Equipo Redacción
Funcionarios con altos cargos en la Región de Antofagasta y sueldos por sobre los dos millones de pesos, fueron beneficiados con viviendas fiscales por las que pagan sumas que en la mayoría de los casos van entre los 18 mil y los 60 mil pesos mensuales de arriendo. Algunos de ellos llevan más de dos décadas habitando esas propiedades, a pesar de que con sus sueldos les alcanzaría para tener una casa propia.
Este medio envió en junio de este año 50 solicitudes de transparencia a entidades públicas en la región para saber qué funcionarios tienen propiedades fiscales asignadas, cuánto tiempo las tienen en su poder y cuánto pagan de arriendo. Aunque la mayoría de los entes contestó en el tiempo debido, una institución envió la información recién en septiembre (la Gobernación Provincial). En tanto, el Poder Judicial aún no responde. De hecho, manifestaron que no tienen plazos definidos para contestar como los otros organismos, debido a que no se rigen por la Ley de Transparencia.
Altos cargos
Según las respuestas de Transparencia enviadas por las instituciones que sí contestaron, en la región hay a lo menos 107 viviendas fiscales asignadas a funcionarios públicos. 34 de ellas (el 32 % del total) fue entregada a funcionarios con sueldos por sobre los $2 millones bruto. Mientras que 28 (un 26 % del total) fueron asignadas a funcionarios con sueldos inferiores al millón de pesos bruto.
En promedio, las viviendas llevan 7 años cedidas a estos funcionarios. Pero hay ocho casos en que se supera las dos décadas de ocupación.
El más extremo es el del abogado y asesor jurídico de la Seremi de Educación, Iván Pavlov, quien según la información entregada por ese organismo, lleva tres décadas ocupando un departamento fiscal ubicado en la Coviefi.
Pavlov tiene actualmente un sueldo de $3.200.000 bruto y paga, según la misma seremi, $52 mil mensuales de arriendo. Intentamos comunicarnos con el abogado, pero no fue posible.
Desde la Seremi de Educación, en tanto, respondieron que "se están revisando criterios de asignación y legalidad de permanencias extensas".
Otro funcionario de alto cargo y sueldo que aparece en uno de los listados, esta vez de Vialidad, es Félix Gallardo, quien tiene un sueldo de $3.300.000 y ocupa una vivienda fiscal desde el año 2003. Gallardo fue director de Vialidad en el pasado periodo de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Este medio también intentó contactarse con el funcionario vía mail, pero no hubo respuesta.
Justamente Vialidad es uno de los organismos que concentra gran parte de las viviendas fiscales.
De sus 10 funcionarios en la ciudad de Antofagasta que tienen el beneficio, 7 tienen sueldos por sobre los 2 millones de pesos y en algunos casos tienen cargos de jefaturas (Vialidad además tienen otras 8 viviendas en la región asignadas a funcionarios).
Algo similar ocurre en la Seremi de Educación, donde los cuatro funcionarios que tienen el beneficio de vivienda fiscal tienen sueldos brutos sobre los 2 millones de pesos. Ninguno paga más de $52.538 de arriendo.
En el caso del gobierno regional, otra institución con gran número de casas asignadas, 10 funcionarios tienen vivienda fiscal. Tres de ellos tienen sueldos sobre los dos millones de pesos. Los montos de arriendo en ese organismo varían entre los 26 mil y los 48 mil pesos.
Ley privilegia a jefes
Al ser consultado sobre cuáles son los criterios que se están utilizando para adjudicar las viviendas fiscales en los distintos entes públicos, el intendente Marco Antonio Díaz respondió que "conforme lo dispone el artículo 85 del estatuto administrativo, ley N° 18.834, y la jurisprudencia administrativa, para la asignación de una vivienda fiscal debe existir disponibilidad de éstas y una solicitud de funcionarios, siendo el factor dirimente para la adjudicación, la jerarquía". Es decir, si dos funcionarios necesitan una vivienda, la misma ley privilegia al de más alto cargo.
Otro problema de la ley es que no pone tope al tiempo que un funcionario puede permanecer arrendando -a muy bajo precio- una vivienda fiscal. "De acuerdo a la interpretación reiterada de la Contraloría, la asignación de la vivienda fiscal durará mientras el funcionario mantenga su calidad como tal en el servicio que le asignó la vivienda, terminando solamente por la destinación del funcionario a otra localidad, su desvinculación del servicio, y por la adquisición de parte del funcionario o de su cónyuge (debe extender a los convivientes civiles) de una vivienda en la localidad en que preste servicios", explicaron desde la Intendencia.
10% del sueldo "base"
Otro punto que llama la atención de la información recopilada, es el bajo monto que paga la gran mayoría de los funcionarios beneficiados por los arriendos. Estos varían entre $17 mil y $60 mil.
La ley sostiene que los funcionarios deben pagar un 10% de sus sueldo como arriendo, pero esto, según Intendencia, ha sido interpretado por el organismo de control como 10% del sueldo "base", no el bruto. Es decir el sueldo sin contar las múltiples asignaciones. Las asignaciones pueden llegar a representar sobre el 70% del sueldo real de un funcionario público.
Justamente el organismo de control, Contraloría, es una de las entidades que tiene gran número de viviendas fiscales asignadas en esta región: un total de 9. En cuatro casos los beneficiados pagan $17.874 de arriendo mensual, según la información vía Transparencia enviada por ese organismo a este medio.
Falta de claridad
Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) cuestionan la actual forma en que se están asignando las viviendas, la que según Freddy González, presidente regional del gremio, es poco transparente y privilegia a quienes no debería. "Este tema por muchos años ha sido un tabú. Nosotros como confederación creemos que ha sido poco claro y poco solidario con los funcionarios que realmente necesitan usar una casa fiscal".
González además sostiene que han presentado el problema a gobiernos anteriores, pero sin respuesta. "Vemos en muchos casos que si no eres amigo del jefe o cercano a él, no tienes ninguna posibilidad de que te asignen una casa. Los procesos son confusos, poco claros, las decisiones se toman entre cuatro paredes. Eso siempre será malo para la función pública. Siempre hemos deseado que esto sea un proceso transparente, en que un asistente social asigne puntajes y que todos puedan acceder a la información respecto al proceso", dice.
Para el dirigente gremial el objetivo de estas propiedades debería ser ayudar a que los funcionarios públicos con menor sueldo durante un tiempo tengan la posibilidad de ahorrar para adquirir una casa "y luego otro funcionario pueda acceder al beneficio, pero algunos han usufructuado de un beneficio que debería llegar a más funcionarios".
Misma visión tiene Juan Cáceres, dirigente sindical de la Seremi de Obras Públicas, quien dice que la forma de entrega de este beneficio debe transparentarse.
"Los parámetros de asignación deben ser claros, en cuanto a requisitos y tiempo máximo en que pueden ser ocupadas estas casas. Actualmente los funcionarios no acceden a información cuando una vivienda va a ser desocupada. Si llega a saberse, es por que se corre la voz entre pasillos, pero no hay información clara. Ni siquiera sabemos el número de casas disponibles en este momento", advirtió.
Proceso de recopilación de los datos
Para esta investigación, siete periodistas de la redacción de este Medio realizaron 50 solicitudes de Transparencia durante junio de este año. Se pidieron a los organismos estatales los nombre de los funcionarios que tienen el beneficio de casa fiscal, la dirección de la vivienda, cuándo les fue adjudicada la casa y cuánto pagan de arriendo. Luego se cruzaron los nombres de los funcionarios con la información en Transparencia Activa respecto a sus cargos y sueldos. Pero no todas las instituciones entregaron toda la información solicitada. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no envió los nombres de los funcionarios beneficiados argumentando que esto podría perjudicar el trabajo del servicio.
50 entidades estatales en la ciudad de Antofagasta fueron consultadas vía Transparencia respecto a cuántos funcionarios se les ha asignado el beneficio de vivienda fiscal.
7 funcionarios estatales de Antofagasta mantienen ocupada la vivienda fiscal que le asignaron por más de dos décadas. El promedio de permanencia, en tanto, es de 7 años.
17 mil pesos es el monto de arriendo que en algunos casos pagan funcionarios estatales por estas viviendas. El descuento se realiza sobre el sueldo base, sin contar las asignaciones.
