Después de mucho tiempo de dialogar, la sociedad chilena había llegado a un consenso respecto al lucro en la Educación Superior, el cual, se vio reflejado en parte en la ley que prohibió esta práctica, aunque sin penalizarla. A juicio de los rectores, estudiantes y académicos de las universidades, desterrar esa forma de obtener ganancias era fundamental, para asegurar la calidad de la enseñanza que entregamos en nuestras instituciones.
Sin embargo, con el reciente dictamen del Tribunal Constitucional (TC), se abre una puerta que nunca estuvo bien cerrada, para que el lucro vuelva a rondar en la Educación Superior, pues nadie habría pedido que este tribunal se pronunciara al respecto, si no estuviese planificando alguna acción que implique el "retiro de ganancias" de algún plantel.
El fin del lucro en la Educación Superior de Chile, fue un consenso, que se expresó en una ley discutida y aprobada en el Congreso. Sin embargo, al declarar inconstitucional el artículo 63 de dicha ley, el TC disparó a la línea de flotación de la reforma, junto con perfilarse como un órgano instrumental para torcer la voluntad ciudadana.
Si bien el lucro sigue prohibido por la ley, con la derogación del artículo 63, se abre la posibilidad que si no es detectado por las instituciones para controlarlo, como la Superintendencia de Educación Superior, será legítimo que controladores de algunas universidades, puedan retirar sus ganancias, tal como ocurrió con la Universidad del Mar.
Por otra parte, debemos recordar otra de las consignas levantadas por el Movimiento Estudiantil y compartida por muchos de los rectores, en cuanto a que los recursos públicos, en si ya escasos, por ningún motivo podrían ser transformados en ganancias para los controladores de planteles privados.
Lo anterior ahora queda en duda, pues con el funcionamiento de la Gratuidad, es posible que los recursos de todos los chilenos terminen siendo parte de las ganancias de quienes ven en la Educación Superior un negocio, no un derecho. Nuestro planteamiento como Universidades del Estado fue clara y precisa; todos los recursos financieros disponibles deben estar al servicio de la calidad en la educación.
Claramente tuvimos un retroceso en algo que nos costó tanto avanzar. Y hablo en plural, pues la ley obtenida, con todas sus imperfecciones, fue fruto del incansable trabajo de estudiantes, académicos, funcionarios, rectores, parlamentarios y autoridades.
Desde ya expresamos nuestra voluntad de cooperar con el actual gobierno para avanzar en sacar una ley que garantice la calidad en la educación y que esta se perciba en el país como un derecho y no como un bien de consumo.
Luis Alberto Loyola
Rector Universidad de Antofagasta