La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, le restó dramatismo ayer a la gestión de la UDI para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el reglamento de objeción de conciencia para la ley de aborto en tres causales que fue presentado el viernes por el La Moneda.

Parlamentarios del oficialismo han criticado el nuevo reglamento, que impide a los privados que reciben fondos públicos invocar la objeción de conciencia en prestaciones de obstetricia y ginecología.

Parlamentarios de la UDI han dicho que esto "vulnera" el derecho a la objeción institucional, idea que ha encontrado respaldo en RN.

La moneda desdramatiza

El nuevo reglamento recoge el dictamen de la Contraloría General de la República que declaró ilegal el protocolo emitido por el Gobierno, al establecer que las instituciones privadas que reciben recursos públicos no pueden ser objetores de conciencia institucionales porque "sustituyen a los servicios de salud".

"En su minuto dijimos que no compartimos el dictamen de la Contraloría, al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos", dijo Pérez.

"Lo que corresponde en un Estado de Derecho, como también corresponde que aquellas personas que teniendo derechos, sientan que han sido estos pasados a llevar, puedan concurrir a aquellas instituciones que son los garantes para poder nuevamente reivindicar el derecho a sancionarlo, en este caso los parlamentarios y el TC", agregó sobre la acción de la UDI.

Pérez detalló que antes de recurrir al TC, los parlamentarios tendrán que esperar la resolución de la Contraloría sobre el nuevo reglamento. Una vez que esto ocurra, si "se persevera en la postura de la UDI de ir al TC, lo tendrían que hacer contra la toma de razón de la Contraloría", dijo.

El diputado UDI Juan Antonio Coloma aseguró que "no es una acción contra el Gobierno", sino que contra el dictamen de la Contraloría y que, por eso, van "a recurrir (al TC), para poder respetar algo que puede gustar o no, pero que es la objeción de conciencia institucional, que está establecida hoy día en la ley".

Libertad de acción en rn

Pese a que ayer trascendió que diputados de la UDI y RN ya contarían con las firmas necesarias para recurrir al TC, desde ese último partido su timonel, Mario Desbordes, explicó que no hay una posición de partido en la materia y que, aunque se adoptara una, "lo más probable es que haya libertad de acción".

El diputado se mostró favorable a recurrir al TC, "pero no contra un reglamento de nuestro Gobierno", sino contra "el criterio que impone Contraloría a nuestro Gobierno", que "pone en riesgo la libertad de organizaciones intermedias".

Explicó que la decisión como partido podría demorar semanas, pues es algo que analizarán las bancadas, comités y directiva nacional y su comisión política. Dijo que hay que considerar que la toma de razón de la Contraloría sobre el nuevo reglamento "se va a demorar un par de semanas", por lo que la posibilidad de recurrir al TC se resolvería en un mes.

Desbordes admitió que, de ir al TC, no podrían hacerlo en contra del dictamen de la Contraloría, "porque legalmente no se puede" y que, por lo tanto, de recurrir, estarían "obligados a hacerlo respecto del reglamento que hace nuestro Gobierno".

Desbordes descartó que una acción ante el TC implique ir contra el Gobierno, que "se vio forzado a acatar un dictamen". "Lo que estamos haciendo es recurrir contra del criterio que contiene ese reglamento que le fue impuesto al Gobierno por la Contraloría", dijo.

"Si recurrimos al TC, el Gobierno tendría que defenderse de nuestro recurso; basta y sobra que el Gobierno se siente en el TC y diga 'he tenido que ajustar mi reglamento al dictamen de la Contraloría', nada más. Esa es toda la defensa que le correspondería al Gobierno, porque no está de acuerdo con ese dictamen", finalizó.

"No compartimos el dictamen de la Contraloría al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos".

Cecilia Pérez, Ministra vocera de Gobierno."

"Si recurrimos al TC, el Gobierno tendría que defenderse de nuestro recurso".

Mario Desbordes, Presidente de RN."

Jóvenes estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Rusia, Ucrania, Perú y Chile, entre otros países, llegaron a Antofagasta para dar inicio a la Expo Ciencias Latinoamericanas, ESI AMLAT 2018, evento que se realiza en la Universidad Católica del Norte (UCN), con la participación de más de 500 expositores.

El encuentro constituye una oportunidad única para que cientos de estudiantes de Chile y el extranjero, muestren sus proyectos científicos y participen en charlas y conferencias sobre diversas temáticas. El evento incluye un variado programa que cuenta con charlas y exposiciones con destacados investigadores.

Hasta el frontis de la Municipalidad llegaron los músicos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, intérpretes que ayer iniciaron una huelga por conflictos con la Corporación Cultural de Antofagasta. Esto porque declaran tener remuneraciones menores a $400 mil.

Cabe recordar que desde la entidad pública ya rechazaron realizar un aumento de sueldo de 8% en las remuneraciones. Esto en honor al límite de recursos de la institución, la cual también acusó que los trabajadores sindicalizados reciben sueldos cercanos al millón de pesos.

Lo anterior fue rechazado por huelguistas, quienes incluso llegaron a la casa consistorial con una pancarta en la cual podía leerse "Ojalá ganara un millón", pues los sueldos serían mucho más bajos.

En palabras del presidente del Sindicato N°1 de trabajadores de la Corporación Cultural, Marcos Santelices, el promedio ronda los $600 mil, y $1 millón solo lo reciben músicos de mayor responsabilidad y quienes tienen más años de servicio.

"En esos $680 mil está la antigüedad y la responsabilidad por atril. O sea, el sueldo base de nosotros es de $380 mil. Si eso a la autoridad le parece a la altura de una orquesta de 56 y galardonada en el Congreso, me parece un descriterio", dijo.

Diferencias

En efecto, la violinista Natalia Baeza indicó que su sueldo corresponde solo a $480 mil, sueldo que la obliga también a desempeñarse en otras labores para costear la vida en la capital regional.

"Soy profesora del Liceo Experimental Artístico y trabajo haciendo clases en otros proyectos también. He encontrado que (la postura de la autoridad) ha sido un poco mezquina. Nosotros somos la cara visible de la corporación", indicó al respecto.

Pese a ello el secretario general ejecutivo interino de la Corporación, Oscar Rebolledo, insistió que la nómina de los 51 trabajadores promedia promedia $931 mil.

"Ahora efectivamente existen sueldos que son de $400 mil, pero también hay sueldos que alcanza un millón 400 mil, que es lo que puede llegar a ganar el director de la orquesta", reafirmó.

Sin desmedro de lo anterior, Rebolledo reconoció que los músicos no poseen un lugar para ensayar, por lo cual practican en el LEA acorde a convenios.

Constanza Caldera Pfeiffer

Los diputados de la Región de Antofagasta entraron ayer al debate respecto al nuevo reglamento de objeción de conciencia presentado por el gobierno en el marco de la Ley de Aborto en tres causales.

Esto, luego que el viernes recién pasado el Ejecutivo ingresara a Contraloría el nuevo protocolo, después que el órgano contralor declara ilegal en mayo las modificaciones realizadas por la actual administración que permitían que entidades que tuvieran convenios con el Estado pudieran invocar la objeción de conciencia.

El nuevo texto estableció que ninguna institución que posea contratos con el servicio público en prestaciones gineco - obstetras podrá invocar la objeción de conciencia, lo que generó cuestionamientos desde la UDI, quienes evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie respecto al dictamen de la Contraloría.

El diputado de Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Velásquez, se mostró a favor de que las instituciones privadas que reciben recursos del Estado no apliquen la objeción de conciencia, pero respetándose la opinión de profesionales y funcionarios del recinto médico.

"Me parece que aquellos recintos privados que reciben financiamiento público deben tener los equipos suficientes para atender los casos de mujeres que quieran hacer uso del aborto en las tres causales", partió argumentando Velásquez.

No obstante, reconoció que ese tema debe concretarse "respetando al interior de la misma institución aquellos profesionales y funcionarios que tienen alguna objeción de conciencia", declaró.

Dictamen

Desde la bancada de Renovación Nacional, decidieron ayer oficiar al contralor Jorge Bermúdez para que aclare los alcances del dictamen y si éste afectaría a otros órganos intermedios, además de las clínicas privadas.

La diputada RN, Paulina Núñez, indicó que como partido "hemos decidido que una vez que tengamos claridad respecto al alcance y dimensión de este dictamen de Contraloría, estaremos evaluando con nuestros abogados y expertos constitucionalistas recurrir al Tribunal Constitucional".

"Queremos que se esclarezca el efecto que puede producir el aporte de recursos públicos a todas las actividades, no solamente en el tema de la salud como está pasando hoy día, sino que también en todas las áreas que participa la sociedad civil", agregó Núñez.

El diputado RN, José Miguel Castro, indicó que existe preocupación por parte del partido frente a que muchas mujeres puedan quedar sin atención producto de este dictamen de Contraloría.

"También hay otra arista que no se ha tomado en consideración. Si ocurrió esto con ciertas instituciones, esto podría perfectamente tener un efecto dominó a otras instituciones de otras áreas públicas y privadas. Por lo tanto, estamos muy preocupados en este sentido", declaró Castro.

Reglamento

En tanto, la diputada PR, Marcela Hernando, si bien aseguró que en el nuevo reglamento "están respetadas todas aquellas materias que estaban dichas en el primer protocolo", planteó sus dudas sobre la objeción de conciencia institucional.

"Me preocupa que en el texto de este reglamento no dice que las clínicas tengan que aducir problemas de fe o convicciones religiosas. Entonces, desde ese punto de vista - y quiero conversarlo con los abogados - bastaría con que una clínica cualquiera sin razones confesionales pidiera ser objetora de conciencia. Y eso me parece complicado", declaró la exintendenta.