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Vencimiento de visas de turismo y causas judiciales fueron la principal razones de deportaciones en la capital regional durante el año pasado. Si bien la cifra 2017 no superó las 70 personas, ésta experimentaron un aumento de 16% respecto al periodo anterior.

La información fue entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), cuyas estadísticas establecen que durante 2017 fueron expulsadas 31 personas por el Gobierno Regional debido a razones administrativas y otras 39 por el Poder Judicial.

Cabe recordar que en el segundo caso, la salida del país funciona como una pena sustitutiva por delitos con penas menores a cinco años. Asimismo -según cifras de la misma institución- hasta mayo de este año ya habían sido expulsadas un total de 26 personas.

Razones

Al respecto el abogado de la intendencia de Antofagasta, Rodrigo Meriño, indicó que las medidas administrativas son dictaminadas por el intendente previa denuncia.

"Las expulsiones son principalmente por haberse excedido en su permiso de turismo (90 días), lo cual es una facultad excepcional aplicada por el intendente, y dependerá de la cantidad de días que tenga una residencia irregular este extranjero", comentó el profesional.

Agregó que la segunda razón de expulsión administrativa durante 2017 fueron los ingresos clandestinos, aunque aclara que estas cifras son menores respecto a regiones como Arica y Parinacota.

Por su parte, el jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI de Antofagasta, subprefecto Daniel Moraga, aclaró que no todos los decretos emanados en Antofagasta se concretan en las fronteras de la región.

"Las personas afectadas que vienen desde países limítrofes salen a través de pasos terrestres. El resto debe ser necesariamente por vía aérea y debemos hacerlo por el aeropuerto de Santiago", explicó.

De esta forma, si bien durante el año anterior fueron expulsada setenta personas en la comuna, a nivel regional se concretaron 90 expulsiones en los puestos de avanzada.

Análisis

Por su parte el vocero del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Leandro Cortés, indicó que lo relevante es respetar el debido proceso y que éste respete los derechos humanos de las personas implicadas.

"Nosotros apelamos a que sean los derechos humanos los que primen, que no haya arbitrariedad o componentes que no estén claros en la toma de decisión. Esperamos que en este proceso de regulación migratoria no aparezca un aumento significativo en esta estadística", comentó.

Lo anterior porque, a juicio de Cortés, el nuevo instructivo presidencial genera una posibilidad administrativa de aumentar las expulsiones, pues impide que los turistas tramiten su visa de trabajo en el país.

La diputada de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, reafirmó su llamado a participar en el proceso se regularización migratoria que termina el próximo 23 de julio.

"El llamado es a todas las personas que están en situación ilegal, a quienes se les venció su visa de turista y no había iniciado un proceso para obtener una visa temporal. El llamado es a que se acerquen a uno de los 37 puntos de atención y puedan entregar sus antecedentes para iniciar el proceso de regularización", comentó la parlamentaria.

Asimismo, Núñez destacó que personas con órdenes de deportación no pueden seguir en el país, para lo cual deben solucionarse falencias tales como la falta de recursos para los pasajes de autoridades policiales que deben acompañar a los extranjeros a sus países.

extranjeros más se expulsaron durante el año pasado respecto al periodo 2016. 12

personas salieron en 2017 a través de los puestos de avanzada en dirección a países limítrofes. 90

Fue hace poco más de un año que los habitantes de Antofagasta soportaron la cuarta peor lluvia en la ciudad en casi medio siglo. La situación puso urgencia a la necesidad de generar medidas preventivas, especialmente en las quebradas que dan a zonas pobladas.

Así, durante el gobierno anterior se gestionaron tres obras de control aluvial en las quebradas El Toro, Jardines del Sur y Riquelme. Los fondos para éstas fueron aprobadas por el Gobierno Regional en febrero pasado. Sin embargo, su licitación aún no ha sido iniciada.

Según explicó el exseremi de Obras Públicas, César Benítez, el cronograma de trabajo indica que hay tres proyectos que quedaron aprobados el 23 de febrero, para los cuales se destinaron $24.000 millones para iniciar un proceso de construcción de tres años.

"Me llama la atención que desde febrero aún no se tramitan de manera completa los mandatos del Gobierno Regional y toda la programación financiera detallada para 2018 probablemente no tenga un gasto significativo. Lo más relevante es que estas obras comiencen a construirse", dijo.

Así, acorde al Balance del Convenio de Programación "Mitigación de desastres aluviales y evacuación de Aguas lluvias Región de Antofagasta 2015 - 2020", las tres obras mencionadas aparecen definidas como "prioritarias".

Proceso

Respecto de lo denunciado por Benítez, desde la Seremi de Obras Públicas advirtieron que las mencionadas serán licitadas "este año". Y detallaron que su construcción costará $3.400 millones para la quebrada Riquelme; $3.400 millones para la quebrada El Toro; y otros $9.230 millones para Jardines del Sur.

Lo anterior implicaría la construcción de 163 muros estabilizadores y 23 pozas decantadoras.

Al respecto el seremi Edgar Blanco, comentó que para el Ministerio de Obras Públicas es prioridad trabajar en la seguridad de las personas. "Nuestro compromiso es avanzar en este tipo de obras para resguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad", dijo.

Asimismo, indicaron que durante este mismo periodo la Dirección Regional de Obras Hidráulicas licitará la fase tres de la quebrada Uribe. No obstante, no se entregó una fecha precisa para ello.