Cerca de 70 familias del macro campamento Balmaceda, no están dispuestas a abandonar sus actuales hogares para ser trasladados al Barrio Transitorio La Chimba. Según gobierno, ellos deben trasladarse por estar ubicados en zona de riesgo.
Los pobladores aseguran que el Gobierno Regional realizó en septiembre del año pasado un estudio, en el cual se identificaron los sectores de alto, altísimo y de extremo riesgo, no encontrándose situados ellos en la zona de mayor peligro.
"Iban a empezar por la zona de riesgo extremo, en la que están conviviendo familias con las torres de alta tensión. Aquí donde nosotros vivimos no hay ninguna torre. Sabemos que en algún momento tenemos que salir, pero no ahora como el gobierno lo quiere hacer arbitrariamente", indicó José Aguilar, el dirigente, que representa a las familias que no quieren ser trasladadas.
Aguilar además dijo que en el Barrio Transitorio La Chimba, no disponen de agua potable ni alcantarillado."Por lo menos acá hemos trabajado comunitariamente y tenemos acceso a la red de agua potable".
Por ello, como alternativa los pobladores proponen ser reubicados en sectores aledaños al actual campamento, y no ser instalados en el barrio transitorio.
La abogada de la corporación "Migra-Acción", Nolvia Collao, indicó que actualmente hay un recurso de protección presentado a favor de estas familias para que no sean desalojadas.
Collao agregó que esta semana intentarán gestionar una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para ver la posibilidad de que este organismo pueda supervigilar un "eventual" desalojo de los pobladores.
Uno de los profesionales que ha estado apoyando a los pobladores para evitar el desalojo, Pablo Rojas, aseguró que desde que las familias presentaron el recurso de protección, el gobierno adoptó una actitud totalmente distinta.
"Ha pasado de la imposición pura y dura, a establecer puentes muy parciales de diálogo, pero no en un marco de igualdad de posiciones, sino más bien imponiendo nuevos criterios para que las familias se muevan", aseguró.
Gobierno
Por su parte, el seremi de Gobierno, Víctor Flores, indicó que efectivamente elaboraron un catastro en septiembre pasado, en el cual se determinó que hay cerca de 565 viviendas dentro de la zona de riesgo, y como gobierno tomaron la opción de partir por un sector específico, lo cual según aseguró, fue informado a los pobladores con el debido tiempo.
"Es imposible trasladar de una sola vez 565 familias. Entonces, decidimos partir con una primera etapa, la cual estaba destinada para 110 familias, por eso construimos 110 viviendas, y vamos a partir en un sector en específico, que es donde están ellos (los pobladores trasladados), que es un sector que está cruzado por las torres de alta tensión", declaró la autoridad.
Flores agregó que las familias que se niegan a ser trasladadas al barrio transitorio son -según él- actualmente un poco más de 30.
Respecto a las críticas, por la lejanía del barrio transitorio, el seremi de Gobierno indicó que "lo más relevante es vivir en un lugar fuera de riesgo. Eso dignifica a las personas, además de vivir en un lugar donde puedan pagar sus servicios". Agregando que "muchos no viven al lado de sus lugares de trabajo, la mayoría de ellos tiene que desplazarse".
