La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) anunció ayer un paro nacional de actividades para este miércoles 30 de mayo. La convocatoria se debe a recientes actos de violencia contra el personal de la salud -como agresiones en consultorios por parte de los usuarios -, explicó la gremial.

"No es posible que se esté en un escenario en el que cualquier persona llegue, insulte, agreda, amenace, apedree adentro de un establecimiento, porque eso significaría hacer de la violencia una cuestión normal", explicó a Emol el presidente de la Confusam, Esteban Maturana.

"El punto es el tema de la violencia que ha ocurrido las últimas semanas. Las agresiones se han ido agravando. Está extremadamente complejo y peligrosa la situación. Es por esto que para nosotros es esencial que se tomen medidas para garantizar la seguridad del personal. Y ese es el objetivo fundamental de esta movilización", agregó Maturana.

Medidas de protección

En abril pasado, por ejemplo, un hombre disparó a dos personas al interior de un consultorio en Hualqui (Región del Biobío), dejando a una víctima fatal.

Además, en marzo, un sujeto de la localidad de Pitrufquén (Región de La Araucanía) llegó armado para exigir atención médica.

Mediante la paralización, agregó el dirigente, "queremos garantizar medidas de protección para el personal, sobre todo en los lugares más críticos, como las urgencias. También queremos hacer entender a la gente que con la violencia no se resuelven los problemas que tienen hacia el sistema de salud".

Los funcionarios públicos también buscan "exigir a los alcaldes que hagan uso de la ley contra las personas que ejerzan la violencia contra nuestro personal", argumentó Maturana.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló al ministro del Interior, Andrés Chadwick, como responsable de la "orientación" violenta que, aseguró, ha tomado Carabineros contra el movimiento estudiantil en las últimas semanas.

El jueves pasado, una docena de efectivos policiales entró a Instituto Nacional (Región Metropolitana) lanzando sillas y arcos de fútbol contra los adolescentes movilizados, según videos difundidos en la web. Además, Agencia Uno publicó la imagen de Carabineros aprehendiendo a uno de los menores de edad en ropa interior.

Estas "son expresiones claramente (surgidas) de una orden y orientación que la policía está teniendo, y de la que responsabilizamos directamente al ministro Chadwick, como máximo responsable político de la seguridad en el país", dijo Aguilar a radio Cooperativa.

Por esto, "le exigimos y demandamos (que dé) explicaciones al país sobre qué está detrás de esta política" hacia los estudiantes, señaló el dirigente.

La presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz (PC), afirmó que citará al director de Fuerzas Especiales de Carabineros para pedir explicaciones sobre el actuar de los uniformados en el procedimiento.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) iniciará hoy la fiscalización de 824 instituciones, como parte de su plan de trabajo anual, en el contexto de la celebración de los 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que dio origen al organismo autónomo.

"Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía. En la práctica, todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas", dijo el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Respuestas

Este año serán revisados los documentos de 824 instituciones bajo el principio de transparencia activa, focalizado en materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En cuanto al acceso a la información pública, el CPLT estará concentrado en la calidad de las respuestas institucionales a los ciudadanos.

"Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano, y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad. Sólo la instalación de una cultura de la transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia", destacó Drago.

El titular de Transparencia recordó que los 345 municipios serán sujetos de fiscalización, "porque, entre otras cosas, son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado, y es de gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones".

Redacción

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, se refirió ayer a la implementación de multas para penalizar el acoso callejero en dos comunas de la Región Metropolitana, donde el primer acusado fue un hombre que gritó un piropo a una mujer en Las Condes. La afectada notificó a Carabineros y este acabó con una citación judicial. A causa de ello, numerosos usuarios de internet recordaron a la ministra su apoyo a los halagos callejeros cuando asumió el cargo, sin embargo, Plá ayer afirmó que "entendí que es agresivo".

"Estoy de acuerdo (con la ordenanza aplicada en Las Condes y Recoleta) porque las he escuchado, y entendí que para ellas es agresivo que un desconocido les diga cualquier cosa", dijo la secretaria de Estado en Canal 13.

"No tiene que ver con las palabras, sino con que muchas mujeres jóvenes y de mi generación consideran que es agresivo que un desconocido les diga algo en la calle que tenga relación con su cuerpo, con su atractivo", explicó Plá.

"Nos gustan los piropos"

Integrantes del movimiento feminista, sin embargo, replicaron una publicación de la ministra que data de 2015: "Espero que no se confunda acoso con piropo. A la mayoría de las mujeres nos gustan los piropos y no tenemos complejos con la femineidad".

Ante ello, Plá señaló ayer que la aplicación de la normativa -hasta ahora de carácter municipal -se trata de "sentido común": "Si a mí me silban en la calle, no voy a ir a acusarlos a la policía local, pero esa es mi opinión".

Al día siguiente de cursado el primer parte por acoso callejero, debido a que el acusado, según el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, gritó a la afectada "coma más ensalada, para que conserve su linda silueta", el juez de Casablanca (Región de Valparaíso), Mario Cortés, puso en la entrada de su oficina un papel que decía "se informa a los que ofrecen ensaladas para colación en Casablanca, que recomendar el producto a una mujer para mantener la figura, no constituye infracción ni acoso sexual. Si está citado, será absuelto".

La ministra de la Mujer señaló al respecto que "fue una broma mala, y no me gustó que se riera de un tema que está siendo muy importante para las mujeres".

El magistrado, por su parte, dijo con anterioridad a Las Últimas Noticias que "ese tipo de situaciones no constituyen acoso sexual ni en Casablanca, ni en Las Condes, ni en la quebrada del ají".

Cortés señaló que este tipo de expresiones podrían ser consideradas injurias, pero acoso, para él, "es poner a una persona en una situación de tener que tomar una decisión, sin que esa persona tenga realmente la libertad para hacerlo. (...) La ordenanza (de Las Condes) está mezclando cosas. Se hizo improvisadamente".