La subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, manifestó a este Medio que, en virtud de los numerosos casos de usufructo que algunos funcionarios públicos hacen de viviendas fiscales, constituirá una orden ministerial para definir nuevas formas de administrar los inmuebles.

Lo anterior, dentro del contexto que en la Región existen 305 viviendas fiscales (de éstas, 241 en la comuna de Antofagasta) que fueron entregadas a funcionarios y que, hasta el día de hoy, muchas de éstas propiedades siguen en manos de trabajadores ya desvinculados u otros que cancelan un ínfimo valor de arriendo en contraste con sus sueldos.

"Recordemos que muchas de éstas viviendas fueron levantadas y cedidas entre los años 70 y 80 a profesionales de la zona metropolitana como incentivo a que vinieran a trabajar a regiones. Pero ese tiempo ya no se adecua a los actuales y por ende, debemos revisar en qué situación se encuentran muchas de éstas propiedades", dijo la subsecretaria.

Medidas

La autoridad ministerial aseguró que ejecutará una fiscalización a todos los inmuebles en la región y el país para saber en qué estado se encuentra el arriendo, si sus moradores pagan o no arriendo, si la vivienda es subarrendada y el tiempo que ésta lleva habitada por los funcionarios.

"Tomando mis atribuciones como subsecretaria, constituiré una orden ministerial para definir la forma de administrar estas propiedades fiscales. Una es el proceso de vender el inmueble (al morador) o su transferencia gratuita a los gobiernos regionales. También se puede continuar con el arriendo, pero en coherencia a lo que gana el funcionario", esgrimió.

En esa línea, Bravo aseguró que el seremi de la cartera en la región, Omar Farías, se encuentra ya fiscalizando las viviendas en la zona, a fin de catastrarlas y comenzar en base a la información recogida, a tomar medidas.

"Esto no con el objetivo de ir en contra del funcionario, solo que la propiedad fiscal sea bien utilizada, porque si alguien lo ha ocupado por 30 años, ya tiene para sí la vivienda como un inmueble permanente y eso hay que regularlo. No se trata de dejar a nadie en la calle, pero sí de regular la tenencia de esta propiedad que es fiscal.

Investigación

Cabe reseñar que hace un mes, este Medio publicó una investigación en donde se evidenció que funcionarios públicos con sueldos por sobre dos millones de pesos, gozaban del beneficio de la vivienda fiscal y pagaban un arriendo mensual por éstos inmuebles de unos $50 mil.

Jonathan Villella Coyán

Confundidos, molestos y con temor a que el sector donde viven se transforme en un "barrio rojo", se encuentran los vecinos de calle Antonino Toro con Galleguillos Lorca, debido a los planes de instalación en el lugar de un lujoso nigth club.

El local, que según trascendió, pertenece a un empresario capitalino y otro antofagastino, se emplaza donde anteriormente funcionaba el pub-restorán "Che Ignacio", cuya patente de cabaret -según explicaron desde el municipio-, pertenece a la franquicia norteamericana Wally's.

"La información que nos entrega el Departamento de Rentas, es que en este inmueble (local), existe una patente (de cabaret), que fue otorgada a partir del segundo semestre del año 1998 y esa patente se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, no es que se haya entregado hoy", explicó el director de Asesoría Jurídica del municipio, Cristián Flores.

Temor

La casona donde se instalará el local fue pintada completamente de negro y en el lugar ya se observan trabajos.

Además, el club ya cuenta con un fanpage en Facebook donde anuncia su pronta llegada a la ciudad. En su publicidad, destaca el lujo y exclusividad de sus instalaciones. El local se promociona como un "gentleman's club".

La situación mantiene preocupados a los vecinos del sector, quienes creen que con la instalación de este local llegarán todos los problemas asociados a este tipo de comercio.

"Al principio nos dijeron que iba a ser un pub y con eso no había grandes problemas; pero ahora nos dimos cuenta de que lo que se va a instalar aquí es un cabaret. Esto se va a volver como calle Condell", manifestó, Vicenta de los Ríos, antigua vecina del sector.

Una opinión similar expresó la residente Susana Martínez, quien culpó al municipio de ser permisivo con la llegada de este tipo de locales a un barrio residencial.

"Yo nací en este sector, en este barrio (...) creo que ese tipo de locales deberían estar en un barrio rojo, en calles especiales, como pasa en todo el mundo. Tú no puedes llegar e instalar un local así en cualquier parte, menos aquí, hay colegios, jardines infantiles, están nuestros niños", expresó con angustia.

Fiscalización

Debido a que la patente de cabaret correspondiente a la dirección existe desde 1998, no hay impedimento para su instalación, explicaron desde la municipalidad, lo que imposibilita que puedan intervenir.

No obstante, Cristián Flores manifestó que una vez que el local comience sus operaciones, puede ser fiscalizado para asegurar que cumplan lo establecido en la norma.

Sobre el punto, el abogado y vecino del sector, Rolando Lorca, manifestó que pese a que la patente existe, para operar requiere ciertos permisos sectoriales, los que -apunta- debiesen ser denegados por estar emplazado en un barrio residencial. "Independiente de si es el mismo dueño o no, este local requiere permisos para funcionar como cabaret. Desde esa perspectiva, tanto la autoridad pública, el Estado y Antofagasta, tienen mucho que decir en la manera cómo se protegen los barrios residenciales y la calidad de vida de los vecinos que vivimos en ellos", sentenció.

Este diario intentó ayer tomar contacto con los dueños del local para conocer sus planes y plazos de apertura, sin lograrlo.

Susana, Martínez,, vecina, colindante"

"Tú no puedes llegar e instalar un prostíbulo en cualquier parte, menos en un lugar donde hay colegios y jardines infantiles"."

Rolando, Lorca,, residente

del sector"

"La autoridad pública, el Estado y Antofagasta, tienen mucho que decir en cómo se protegen los barrios residenciales"."

Matías Quilodrán lUCERO