Un estudiante de derecho que realizaba su práctica en la Fiscalía de Maipú (Región Metropolitana) fue detenido ayer por Carabineros al ser identificado como el autor de amenazas de muerte contra la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez.

El general de Carabineros, Jorge Valenzuela, señaló que la amenaza se produjo a mediados de este mes a través de Twitter, donde el joven escribió sobre poner una bomba en la casa de la vocera del Gobierno de Sebastián Piñera.

"Carabineros, a través del departamento OS-9, efectuando análisis preventivos técnicos virtuales detectó esta amenaza que iba dirigida a la ministra Secretaria General de Gobierno, de que atentaría contra su integridad física", explicó el uniformado.

"A partir de ese monitoreo y detección virtual se comunicó con la Fiscalía requiriendo las autorizaciones pertinentes para iniciar la investigación, y se logró dar con la identidad y ubicación del autor de dicha amenaza, que se trata de un joven estudiante de derecho de una universidad privada que efectúa su práctica en el Ministerio Público de Maipú", añadió el general.

Valenzuela agregó que el estudiante de 23 años fue detenido, "se tomó su declaración y el fiscal determinó que quedaría citado a declarar bajo el contexto de esta amenaza", tras lo cual fue dejado en libertad.

Una vez detectados los dichos contra Pérez, explicó el carabinero, "se dispusieron las medidas de resguardo en su residencia y en su desplazamiento".

"Con la señora ministra se estuvo coordinando desde el punto de vista de la reserva de la investigación. También OS 9 coordinó con la señora ministra las acciones pertinentes y antecedentes que ella mantenía sobre este hecho, que se materializaron en la investigación que permitió la detención de esta persona por amenazas vía Twitter", detalló Valenzuela.

El oficial reveló que durante su declaración que el acusado "señala un tipo de arrepentimiento, situación que serán analizados y ponderados por el Ministerio Público".

años tiene el autor del mensaje publicado en Twitter a mediados de mes, señaló Carabineros. 23

El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, manifestó ayer que la acusación "es el inicio de un juicio político porque cuestiona el fundamento del fallo".

Cisternas se refirió así al libelo acusatorio presentado por parlamentarios de oposición, que puso en tela de juicio al actuar de tres jueces del máximo tribunal respecto de su anuencia, a través de voto en un fallo judicial, al otorgamiento de la libertad condicional de siete condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco y Colina I, al participar del programa Mesa Central (Canal 13).

De acuerdo al juez, la legislación no tiene estipulado que los implicados en crímenes deban arrepentirse. "El arrepentimiento no es un requisito establecido para acceder a la libertad condicional (...), la ley no exige conciencia de delito", manifestó.

Por otra parte, argumentó que a pesar de todo, no debería modificarse la ley para prohibir la libertad de los condenados. "No debería cambiarse la ley para prohibir la libertad condicional a condenados por derechos humanos", dijo. Consultado por las vacaciones que tomó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a pesar del polémico escenario que envuelve al máximo tribunal del país, explicó que a pesar de ello, el órgano "ha funcionado plenamente".

"El pleno ha funcionado plenamente (...) El presidente que actúa como subrogante lo hace con plenitud de atribuciones", concluyó.

"rompe" imparcialidad

El expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, rechazó ayer la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición en contra de los ministros del máximo tribunal Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama por supuesto notable abandono de deberes, luego de que le concedieran la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad. En declaraciones a El Mercurio, Muñoz dijo que la acusación no respeta lo que la Carta Magna expresa, y con ello se rompe la "imparcialidad" e "independencia" de los jueces, atentando contra el Estado de Derecho.

"Creo que de alguna manera no se está respetando lo que es la Carta Fundamental en sus disposiciones (...) Ciertamente, a los ojos de cualquiera, van a ponerse en duda lo que es la autonomía, la independencia e imparcialidad (de los jueces)", señaló Muñoz.

El ex presidente de la Suprema agregó además que "las garantías de las personas que recurren a solicitar la administración de justicia a los tribunales es lo que puede estar comprometido". "Ellos (los parlamentarios) han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto, es ilegítimo. Lo que se está haciendo es analizar los fundamentos y motivos de una resolución, eso va en pugna con el artículo 76 de la Constitución Política", declaró al diario.

Un grupo de 35 abogados redactaron una carta a El Mercurio rechazando el recurso impuesto por parlamentarios de oposición, y enfatizaron en que la imparcialidad e historial de los jueces no "debiese ser ignorada". "Detrás de cada uno de estos ministros existe una relevante y no siempre conocida historia de honesto e imparcial servicio a nuestro país que no debiese ser ignorada", puntualizó la carta, con Ciro Colombara, Miguel Soto, Davor Harasic y Luis Hermosilla entre algunos de sus firmantes.

ministros de la Corte Suprema fueron acusados por parlamentarios de la oposición. 3