Redacción

Participó en el diseño de la Reforma Procesal Penal, colabora con comisiones legislativas en distintas materias y estuvo a un paso de ser el primer fiscal nacional. Jorge Bofill no es un abogado cualquiera, sino uno con una destacada trayectoria profesional.

Estas cualidades lo han llevado a representar a personas involucradas en casos de alto interés, como al exgerente de La Polar, Pablo Alcalde, en el escándalo por la repactación unilateral de créditos de clientes de la tienda; o al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, a quien defiende en una investigación relacionada con la "Caravana de la Muerte".

Por eso su llegada al Caso Main como defensor de la alcaldesa Karen Rojo, formalizada por fraude al Fisco junto a otros tres colaboradores, despertó comentarios.

Suprema

Distintas fuentes consultadas coinciden en que la contratación de Jorge Bofill obedece a que existe el convencimiento de que el caso se resolverá en última instancia en la Corte Suprema. Y es ahí donde sus conocimientos, experiencia y redes de contactos se tornan fundamentales para la edil.

"Es uno de los dos o tres abogados más importantes del país. Es uno de los padres de la Reforma Procesal Penal, y es también un muy buen académico. Y su aparición obedece a que a la alcaldesa podría no irle bien en Antofagasta, y tener que llegar a pelear el fallo en la Corte Suprema", explicó un abogado consultado.

La misma fuente explicó que Bofill es un abogado transversal, que ha defendido casos de distintas naturaleza que han involucrado a personeros de diferentes sectores.

Otra opinión considera que la contratación del abogado transforma el Caso Main en una investigación de importancia nacional, lo que implica un desafío mayor para el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Pero esto podría tener una consecuencia negativa para Rojo, ya que "ambos organismos destinarán los mejores recursos disponibles para lograr la sentencia que están buscando y no quedar como perdedores en esta causa".

Trayectoria

Un tercer consultado considera que la contratación de Bofill es una "buena decisión".

"Es un muy buen abogado. Claramente es uno de los mejores de Chile", señaló.

Ante la posibilidad de que la causa deba ser apelada en la Corte Suprema, la misma fuente explica que la experiencia de Bofill es útil para la defensa en cualquier escenario, sea de primera o última instancia.

"Es una persona que sabe mucho. Es profesor de derecho penal, doctor en derecho penal. Y ha tenido a su cargo casos muy emblemáticos, es uno de los mejores abogados penalistas del país", agregó.

El consultado también piensa que Bofill en el ámbito comunicacional es muy atractivo, lo que se reflejó en que la noticia, más que la ampliación del plazo de investigación (el lunes el tribunal dio 90 días adicionales), haya sido su incorporación a la defensa.

Jorge Bofill es doctor en Derecho de la Friedrich-Alexander Unversität Erlangen Nürnberg, en Alemania, y académico de la Universidad de Chile en la cátedra de derecho procesal penal.

El profesional hará dupla con el abogado Fidel Castro Allendes, quien trabaja con Rojo desde el año pasado.

Con una medida cautelar que le prohíbe celebrar actos sobre dos de sus bienes y con 90 días para investigar, terminó la formalización del empresario Osvaldo Pastén, a quien el Ministerio Público requirió por un supuesto delito de apropiación indebida.

El caso se remonta a 2014, cuando la compañía Ingel presentó una querella contra Inversiones Norte Uno, empresa propiedad de Pastén dedicada al factoring.

Cuatro años más tarde, la fiscalía decidió formalizar la causa en el Tribunal de Garantía, en una audiencia que se extendió durante más de una hora.

Carlos Vernaza, abogado de Ingel, explicó que según su apreciación, los hechos del caso corresponden a una apropiación indebida cometida por el empresario antofagastino.

En términos simples sostuvo el abogado, esto se concretó a través de supuestas operaciones de factoring sucesivas en las que se cargaron pagos por comisiones, asesorías y otros que no correspondían.

"Esto fue posible porque no existió un contrato que fijara las comisiones que correspondían, sino sólo un contrato marco que aparece firmado después de realizadas la mayoría de las operaciones", dijo Vernaza.

El querellante detalló que existe un peritaje de la PDI en el que se establece que hay un perjuicio de al menos $276 millones, el que aumentaría si se consideran los excedentes de cada operación de factoring, por lo que la cifra superaría los $500 millones.

Sobre estas acusaciones, la defensa de Pastén argumentó que existe un presupuesto material del delito de apropiación indebida.

"Esto es una operación comercial de factoring en cesión de dominio. El querellante solo pide una cautelar real y anunció que demandará civilmente, que es coherente con lo que sostenemos: este es un tema civil", expresó Alberto Aguilera, abogado del empresario.

En ese sentido, el profesional rescató lo dicho en la audiencia por el magistrado Raúl Baldomino, quien mencionó que para este caso se requiere un juicio de cuenta, "en contra de quien tenía la administración de estas empresas, que claramente no es mi representado".

Aguilera puntualizó que tienen la confianza de que en un juicio oral demostrarán la inocencia de Pastén.

"Él (empresario local) ha declarado en tres oportunidades y en dos de ellas intentó que la entrevista fuera realizada por el fiscal, para explicarle que estas fueron operaciones comerciales. Así da cuenta toda la documentación, que esto fue una operación de cesión en dominio", insistió Aguilera.

El abogado aclaró que en la primera declaración prestada por el empresario en la PDI, reconoció que existía una diferencia comercial de unos $50 millones.

Añadió que estaba dispuesto a conversar para pagar esta diferencia, lo que fue rechazado "por el querellante planteando una pretensión absolutamente desmedida".