ONGs recurrirán a la Suprema si el fallo por Dominga es adverso
RECLAMACIÓN. Tribunal Ambiental de Antofagasta se mantiene trabajando en la redacción de la esperada sentencia, la que se encuentra retrasada.
Las ONGs ambientalistas involucradas en el conflicto por el proyecto Dominga anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema en el caso que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta ordene retrotraer su trámite ambiental. Así lo confirmó la abogada de Oceana, Javiera Calisto, quien además destacó la importancia de que el gobierno también participe de esa última instancia judicial.
En efecto, pese a que el tribunal antofagastino aún trabaja en la redacción del fallo por la reclamación de Andes Iron, entre los profesionales y organizaciones incumbentes en el proceso hay cierto consenso en torno a que los magistrados decidirán devolver la tramitación ambiental hasta una instancia anterior al Informe Consolidado de Evaluación (ICE).
La idea se basa principalmente en la decisión del tribunal de llamar a una conciliación -la cual no fructificó debido a la no asistencia del gobierno-, lo cual revelaría su intención de dar una nueva oportunidad a la compañía para que subsane las observaciones que provocaron su rechazo tanto en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, como posteriormente en el Comité de Ministros.
Recurso
Ante esa posibilidad, Calisto adelantó que "interpondremos un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir el fallo". Asimismo, la abogada destacó la importancia de que el gobierno siga el mismo camino.
"El proyecto se encuentra en el Tribunal Ambiental porque el titular reclama que la resolución del Comité de Ministros fue ilegal, por lo que se esperaría que la instancia ministerial -representada por el SEA- también recurra a la Corte Suprema para defender su resolución", dijo.
No obstante, sostuvo que si la decisión gubernamental es otra, ésta no quitaría fuerza a la acción de Oceana. "No debiese. Sin embargo, lo que se esperaría del Comité de Ministros es que actúe como la institución estatal que es y recurra a la instancia final para defender su resolución", cerró.
En la misma línea, Nancy Duman de la ONG Sphenisco, advirtió que "cualquier decisión que no signifique mantener el rechazo del proyecto, nosotros no vamos a estar de acuerdo, y el SEA en consecuencia debe acudir a la Suprema. Es su obligación, y si no lo hace, la ciudadanía lo hará de todas maneras", dijo.
Presiones
Respecto de la demora en la entrega del fallo -cuyo plazo expiró el miércoles- Duman aseguró que genera incertidumbre y suspicacia.
"Es evidente que esta demora y hermetismo es dañina, porque además evidencia que no les resulta fácil tomar una u otra decisión, y la ley respalda claramente lo resuelto por el Comité de Ministros. Además, éste es un proceso donde ha habido presiones en prácticamente todas las instancias y desde todo nivel", concluyó.
Durante la jornada de ayer, el tribunal no emitió ningún tipo de información, tal como ocurrió el miércoles, cuando finalizaba el plazo para entregar la resolución.
La misma conducta han seguido las organizaciones que componen la Mesa Comunal de La Higuera y Andes Iron.
No obstante, fuentes cercanas a este proceso revelaron ayer que la demora en la entrega del fallo está asociada a algunas condicionantes que estaría incorporando el tribunal a ese documento.
Según estas versiones, la decisión sería retrotraer la tramitación del proyecto a una instancia previa al ICE, pero bajo la condición de despejar algunos puntos específicos que el tribunal tenía previsto solucionar a través de la fallida mediación convocada a mediados de marzo.
millones es la inversión estimada por Andes Iron para la concreción del proyecto Dominga. US$2.500
puestos de trabajo generaría este proyecto minero - portuario durante su etapa de construcción. 10.000