En el marco de la discusión de proyecto Aula Segura, el seremi de Educación de Antofagasta, Hugo Keith, informó que en la región la mayoría de los casos de agresión hacia los profesores provienen de los apoderados y no de los alumnos. "La violencia contra profesores en la región se refleja en que un 60% de las agresiones son de apoderados hacia docentes y no de alumnos hacia profesores que es el 40% restante, éste es un tema a nivel de algunos colegios no de todos los establecimientos educacionales de la región", informó la autoridad regional de Educación.

Su nombre resonó en la sala e hizo presencia en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, sin estar en el lugar. El abogado Jorge Bofill apareció como nuevo actor en el Caso Main. Desde ayer, se confirmó que se sumó al equipo defensor de la alcaldesa Karen Rojo.

Bofill no es un penalista cualquiera. Estudió Leyes en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, recibió el título de Doctor en Derecho en la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, en Alemania, y desde hace dos décadas que se dedica a la enseñanza de su área en la Universidad de Chile.

La lista suma y sigue. Pero no son estos atributos los que levantan al abogado como uno de los más conocidos del país, sino su participación en casos de alto interés público.

Sobre el motivo de haber contratado a uno de los abogados más caros de la plaza, se especula que el equipo de la alcaldesa se prepara ante una eventual llegada del caso hasta la Corte Suprema, donde necesitan de alguien con más peso jurídico y redes de contacto.

La polar

Pablo Alcalde lleva una vida de tranquilidad en el presente. Fue gerente general y presidente de La Polar, hasta que en el 2011 explotó uno de los casos financieros que generó más eco en los medios y la opinión pública. En éste, se acusó a La Polar de perjudicar a sus clientes repactando unilateralmente sus deudas.

El destape del escándalo mantuvo a Alcalde, al menos en el inicio, en el ojo del huracán. Fue Jorge Bofill quien tomó su defensa.

En varias entrevistas Bofill fue tajante cuando decía que Alcalde no sería condenado por ningún delito.

El ejecutivo tuvo varios juicios que resultaron a su favor, lo que permitió que no debiera pagar algunas indemnizaciones. Eso sí, Alcalde fue condenado por la Corte Suprema, en junio de este año, a una multa por 25 mil Unidades de Fomento, impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero.

Malasia

Bofill se encuentra actualmente enfrentando otro caso de alta connotación.

Con sus hijos detenidos en Malasia, las familias de Felipe Osiadacz y Fernando Candia, acudieron al penalista. El objetivo era que el experto los asesorara en el caso.

La intención era recibir orientación ante el complicado juicio que mantuvo hasta hace poco a los dos jóvenes con riesgo de ir a la horca, en el caso de que se les encontrara culpable por la muerte de un ciudadano malasio, en un confuso incidente en un hotel.

Actualmente este juicio está en desarrollo. Sin embargo ya no hay peligro de que sean condenados a la horca.

Cheyre

En abril del año pasado, Juan Emilio Cheyre fue acusado de ser cómplice en el asesinato de 15 personas en la llamada "Caravana de la Muerte".

En ese momento, Jorge Bofill entra en acción. Ante las acusaciones de complicidad del ex general Cheyre, el abogado publicó un comunicado, donde decía que "seguiremos aportando todos los antecedentes que nos permitan reafirmar la convicción de que el Sr. Juan Emilio Cheyre no tuvo participación alguna en los hechos que se le imputan".

Constanza Caldera Pfeiffer

El Tribunal de Garantía concedió ayer la solicitud de la Fiscalía y amplió en 90 días la investigación por el Caso Main, fijando la próxima audiencia para el 22 de enero.

La extensión del plazo de investigación de la causa que involucra a la alcaldesa Karen Rojo, y por la cual fue formalizada por fraude al Fisco el pasado 15 de junio, junto a otros tres implicados, responde a una serie de diligencias pendientes.

Dentro de ellas, los resultados del análisis a los correos electrónicos incautados desde los computadores de los imputados el 26 de septiembre.

"Esta instrucción al Cibercrimen aproximadamente demora 45 días, luego que esté el informe debe ser analizado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) a fin de ver la pertinencia de los correos con los hechos formalizados que son aproximadamente 40 días más", señaló en la audiencia el fiscal Javier Loyola.

Además resta tomar declaración a tres de los cuatro imputados. Entre ellos, la alcaldesa Karen Rojo, quien fue citada para este viernes 26 de octubre en la fiscalía local.

En el caso del exsecretario ejecutivo de la Cmds, Edgardo Vergara, debe concurrir a declarar el próximo 9 de noviembre. Mientras que el actual administrador municipal, Héctor Gómez, deberá hacerlo el 16 de noviembre.

Respecto al cuarto formalizado, el periodista José Miguel Izquierdo, éste ya realizó su declaración.

También está pendiente la solicitud de prestar declaración de los testigos: la directora de Control del municipio, Cecilia Aqueveque; el exsecretario ejecutivo de la Corporación Cultural, Mauro Robles; el funcionario de la Cmds, Gonzalo Zavala; el funcionario Francisco Barrios; el exadministrador municipal, Rodolfo Gómez; el director de Dideco, Ignacio León; el director de Planificación municipal, Dante Novoa; el ejecutivo de Cadem, Roberto Izikson y la exfuncionaria municipal, Paola Mardones.

En la audiencia también se acogió la solicitud por parte de la defensa de José Miguel Izquierdo de dejar sin efecto la medida cautelar de arraigo nacional.

"Se dejó sin efecto la cautelar de arraigo nacional respecto del señor Izquierdo pedido por la defensa. A lo que la Fiscalía no se opuso atendido lo que había resuelto la Corte de Apelaciones en su oportunidad respecto de los restantes imputados", explicó ayer el fiscal jefe de Antofagasta a cargo de la investigación, Cristián Aguilar.

Defensa

Asimismo, se dio a conocer en la audiencia que la alcaldesa Karen Rojo sumó a dos conocidos abogados de Santiago a su defensa.

Se trata de Jorge Bofill y Libertad Triviño, quienes asumirán esta función en conjunto con el abogado Fidel Castro Allendes, que lidera la defensa desde un inicio (ver nota página 3).

"Ellos están trabajando con nosotros desde hace algún tiempo. Y la semana pasada ya formalmente yo mismo presenté los escritos tanto en la fiscalía como en el tribunal de garantía dando cuenta que también ellos pueden representar en las actuaciones de procedimientos a doña Karen Rojo", señaló el abogado Castro Allendes.

En tanto, el querellante del caso, el exconcejal Eduardo Parraquez, mostró acuerdo con las decisiones de la Fiscalía. "Faltan algunas diligencias y entre ellas destacar que la alcaldesa se ha negado a entregar información. Ahora se han dado 90 días más y esperamos que terminen las investigaciones", afirmó.

La investigación del Caso Main que involucraría a la alcaldesa Karen Rojo por fraude al Fisco, busca aclarar si la edil costeó con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cmds) una asesoría comunicacional durante su campaña para la reelección al municipio el año 2016.

El 15 de junio se llevó a cabo la audiencia de formalización, instancia en el que el Tribunal de Garantía decretó 120 días de investigación, plazo que venció el lunes 15 de octubre.

"Solicitamos se pueda ampliar el plazo de investigación por 90 días ya que se encuentran pendientes diversas diligencias en esta causa. Como una instrucción al Cibercrimen para examinar y analizar los correos electrónicos que fueron incautados desde los computadores de los imputados con fecha 26 de septiembre".

Javier Loyola Reyes,, fiscal"

fue fijada la próxima audiencia por el Caso Main, cuyo plazo de investigación fue ampliado ayer en 90 días a solicitud de

la Fiscalía, que aún tiene diligencias pendientes.

Tras una reunión con el presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Antofagasta, León Cohen, y el gerente general de la firma, Carlos Escobar la diputada Paulina Núñez volvió a reiterar la posibilidad de sacar el galpón Raec, propiedad de ATI y que presta servicios a la minera Sierra Gorda scm.

La parlamentaria enfatizó que el terminal marítimo debe aspirar a terminar con el acopio de concentrados de minerales y seguir avanzando en el tránsito directo de los mismos hacia las embarcaciones.

En la actualidad, el Raec (el único que queda en operaciones en la concesionaria ATI, almacena parte de la producción de minera Sierra Gorda que es transportada hacia el terminal preferentemente usando el servicio ferroviario.

Las cargas bolivianas, después de una decisión tomada por la EPA, son acopiadas fuera de la ciudad y ocupan los rotainers herméticos para entrar al puerto. Entonces son depositadas en el barco, mediante un trasvasije a profundidad. Eso, según Núñez, es lo que también debiera ejecutar Sierra Gorda, de acuerdo a lo planteado a los directivos de la EPA.

"Este proceso es más moderno, más seguro y menos riesgoso. Entre otros motivos, porque permite no tener que acopiar dentro de la cuidad y ahorrarse la etapa vía correa transportadora que no asegura hermeticidad".