Felipe Contreras Reyes
Diferentes posiciones asumieron parlamentarios de Antofagasta, ante las declaraciones del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien este fin de semana cuestionó que la migración fuera un derecho en el país.
"El Presidente cree que los países, de acuerdo a las normativas internacionales, pueden establecer normas claras de ingreso y de expulsión. No confundamos la migración como un derecho, al derecho de los migrantes", afirmó.
Además, el subsecretario justificó el endurecimiento de la normativa, la cual -según sus palabras- debe ir acorde a la capacidad de absorción que tienen los servicios del país, tales como salud y educación.
Reacción
La diputada por Antofagasta e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Catalina Pérez (Revolución Democrática), criticó la postura de Ubilla pues afirma que el proyecto de ley no contiene referencias respecto a un tratamiento multisectorial de la migración.
"Basta con ver cómo en la Región de Antofagasta los inmigrantes siguen engrosando los campamentos en la periferia de la ciudad. Por eso resulta necesario abordar el fenómeno desde la vivienda, salud, trabajo y educación. Eso es algo que el Gobierno actual no está haciendo cargo", explicó.
Pérez también indicó que deben ampliarse los plazos de regularización para extranjeros, los cuales durarán entre 30 y 90 días a partir del 23 de abril. Esto porque acusa una "imposibilidad administrativa" para tratar todas las solicitudes.
Distribución
En el caso particular de Antofagasta, ayer habían largas filas desde las 5 de la mañana en oficinas de calle Washington de Extranjería, institución que realizó 700 atenciones (300 más que el promedio), en su mayoría de extranjeros con dudas respecto a la ley.
La diputada Marcela Hernando (Partido Radical), también integrante de la Comisión de Gobierno Interior, indicó que la nueva política migratoria tampoco señala claramente cómo se abordará la situación dentro del país.
"Si bien expusieron ante la comisión una presentación y dicen que van aumentar los controles fronterizos, no han dicho cómo controlar fronteras tan grandes como las de la Segunda Región", argumentó.
Además, Hernando rechazó la apreciación de Ubilla respecto a la migración, la cual fue calificada por ella como un "derecho humano".
Defensa
Por su parte la diputada Paulina Nuñez (Renovación Nacional), defendió la postura de Ubilla y aseguró que si bien el derecho a migrar existe, éste sería correlativo al derecho del estado receptor, como revisar antecedentes y fijar mecanismos de expulsión.
"Así como los migrantes tienen derecho a la movilidad social, que reconocemos, nosotros tenemos derecho a fijar nuestras normas y eso estamos haciendo", explicó.
Respecto a las solicitudes de regularización, la parlamentaria recordó que el sistema aún se encuentra en "marcha blanca" y destacó el interés de las personas en hacerse partícipes del proceso. Asimismo, sugirió que portales online podrían llegar a ser prácticos para las tramitaciones.
Críticas
La académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, criticó las palabras del subsecretario y descartó que exista un "límite" de servicios sociales que motiven la exclusión de extranjeros, pues éstos -según su visión- estarían limitados por el "excesivo alcance" del sector privado.
"Los servicios ya eran malos y se miran con malos ojos a los migrantes, como si estos fueran responsables de nuestros malas atenciones. Eso tiene que ver con las regulaciones propias del Estado, para mí esto es racismo de la institución y gobierno", concluyó.
Catalina, Perez, Diputada, RD"
"Ya el solo hecho de establecer cuotas por nacionalidad en el ingreso al país es irregular y discriminatorio".
Marcela, Hernando, Diputada, PRSD"
"Contrario a lo que dijo el subsecretario, soy de las que opinan que el derecho a migrar es un derecho humano".
Paulina, Nuñez, Diputada, RN"
"Nosotros tenemos, como Estado receptor, derecho a fijar nuestras normas y eso es lo que hacemos"."
