Con ocasión de la comisión de dos delitos que conmocionaron a la opinión pública durante las últimas semanas, se anunció por parte de las autoridades de gobierno la necesidad de endurecer las penas respecto de adolescentes infractores de ley, especialmente tratándose de reincidentes. "Basta de consideraciones", enfatizó el Ministro del Interior, "que porque son menores no pueden recibir las penas que corresponden a delitos muy graves".
Es bastante común que nuestros gobernantes, de cualquier sector político, ante la ocurrencia de hechos delictivos particulares reaccionen con promesas de mayor endurecimiento del sistema de justicia penal. Pero, ¿resultará beneficioso para la sociedad que se realicen modificaciones legislativas que exacerben las penas aplicables o restrinjan el cumplimiento en libertad de las sanciones? ¿No es, acaso, otra la respuesta que siempre se espera de quienes dirigen las políticas públicas en nuestro país?
Al respecto, el contexto en el que se genera este debate es el de una sostenida y bajísima incidencia de la criminalidad de adolescentes durante los últimos años. A modo de ejemplo, si a nivel nacional en el año 2011 la Defensoría Penal Pública atendió a 34.906 imputados menores de edad, en el año 2017 se atendieron sólo a 22.915 adolescentes. Por su parte, en la Región de Antofagasta en el año pasado hubo 793 delitos cometidos por jóvenes, los que representaban un escaso 4,8% respecto del total de delitos cometidos en la región, el porcentaje más bajo desde el año 2011.
La baja criminalidad protagonizada por jóvenes es corroborada por todos quienes manejan los datos del sistema, y debería invitarnos a fortalecer programas focalizados, transversales y de calidad en orden a potenciar la resocialización de los menores de edad, incluso de rehabilitarlos de las adicciones que puedan presentar, en lugar de continuar recurriendo a la privación de libertad como principal solución al problema social que subyace a cada delito, en razón de casos aislados y puntuales.
Porque detrás de cada delito, especialmente aquellos que impactan a la comunidad y los medios de comunicación, existe un abandono estatal que no puede solucionarse con la cárcel. La desvinculación familiar, la deserción escolar, el consumo problemático de alcohol y drogas, entre otros factores, nos exigen intensificar los propósitos de reinserción y rehabilitación que rigen a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Luciano Cisternas Velis
Asesor jurídico, Defensoría Penal Pública