríquez.

En un fallo de primera instancia, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció a diez años y un día de prisión al brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, y a tres años y un día, con el beneficio de libertad vigilada, a los exagentes Rodolfo Concha Rodríguez y Teresa Osorio Navarro, por el crimen ocurrido el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel, en la capital.

Krasnoff, integrante de la cúpula de la Dina, está actualmente en prisión, sentenciado a más de 500 años de cárcel, tras ser condenado en decenas de casos de violaciones a los derechos humanos.

En la etapa de investigación, el ministro en visita estableció que "el día 5 de octubre de 1974, Miguel Enríquez Espinosa se encontraba en la vivienda que era utilizada como casa de seguridad dada su condición de clandestinidad (…) junto a su pareja Carmen Castillo Echeverría y otros dos integrantes del MIR" cuando fueron rodeados por decenas de agentes de la Dina, quienes desencadenaron "una ofensiva armada" contra los miristas, "sin exhortarlos previamente a entregarse para ser detenidos".

Los miristas se defendieron pero al darse cuenta de que no podían resistir, trataron de escapar por las casas vecinas, lo que sólo fue logrado por Bordaz y Sotomayor. Enríquez se retrasó al ver que Carmen Castillo, quien estaba embarazada, fue herida. Sólo después de dejarla asegurada emprendió la retirada, pero cayó herido en una casa vecina, donde fue rematado en el suelo por los agentes.

En la arista civil, el juez Carroza condenó al fisco a pagar una indemnización de $50 millones a cada uno de los dos hijos de Miguel Enríquez.