Cuatro parlamentarios de partidos de la exNueva Mayoría y el Frente Amplio le darán mayoría a la oposición en la comisión que analizará el mérito en la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, presentada el miércoles.

Ayer se sortearon los miembros de la instancia: Natalia Castillo (RD), Esteban Velázquez (FRV), Leonardo Soto (PS), Carolina Marzán (PPD) serán parte del panel por la izquierda, mientras que solo el UDI Renzo Trisotti representará a Chile Vamos.

Un grupo de diputados de oposición presentó el libelo contra tres jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema: Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama, Carlos Künsemüller.

Los fundamentos

La acusación tiene dos capítulos. El primero habla de una presunta "falta de control de la convencionalidad" que tienen que tener los jueces, mientras que el segundo es por haber supuestamente otorgado las libertades "sin los requisitos que establecen los organismos internacionales".

"Nosotros tenemos el deber ineludible de utilizar esta herramienta, la cual estamos obligados como diputados, porque se ha vulnerado el derecho internacional", dijo la diputada Carmen Hertz (PC) al presentar el texto.

El presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuestionó duramente el proceso impulsado por los diputados de izquierda.

"El Constituyente cierra toda discusión señalando que el ejercicio de la jurisdicción es confiado exclusiva y excluyentemente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el Presidente o el Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, dice la Constitución, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones", comentó el miércoles al reaccionar a la presentación.

El formato

Los jueces acusados por los parlamentarios de oposición tendrán un plazo de 10 días para presentar sus descargos respecto de las acusación. En caso de que la Cámara de Diputados finalmente la apruebe, el libelo deberá ser revisado por los miembros de la Cámara Alta, a quienes corresponde la decisión final en la materia. Si la ratifican, los magistrados deberán cesar en sus cargos.

En caso de éxito de los parlamentarios en esta acusación constitucional, el Presidente Sebastián Piñera tendría que proponer los reemplazos, que tendrían que ser aprobados por el Senado.

La exministra de Justicia Javiera Blanco desmintió ayer las informaciones que la vinculan a una supuesta modificación en el número de muertes ocurridas en el Servicio Nacional de Menores (Sename) mientras ella fue secretaria de Estado. La actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) adelantó que no descarta ejercer acciones legales para defender su honra ante esas acusaciones.

Las declaraciones de Blanco surgieron después de conocer la publicación de CNN Chile ("El borronazo de Javiera Blanco"). El reportaje indicó que luego de la muerte de Lissette Villa (11 años) en el CREAD Galvarino, el diputado René Saffirio pidió vía oficio al director nacional del Sename de ese entonces, Hugo Herrera, y a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que entregaran el número de niños y adolescentes fallecidos entre el 1 de enero de 2005 al 4 de mayo de 2016, en centros pertenecientes al Sename e instituciones privadas financiadas por el Estado.

La respuesta del Ministerio de Justicia indicaba que 449 niños y adolescentes habían muerto en el periodo, incluyendo a mayores de 18 años y a menores provenientes de la justicia juvenil. Sin embargo, de acuerdo a la investigación periodística, Blanco habría solicitado restar los decesos provenientes de la justicia, por lo que el número cambió a 185.

La respuesta

La ex secretaria de Estado aseguró que "la respuesta entregada al diputado por el Ministerio de Justicia, dado que se refería a niños, niñas y adolescentes, no consideró la cifra de adultos, por razones obvias de edad. Asimismo, la solicitud solo pedía información sobre fallecidos en centros administrados por el Servicio Nacional de Menores o instituciones privadas financiadas por el Estado", añadió. Según Blanco, "esa expresión se refiere al sistema de protección de menores y no incluye el sistema de cumplimiento de penas en recintos cerrados o semi cerrados de justicia juvenil, los que la propia ley alude como sistema o régimen cerrado o semi cerrado de cumplimiento de penas, o medidas de cumplimiento en libertad".

Reacción del gobierno

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez, expresó que de ser cierta la información "nos parece gravísimo, porque el Estado de Chile tiene una deuda con nuestros niños, sobre todo los más vulnerados".

Según la vocera, "si ya no es parte de la investigación que el Ministerio Público está llevando adelante por las situaciones, casos y fallecimientos que han existido al interior del Servicio Nacional de Menores, no tenemos ni una duda (de) que el Ministerio Público va a tomar estos antecedentes y va a investigar". Ayer, un grupo de diputados de RN solicitó al Presidente Piñera la remoción de Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cargo que se le fue otorgado durante la administración de la exMandataria Michelle Bachelet.

"La bancada le va a solicitar al Presidente que evalúe, dentro de sus facultades, la remoción. Los antecedentes que se han tenido a la vista son la probidad de cualquier funcionario público (...) existe información suficiente y fidedigna de que ella, siendo ministro de Estado, ordenó alterar las cifras de fallecidos del Sename. En segundo lugar, habría tenido alguna participación en los fondos reservados de Carabineros", comentó Leopoldo Pérez, jefe de bancada de RN.

"Espero que el Ministerio Público va a utilizar la misma figura respecto del cardenal Ezzati: el encubrimiento".

René Saffirio, Diputado"

"La bancada (de RN) le va a solicitar al Presidente que evalúe, dentro de sus facultades, la remoción (de Javiera Blanco)".

Leopoldo Pérez, Jefe de bancada de RN"

personas habrían muerto entre 2005 y 2016 en el Sename y organismos financiados por el Estado. 449