José Luis Ramírez M.

Con dos proyectos de ley sobre la mesa, la Cámara de Diputados reanudará esta semana la discusión de un nuevo marco regulatorio para la migración en el país.

Por un lado está la normativa presentada en agosto del año pasado por la exPresidenta Michelle Bachelet, y por otro la ingresada en junio de 2013 durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Ambos proyectos tienen enfoques distintos y además se encuentran en diferentes estatus legislativos.

El de Bachelet sufrió un duro traspié cuando la Comisión de Gobierno de la cámara rechazó la "idea de legislar", lo que significa que debe ir a la Sala con informe negativo de esta instancia; mientras que el de Piñera en su tiempo logró superar esa etapa, pero detuvo su avance precisamente cuando Bachelet inició su última administración (fue despriorizado a la espera del que se presentó en 2017).

En este contexto, desde el Ejecutivo anunciaron que el tema migratorio tendrá prioridad este año. Tanto así, que fue uno de los asuntos abordados en la reunión que el gobierno sostuvo con líderes de Chile Vamos el jueves pasado en Cerro Castillo.

Diputada

La diputada Paulina Núñez (RN), una de las asistentes al encuentro, dijo que en él se confirmó que esta semana la Comisión de Gobierno reanudará la discusión del nuevo marco legal que regirá la migración, tomando como base el proyecto de Sebastián Piñera.

"Vamos a trabajar con ese proyecto (2013), que es el que está más avanzado, y vamos a hacerle algunas indicaciones para perfeccionarlo y hacerlo más adecuado a la realidad que tenemos", indicó.

La parlamentaria explicó que la iniciativa ya cuenta con calificación de urgencia simple (30 días para despacharlo de la comisión), lo que confirmaría la voluntad del gobierno de acelerar su trámite. De hecho, anticipó que la meta es tener el proyecto en condiciones de ser promulgado en la primera mitad del gobierno de Piñera.

Indicaciones

Entre las indicaciones que se esperan, Núñez mencionó la incorporación de un plazo de regularización para los extranjeros que se encuentran en situación irregular y el perfeccionamiento del sistema de convalidación de títulos.

Esto, dijo, iría acompañado de algunas medidas administrativas, como la exigencia de visas consulares para un mayor control de nacionalidades que han aumentado de forma exponencial su ingreso al país.

"Nuestro proyecto debe abrirse a regularizar a aquellos migrantes que hoy están en situación irregular, y tomar las visas consulares como un buen instrumento para un mayor control", argumentó.

La diputada Marcela Hernando (PR), dijo que la reactivación del proyecto de 2013 debe ir acompañada de una actualización y en ese sentido pidió considerar algunos aspectos de la norma presentada por Michelle Bachelet.

Manifestó que el proyecto de 2017, por ejemplo, tenía la ventaja que obligada a los inmigrantes a declarar desde su ingreso al país el motivo de su visita, además de crear un "registro de extranjeros", el cual considera una buena herramienta administrativa, sin perjuicio que se puede discutir qué entidad lo administra.

"Pienso que ningún proyecto es perfecto, y ojalá que rescaten las cosas buenas que tenía el de Bachelet", expuso.

Desde la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, en tanto, anunciaron que una de sus primeras medidas, será invitar al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para conocer los énfasis que se prende dar al tema.

Cristian Ascencio Ojeda

Después de más de una década trabajando en el Ministerio Público, el abogado Hugo León (40) se integró el año 2017 a la Defensoría de la Región de Antofagasta. Por lo anterior, conoce por dentro dos de las tres principales instituciones (junto al Poder Judicial) que actúan en el sistema procesal penal.

León, casado con seis hijos y egresado de la Universidad Católica del Norte, desde el 1 de marzo se hizo cargo del Programa Migrante, de alta importancia para la Defensoría, porque justamente estamos en la región con mayor porcentaje de población extranjera.

Siempre se especula sobre la cantidad de delitos que cometen los migrantes. Según cifras de años anteriores de la Defensoría y el Ministerio Público, los migrantes delinquen menos que los chilenos, a pesar de que parte de la opinión pública cree lo contrario.

-Los extranjeros que delinquen son un porcentaje muy bajo. En términos generales, del 100% de ingresos de causas, la cantidad de imputados extranjeros varía en una cifra cercana al 2% en la región. Se mantiene bajo el porcentaje de migrantes que hay.

Pero si bien es cierto que el porcentaje es bajo, marca mucho en la opinión pública el tipo de delito. Si un imputado extranjero comete un homicidio, eso marca socialmente. Queda una percepción errada de que vienen a matar o a robar, aunque en la práctica las cifras porcentuales sean muy bajas. Tanto nuestras cifras como las del Ministerio Público coinciden.

Pero si uno ve las personas encarceladas en la región pareciera ser que la población migrante sí está sobre representada. ¿Los migrantes tienen más posibilidades de quedar presos que los chilenos?

-Sí. Uno de los factores es el tema del arraigo. Lo que nosotros llamamos "el peligro de fuga". Como no pueden demostrar arraigo, quedan presos. Si no existiera eso (el factor del arraigo que se toma en cuenta en los tribunales para decretar o no la prisión preventiva), la tasa (de extranjeros presos) bajaría.

Narcotráfico

En lo que sí hay cifras preocupantes, es en la cantidad de migrantes procesados por narcotráfico.

-Los dos delitos que más cometen los extranjeros, son tráfico y lesiones. Y en menor medida en el último tiempo, la receptación. Sin justificarlos, en algunos casos es por desconocimiento de la ley. A veces sí saben que es un delito, pero igual lo hacen, tal como también lo hacen (la receptación de especies robadas) los chilenos.

En los casos de narcotráfico, se han registrado varios casos de mujeres extranjeras, sobre todo bolivianas, de zonas muy vulnerables, ocupadas como transportadoras de drogas.

-Esto no es un fenómeno nuevo. Están ocupando personas con poca instrucción académica, que tienen vulnerabilidad económica, principalmente en Bolivia, y que muchas veces pertenecen a comunidades indígenas, que hablan quechua como lengua principal y manejan poco el español. Llegan acá y son detenidas, algunas veces sin entender el porqué de la detención. Hay un tema cultural potente. En ocasiones les piden que lleven una maleta y ellas lo hacen por falta de dinero. Sin duda que esto, la contratación de mujeres para el transporte de droga, se está dando mucho.

¿Y cómo actúan ustedes cuando una defendida no maneja el idioma español?

-Algunas internas incluso han ayudado a interpretar lo que dicen sus compañeras de prisión que hablan quechua. Pero ha sido algo coyuntural.

Hay un acuerdo entre Chile y Bolivia para que los recluidos puedan cumplir sus penas en sus países de origen. ¿Cómo ha funcionado esto?

-Sólo ha podido funcionar en (la cárcel de) Calama. En Antofagasta ha costado y justamente uno de los objetivos de nuestro proyecto es activar el acuerdo, para que los extranjeros bolivianos presos en Antofagasta puedan volver a su país.

¿Por qué ha costado?

-Creo que ha faltado coordinación. Más cercanía entre la Defensa, el consulado y las otras instituciones que participan de esto. Hay mucha gente que prefiere ser expulsada, porque no tiene arraigo, mientras que otros quieren quedarse en el país porque tienen familia, hijos, etc.

En cuanto a la reincidencia, ¿hay diferencias estadísticas entre chilenos y extranjeros?

-En los extranjeros la reincidencia es menor. Tanto por el miedo a recaer en la cárcel, como por el miedo a perder la posibilidad de una residencia definitiva. Si cometieron un delito, en la mayoría de las veces se cuidan mucho, para así evitar una expulsión.

"Si un imputado extranjero comete un homicidio, eso marca socialmente. Queda una percepción errada de que vienen a matar o a robar, aunque en la práctica las cifras porcentuales sean muy bajas""